El impuesto a las grandes fortunas afectará sobre todo a la recaudación de siete CCAA

El Impuesto Temporalidad de Solidaridad a las Grandes Fortunas (ITSGF) aprobado por el Gobierno central para contrarrestar las bonificaciones fiscales aplicadas en Madrid, Andalucía y Galicia también afectará a otras cuatro comunidades autónomas, sumando un total de siete territorios afectados. Cataluña, Asturias, Cantabria y Murcia no cuentan con las bonificaciones de los territorios gobernados por Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno y Alfonso Rueda, pero aplican al tributo de Patrimonio un tipo inferior al fijado por el ITSGF (3,5%), por lo que sus ciudadanos más adinerados también tendrán que pagarlo.

La cuota abonada en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) se descuenta de la que correspondería pagar por el ITSGF, por tanto, el impuesto aprobado in extremis a finales del 2022 no perjudicará solo a los contribuyentes de Madrid y Andalucía, a pesar de que estos serán los más damnificados, sino que los 'daños' se extenderán a siete de las diecisiete comunidades autónomas. El Principado de Asturias sitúa el tipo máximo aplicable para los grandes patrimonios en el 3%, al igual que Murcia, mientras que Cantabria lo ubica en el 3,03% y Cataluña en el 3,48%, por lo que las décimas restantes serán recaudas por el Estado a través del coloquialmente denominado 'impuesto a los ricos'. 

Partiendo de esta base, el Consejo General de Economistas ha calculado que los contribuyentes con un patrimonio de 40 millones y una base imponible de IRPF de 400.000 euros deberán pagar 47.000 euros adicionales a lo abonado en el IP en el caso de residir en Murcia en el periodo 2022-2023. La cantidad sería de 32.000 euros si lo hacen en Asturias, 25.000 si viven en Cantabria y 10.000 si su domicilio habitual está en Cataluña. Estas cantidades son notablemente inferiores a las que deberían abonar los ciudadanos de Madrid y Andalucía con un patrimonio equivalente, que ascenderían a 461.000 euros. Aunque la diferencia es más significativa si no es aplicable el límite del 60% de la base imponible del IRPF, donde la cantidad a abonar por los contribuyentes de estos dos territorios en el ITSGF es superior al millón de euros.   

De manera que a pesar de que el impuesto nació para contrarrestar las bonificaciones aplicadas por algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular, los contribuyentes con un patrimonio de 40 millones, seguirán pagando más en Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Valencia que en las regiones controladas por Ayuso, Moreno y Rueda. Por lo que ocho comunidades gobernadas por los socialistas se han visto perjudicadas por la aprobación del impuesto a las grandes fortunas en la comparativa nacional, de acuerdo con los cálculos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). 

Algunas comunidades han llevado a cabo movimientos para evitar perder estos ingresos. Este es el caso de la Comunitat Valenciana que ha decidido elevar el tipo máximo que aplica al IP del 3,5% al 3,75% para el próximo 2023, con el objetivo de continuar ingresando los miles con los que se ha hecho el Estado en Murcia, Cantabria y Asturias. Al tiempo que Cataluña lo ha elevado en 0,73 puntos porcentuales, hasta el 3,48%, dejando únicamente el 0,02% restante para las arcas públicas estatales. La Agencia Tributaria ha estimado que las nuevas bonificaciones aplicadas por Anducía y Galicia va a contraer la recaudación de patrimonio en un 3,7% respecto a 2021. El ente público espera ingresar 1.287 euros en la campaña 2022. 

El Impuesto Patrimonio está delegado a las comunidades autónomas, por lo que son estas las que llevan a cabo la recaudación en el marco de la campaña de la renta y gestionan estos ingresos. Además, cuentan con una reserva de ley que les permite elevar o reducir los tipos, el mínimo exento de pagar en cada territorio o establecer bonificaciones, como han hecho Madrid, Andalucía y Galicia. Las dos primeras han bonificado la totalidad del tributo, por lo que sus contribuyentes no tienen que pagar un euro por este concepto, motivo por el que han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional. El de la Junta de Andalucía ya ha sido admitido a trámite y será estudiado en un pleno de la semana que viene, aunque no ha sido suspendido de forma cautelar, como demandaba el Ejecutivo de Moreno. En paralelo, Galicia ha aplicado una bonificación del 25% para 2022 y se ha comprometido a elevarla al 50% para el próximo ejercicio. 

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha resaltado en la rueda de prensa de este miércoles que el ITSGF igualará la tributación sobre la riqueza en las diferentes comunidades autonómicas, con la excepción de los patrimonios bajos, dado que el nuevo tributo se aplica a las riquezas de más de 3 millones de euros, mientras que en el impuesto de patrimonio cada euro es tenido en cuenta, a pesar de que existe un mínimo exento de 700.000 euros modificable en cada uno de los territorios.