El acceso a la vivienda de protección oficial no pasa por su mejor momento. Los datos de los últimos años muestran como las entregas de las conocidas como VPO se han ido reduciendo con el paso del tiempo. Algo que afecta principalmente a la población más vulnerable que no tiene hogar o con ingresos muy limitados en su unidad familiar, entre los que pueden estar los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Las dificultades de estos para acceder a un techo es lo que llevó al Gobierno a permitir que se reconociera el empadronamiento en infraviviendas o que incluso fuera ficticio. El debate ahora está en si se debe potenciar que los que perciben la prestación tengan más facilidades para poseer una VPO. Una decisión que el Gobierno ha decidido 'pasar' a las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Esta es la determinación que ha tomado el Gobierno con respecto a potenciar ese acceso a una vivienda pública a este colectivo, que está recogido en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso La Información. La cuestión la planteó la diputada de Ciudadanos Sara Giménez, que preguntó al Ejecutivo si iba a "acordar mecanismos de información, comunicación y de apoyo efectivo" que permitieran a los 'sintecho' tener más fácil abandonar esa situación límite. Siempre en el caso de que estos "deseen acogerse a los programas de acceso a viviendas de protección oficial con alquiler protegido". Algo en lo que debían ser claves tanto las autonomías como los ayuntamientos, ya que ambas administraciones tienen las competencias de esa materia.
La respuesta del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, liderado por José Luis Escrivá, es la de considerar que tienen que ser esas administraciones locales y regionales las que se encarguen de ese cometido. "La decisión de facilitar el acceso a las viviendas de protección oficial a determinados beneficiarios de la prestación es una decisión que corresponde a las Administraciones Territoriales y deben ser estas las que establezcan la condición si lo ven factible y adecuado", explica el departamento ministerial. Además, recuerdan las otras medidas que se han tomado en este sentido. Como la de cubrir a quienes tienen un gasto por alquiler de vivienda habitual por encima del 10% de lo que perciban.
Son varias las razones del Gobierno para delegar esas actuaciones en las administraciones que tiene por debajo. La que esgrimen en su respuesta es que tanto las CCAA como los consistorios ya están permitiendo que los que reciben el IMV tengan acceso a otras ventajas públicas. Entre las que citan están las becas de comedor escolar o los bonos sociales para la tarifa de la luz y el agua. Otras de las razones es que son estas administraciones las que tramitan y gestionan las peticiones. Por lo que son las que tratan habitualmente con el beneficiario. Una función en la que tienen gran importancia los Servicios Sociales municipales, que suelen ser los que tienen bajo el radar a las personas que pueden acceder a la paga.
Con esta decisión, el departamento de Escrivá descarta posibles modificaciones del Real Decreto en el que está recogido el Ingreso Mínimo Vital. La ley no establece ninguna limitación o prohibición a que los beneficiarios participen en procesos para obtener una vivienda pública. De hecho, la vivienda habitual no computa a la hora de solicitar la prestación. Por lo que tanto ayuntamientos como comunidades tendrían manos libres para llevar a cabo esa medida de priorización. La única salvedad en este campo tiene que ver con que quien percibe el IMV no podrá tener una segunda vivienda con un valor superior a los 100.000 euros.
El posible conflicto de que sean los entornos locales y autonómicos los que decidan sobre el acceso a VPO es que los que cobran la paga de inserción tengan más ventajas en unas comunidades que sí lo apliquen frente a otros que no podrían acceder a esas facilidades. Por lo que se volvería a producir esa 'doble velocidad' de la prestación que ya ocurre con las becas comedor u otras ventajas. A lo que hay que sumar que algunas CCAA están complementando el IMV con sus rentas de inserción mientras que otras han decidido sustituirlas del todo por la paga impulsada por el Ministerio de Seguridad Social.
La otra actuación que deberían hacer las administraciones territoriales sería la de hacer campañas de comunicación y de apoyo para fomentar esa práctica en el caso de que les interesara hacerlo. Algo sobre lo que también preguntó la diputada de Ciudadanos, y a lo que el Gobierno no respondió expresamente.
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