Vía libre. El Gobierno no tiene previsto entrometerse en la decisión que tomen las comunidades autónomas con sus rentas de inserción por la creación y aplicación del Ingreso Mínimo Vital. Por lo tanto, las autonomías que ya estaban pensando en suspender o suprimir sus sistemas de renta mínima por la existencia de una prestación estatal podrían hacerlo sin encontrarse más problemas, como ha podido confirmar La Información. Una decisión que se justifica con las competencias de las CCAA, que a criterio del Ejecutivo les da toda la libertad para tomar las medidas que consideren oportunas. Ya sea complementar el IMV, o directamente, subsidiarse en la paga que surge de la administración central. Algo que, aunque no se presente batalla, tampoco gustaría en varios ministerios, según las fuentes consultadas por esta redacción.
La Administración central ya señaló en una respuesta parlamentaria que la prestación estatal era perfectamente compatible con la autonómica, tesis que también ha defendido el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. De hecho, se recordaba que esos ingresos a nivel autonómico de los potenciales beneficiarios estaban excluidos "del cómputo de ingresos de los hogares a efectos del ingreso mínimo vital" Pero en ese texto remitido al Congreso, al que ha tenido acceso este diario, se explicitaba que "que el IMV debe ser una prestación 'suelo' para todo el territorio español y que a partir de ahí las Comunidades Autónomas complementen como consideren en el ejercicio de sus competencias". Es decir, que la pelota está en el tejado de las CCAA por que ya están 'salvadas' por el IMV.
Fuentes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social confirman a este diario que mantener, suspender o suprimir las rentas de inserción es "una decisión que tienen que tomar las CCAA ante la nueva situación". Algo que, como recuerdan, ya ha dicho Escrivá en alguna ocasión. "Se ha definido este Ingreso Mínimo Vital como un mínimo y cada una de las comunidades decidirá cómo lo complementan o cómo son subsidiarias de esta renta mínima", inciden las mismas fuentes, que rechazan pronunciarse sobre si hay "temor" a que los gobiernos regionales den este paso. Aunque otras fuentes del Ejecutivo consultadas por este medio sí manifestaron que había cierta inquietud en que "quisieran ahorrarse" esa inversión social en lugar de aprovechar para utilizarla como un complemento o llegar a asistir a mucha más población. Especialmente, tras la etapa del confinamiento y en plena crisis del coronavirus.
Esto podría obligar al departamento que gestiona la caja única de la Seguridad Social, encargado de diseñar y gestionar la paga pública, a tener que afrontar muchas más solicitudes y obligaciones con las decenas de miles de personas en situación de vulnerabilidad por falta de recursos o que están en un claro riesgo de exclusión social. De hecho, algunas comunidades como Castilla y León confirmaron a este diario que ya habían empezado a enviar cartas a todos los que estaban cobrando su Renta Garantizada de Ciudadanía para instarles a que hicieran la solicitud del Ingreso Mínimo Vital. Lo que no iba a suponer que dejaran de pagar esa prestación, según explicaron desde la Consejería de Familias e Igualdad de Oportunidad. Pero sí dejaron claro que, desde ahora, todo beneficiario potencial tenía que pasar previamente por el trámite del IMV antes de reclamarles algo a ellos.
Aunque el responsable principal del IMV no vaya a iniciar una batalla con las comunidades por esta cuestión, eso no quiere decir que en el Ejecutivo guste que algunas puedan finalmente desprenderse de esta ayuda para familias con escasos recursos. El mejor ejemplo es la Vicepresidencia de Derechos Sociales que lidera Pablo Iglesias, donde están expectantes por los movimientos que realicen con sus rentas de inserción las autonomías. Sobre todo, aquellas que están gobernadas por el PP, que son las que tenían dudas de que su respaldo económico y el estatal fueran compatibles. "Eso será un asunto serio", indican fuentes consultadas por este diario, que a la vez señalan que sería legítimo que "reformularan sus sistemas" con la llegada del Ingreso Mínimo.
Andalucía, la que abrió el camino
Estas dudas sobre si las comunidades iban a mantener sus rentas de inserción a su ciudadanía comenzaron con la decisión de Andalucía de suspender el pasado mes de junio las solicitudes de su Renta Mínima de Inserción Social (RMISA) coincidiendo con la apertura de solicitudes del IMV. Una decisión que la Junta justificó con que había un conflicto si se solicitaba su prestación autonómica cuando había entrado en vigor una que tenía carácter superior. Otra autonomía que contaba con las mismas dudas fue la Región de Murcia, que encargó a sus servicios jurídicos que analizaran si podía existir cohabitación entre su paga y la que sale de la Administración central. En situación similar están la ya mencionada Castilla y León y Galicia, que también anunció que analizaría cómo de viable era la convivencia entre las ayudas.
En el lado contrario están Madrid o la Comunidad Valenciana. En estas se quiere reforzar el Ingreso Mínimo con sus rentas de inserción, para así cubrir de alguna manera a aquellas personas que no cumplieran los requisitos del IMV, como plantean desde la región que preside Isabel Díaz Ayuso. Desde la Generalitat que lidera Ximo Puig, su premisa es que ambas pagas se puedan solicitar a la vez sin que una prevalezca por encima de la otra y que sean ambas administraciones las que decidan cómo se deben complementar para ayudar al beneficiario. Otra alternativa es que el pago autonómico esté destinado a otros fines de carácter social, como ayudas para el alquiler o aumentar las prestaciones por hijo a cargo.
La mayoría de las CCAA que mostraron a reservar mantener ambas están gobernadas por el PP, que en algunas de ellas comparte Consejo de Gobierno con Ciudadanos. Aunque tanto estas como las gobernadas por el PSOE, ya sea en solitario o en coalición con otros partidos, coincidieron en criticar al Ejecutivo central por no contar con ellos y crear problemas para los solicitantes de sus prestaciones y del IMV.
