No incluye retroactividad

Los inspectores locales ven "amnistía fiscal" en la nueva plusvalía municipal

La mayoría de ayuntamientos no han incorporado a sus ordenamientos la normativa actualizada pero sí la cumplen. Creen que los recursos por la modificación vía Real Decreto no tendrá mucho recorrido.

María Jesús Montero
María Jesús Montero
Europa Press

El presidente de la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL), Arturo José Delgado, denuncia que la adaptación del impuesto de plusvalía que realizó el Gobierno después de que el Tribunal Constitucional lo rechazase, ha producido una suerte de "amnistía fiscal". Delgado explica que el hecho de que la nueva normativa no tenga carácter retroactivo, permite que aquellos contribuyentes que debieron pagarla entre 2019 y 2021 ya no deban hacerlo. El presidente de los inspectores locales reconoce que este no era un objetivo del Ejecutivo, pero sí es una situación que ha provocado que "se libren de pagar auténticos defraudadores".

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaraba nulo el impuesto de plusvalía, el Gobierno aprobó un Real Decreto para adaptar el cálculo de la base imponible y así garantizar que las arcas municipales no se resentirían tras el fallo. El Real Decreto otorga un plazo de seis meses para que los ayuntamientos apliquen a su ordenanza municipal las novedades, entre ellas, un tipo máximo del 30%. No obstante, aunque ya han trascurrido seis meses, los inspectores reconocen que la mayoría de consistorios todavía o han adaptado su norma pero sí aplican el texto del Real Decreto. Tal como publicó este periódico, muchos ayuntamientos estaban optando por aplicar el tipo máximo hasta que la nueva plusvalía se publicase en los ordenamientos municipales.

Los inspectores apuntan que no se han "paralizado expedientes" y que se están produciendo "devoluciones masivas". Además, cabe recordar que PP y Vox recurrieron ante los tribunales el uso del Real Decreto para modificar este impuesto, ya que la figura para modificar tributos debe ser la ley. No obstante, el Real Decreto se encuentra en trámite de proyecto de ley. En cualquier caso, desde la ANIHPL creen que este tema no tendrá "mucho recorrido" porque consideran que las modificaciones introducidas por el Gobierno no son sustanciales para el impuesto.

En la jornada Una visión de la reforma fiscal desde la óptica de la Hacienda Local, organizada conjuntamente con APIE, los inspectores locales han denunciado que los tributos de los municipios son los "olvidados" por la administración. De hecho, consideran que la modificación de la plusvalía llegó tarde, después de que se produjesen sentencias en la línea con la del Constitucional en 2017 y 2019 y el Ejecutivo esperase hasta el pasado año para aplicar los cambios.

Además, han puesto de manifiesto que algunos ayuntamientos "externalizan" la función tributaria y esto da acceso a empresas privadas a datos como el padrón que deberían estar en manos únicamente de la administración. Los inspectores señalan que este hecho se produce en consistorios "de todos los colores políticos" y que estas empresas se llevan comisiones de hasta el 35% por su labor de lucha contra el fraude fiscal. En este sentido, han reclamado mayores recursos pero todavía no han realizado un cálculo sobre el número de inspectores locales necesarios.

Desde ANIHPL detectan que amparándose en términos como "apoyo", "asistencia", "colaboración" o "soporte" a la inspección local, las entidades privadas desarrollan potestades públicas de inspección legalmente vedadas a empresas. Así, las tareas de los adjudicatarios no se limitan a asistir a los funcionarios, sino que los trabajadores de estas compañías llegan incluso a conocer los planes reservados de la Inspección, e incluso los elaboran, seleccionando de paso a los contribuyentes que pueden ser objeto de una inspección.

Más allá de criticar que las haciendas locales sean las "grandes olvidadas", ANIHPL destaca que los esquemas tributarios que se aplican a nivel municipal son de mediados del siglo XIX. Además, protestan por la "tutela estatal" que consideran persiste en ciertos tributos. Como ejemplos, apuntan a la dependencia del Registro catastral para el impuesto sobre bienes inmuebles o los datos de las direcciones provinciales de tráfico para el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

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