El objetivo de lograr un 8% de temporalidad en las administraciones públicas, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, sigue lejos, según reflejan los últimos datos facilitados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública relativos a julio del pasado año. Así, uno de cada cuatro empleados públicos en todas las administraciones es interino, con un empleo temporal, y solo poco más de la mitad del total de los empleados públicos es funcionario de carrera.
El problema de la interinidad se puede agravar en los próximos meses, ya que 14 comunidades autónomas han decidido echar un pulso al Gobierno de Pedro Sánchez convocando las oposiciones a docente -una de las que más plazas oferta- sin esperar a que se publique el Real Decreto que desarrolla la Ley de Estabilización de Interinos, una norma que se aprobó a finales del año pasado y que pretende acabar con la temporalidad en el sector público autonómico, pero que todavía no tiene el desarrollo normativo necesario. La decisión, que curiosamente han liderado las CCAA socialistas, supondrá una oferta de empleo mucho más reducida, ya que deja fuera las plazas que servirían para estabilizar a estos interinos. En el caso de Andalucía, por ejemplo, el número de plazas se reducirán más de un 40%.
El Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas muestra que las comunidades autónomas siguen teniendo un grave problema de interinidad, con muchos trabajadores en fraude de ley. En total, hay 562.716 empleados en esta situación, que suponen más de 34% del total. Mientras, en los ayuntamientos el problema está el alto número de trabajadores bajo el epígrafe de personal laboral, que trabajan para las administraciones pero laboralmente se rigen por el Estatuto de los trabajadores.
El número de efectivos sube en 18.300 y el rejuvenecimiento de la plantilla sigue muy lejos de ser una realidad. 900.000 efectivos se jubilarán en una década
Los últimos datos facilitados por el Ministerio muestran que el 59,5% de los efectivos públicos trabaja en las administraciones autonómicas, el 21,5%, en la Administración Local y el 18,9%, en el sector público del Estado. En total hay 2.728.749 empleados públicos, de los que un 57,58% son mujeres. El porcentaje de mujeres supera al de hombres en la mayoría de los casos, a excepción de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Con respecto al anterior Boletín, publicado el pasado junio con datos de enero, los efectivos al servicio de la Administración han registrado un ligero aumento del 0,7% (18.344 personas). El mayor incremento porcentual corresponde a la Administración Local, con un ascenso del 1,4% (7.858 efectivos más), seguido del personal de las comunidades autónomas, que crece un 0,5% (8.600 personas más) y del sector público del Estado, que aumenta un 0,4% (1.886 efectivos más), impulsado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (+0,5%) y la Administración del Estado (+0,7%).
Las comunidades autónomas con mayor número de empleados en términos absolutos son Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid, situación que se replica si observamos únicamente al personal al servicio de las Administraciones Autonómicas o al personal de la Administración Local. Las comunidades que concentran mayor número de empleados públicos del Estado son la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Con respecto a la edad del personal de la Administración, el 43,54% de los empleados públicos tienen entre 50 y 59 años, y pese a que se aprecia un ligero aumento de los menores de 40 con respecto al semestre anterior -representan un 13,91% frente al 12,33% previo-, en la pirámide de edad de los efectivos del sector público sigue apreciándose la necesidad de incorporar nuevas generaciones.
El envejecimiento de las plantilla pública, que viene de lejos, pero sigue acentuándose, supone problemas añadidos el mayor absentismo por enfermedades, una menor motivación por el tiempo prolongado que han permanecido en el mismo puesto y la necesidad de recibir numerosos cursos con el fin de reciclarse tecnológicamente. Según un informe elaborado por Adams Formación, las administraciones perderán desde ahora hasta 2025 casi 331.000 efectivos tras llegar a la edad de jubilación y cerca de 900.000 en la próxima década, la mayoría funcionarios que entraron en la Administración, casi en avalancha, en los años 80 y 90, por el desarrollo del Estado de las Autonomías y la mejora del bienestar social en España. La edad media de incorporación al servicio público en la Administración General del Estado es de 35 años, mientras en el sector privado es de 26 años, según datos del estudio 'La Administración General del Estado a 10 años vista'.
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