El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha cerrado un texto con los sindicatos para reformar el subsidio por desempleo y ahora tiene el reto de aprobarlo dentro del plazo pactado con la Comisión Europea para la evaluación de los hitos vinculados al cuarto pago de los fondos europeos. El Gobierno tiene un margen de 12 días para no exceder el límite, lo que sitúa el real decreto-ley como la única vía para cumplir en tiempo y forma con Bruselas, puesto que el proyecto de ley dilataría los tiempos de la tramitación parlamentaria. No obstante, fuentes próximas a Yolanda Díaz afirman que esta decisión no está tomada por no tener atada la posición de todos los grupos en un escenario político marcado por las elecciones catalanas del próximo domingo.
La reforma del nivel asistencial de desempleo decayó al no ser convalidado en enero en el Congreso de los Diputados. Era una de las tres normas aprobadas al filo del fin de año en Consejo de Ministros, ya que el plazo concluía el 31 de diciembre, y contó con 176 votos en contra de Podemos, PP, Vox y UPN frente a 167 a favor. Esa tarde, los siete representantes de Junts se ausentaron de la votación tras una negociación 'in extremis' con el PSOE, por lo que las fuentes consultadas temen que el partido de Carles Puigdemont vea una oportunidad para presionar al Ejecutivo a las puertas de unos comicios en los que el candidato del PSC parte como candidato, pero no da por sentado que vaya a poder ponerse al frente de la Generalitat.
Es por ello que desde el Ministerio de Trabajo prefieren ser cautos y rematar ciertos detalles técnicos con los sindicatos antes de decantarse por una u otra fórmula legal. Una decisión en la que el órgano de Úrsula von der Leyen podría ser el que tuviera la última palabra, dado que si llega al Consejo de Ministros en forma de real decreto, el texto entraría en vigor en la fecha que se indicara en su publicación en el BOE, pero en el caso de acudir como anteproyecto de ley tendría que superar la tramitación en el Congreso y después la del Senado hasta llegar a ese punto. Lo que no quita que en la primera vía también sea necesaria la convalidación parlamentaria y por ello, los apoyos políticos suficientes para no volverse a enfrentar a una nueva 'caída' de la ley.
Si bien, los plazos serían mucho más reducidos. La ley se añadiría al ordenamiento nada más ser aprobada y después, se votaría en la Cámara Baja en un plazo máximo de 30 días, aunque para entonces ya habría sido culminado el hito. Por el contrario, el plazo medio para aprobar un proyecto de ley es de cinco meses, que podrían pasar a la mitad si se hace por vía de urgencia, de manera que el texto podría no haber sido siquiera admitido por la Mesa para el 20 de mayo, señalado como fecha límite, dado que dispone de hasta veinte días naturales para tramitar la iniciativa. Después, se podría optar por tramitarlo en lectura única -que vaya directamente al Pleno- para acelerar los tiempos, algo que se podría reproducir también en el Senado.
No obstante, parece trabajarse sobre la tesis de que los apoyos políticos no van a ser un problema para la aprobación de la reforma del subsidio, ya que los secretarios generales de CCOO y UGT habían declarado en varias ocasiones que no respaldarían un acuerdo que no fuera a tener después el respaldo parlamentario suficiente para ser aprobado. Además, los representantes de los trabajadores han tenido un papel activo a la hora de limar asperezas con los grupos parlamentarios, canalizando la negociación con Podemos para mantener la cotización del 125% de la base mínima para el subsidio de mayores de 52 años que en el real decreto-ley anterior se reducía al 100%, es decir, a la que viene dada directamente por el salario mínimo (SMI).
Su aprobación, sea cual sea finalmente la fórmula elegida, permitirá a España recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos que asciende a 10.000 millones de euros y aleja las sombras de un posible recorte en el envío que Economía se había negado a avanzar a cuánto ascendería. Cada objetivo tiene asignados unos fondos, pero las penalizaciones pueden variar en función de la importancia de la medida dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una vez termine la evaluación, la Comisión Europea autorizará el pago si entiende que se han cumplido todas las metas comprometidas en el paquete, entre las que se incluye la reforma del sistema público de pensiones que está en el punto de mira de los organismos independientes.
