Apenas unos días después de las manifestaciones por el Día del Trabajador, patronal y sindicatos rubricaban el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que ponía fin a más de un año de conversaciones, en el que el Gobierno aprobaba la segunda parte de la reforma de las pensiones y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sin el respaldo de los empresarios, lo que generó diferentes fricciones. En este caso, ambas partes de la mesa de diálogo social se centraron en poner en valor la labor de la negociación colectiva en sintonía con el mandato constitucional y esquivar cualquier tipo de fotografía en la que pudiesen estar incluidos representantes del Ejecutivo, a diferencia de 2018, cuando sí estuvieron presentes en la firma las exministras Fátima Báñez y Magdalena Valerio.
La publicación del acuerdo marco, que servirá como referencia para la aplicación de mejoras salariales de aquí a 2025, la regulación del teletrabajo o la introducción del derecho a la desconexión digital en los convenios colectivos del sector privado, ha coincidido con una creciente conflictividad laboran en el seno de la Administración Pública y con el comienzo del ciclo electoral. Los representantes sindicales de los trabajadores públicos llevaban años advirtiendo de la acuciante carencia de recursos humanos en la mayoría de plantillas del sector público, ante la falta de remplazo generacional que se ha dado durante todo el periodo de recortes y un incremento del volumen de información a gestionar, como es el caso de la Seguridad Social. En este ámbito, CCOO estima que más del 85% de los trabajadores tiene más de 50 años.
Paros parciales en las oficinas de la Seguridad Social
El 11 de mayo CSIF y CCOO convocaron paros parciales cada viernes en las oficinas de la Seguridad Social y la primera huelga de la historia para el 7 de septiembre, al denunciar una "falta de voluntad" del Ministerio de José Luis Escrivá de aplicar soluciones. La insuficiencia de personal en este organismo se había vuelto evidente para los ciudadanos que cada vez encontraban más dificultades para conseguir una cita en la que gestionar su solicitud de jubilación o del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Un problema del que la oposición y en concreto, el Partido Popular se ha hecho eco en repetidas ocasiones durante las sesiones de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados y que llevó a la cartera a reservar un porcentaje de atención sin cita previa. Fuentes del Ministerio admitían en privado la necesidad de incorporar trabajadores a estas plantillas, pero apuntaban a una intensa negociación con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para que 'diese su brazo a torcer'.
Para los representantes de los trabajadores, el acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tenía que incluir un importante refuerzo de personal que compensase las jubilaciones que se habían producido en los últimos años y trazase un plan para las que se iban a efectuar en la próxima década. No obstante, tras la amenaza de huelga, el pacto se alcanzó en tiempo récord con la promesa de incorporar a 2.500 efectivos a través de una oferta pública de empleo y hacer estructurales las plazas de otros 1.025 trabajadores incorporados como refuerzo para la gestión del IMV. Lo que deja un saldo de 3.525 nuevos funcionarios. Además, podrán disfrutar de dos días de teletrabajo a partir de 2024 y se ha programado un calendario de reuniones en las que se estudiará un programa de incentivos.
Atisbo de acuerdo en la mesa de Justicia
El último año ha sido complicado para la ministra de Justicia, Pilar Llop, que más allá de las sombras vertidas sobre su gestión por la reforma y la ley del 'solo sí es sí' ha tenido que hacer frente a sendas protestas, primero de letrados y después de jueces y fiscales que han taponado los juzgados de todo el país. Tras un intenso proceso de negociaciones, la propuesta presentada por el Ministerio de Justicia el pasado jueves convencía a seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales, mientras la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -de corte conservador y la mayoritaria- aseguraba que el último papel no era "satisfactorio".
El Gobierno puso sobre la mesa un paquete de 46,7 millones de euros, que implica una subida de 450 euros al mes para cada profesional, un aumento de 200 plazas de estas carreras, una subida en el complemento de destino y la creación de una mesa de diálogo que se reunirá con periodicidad anual. La cartera de Justicia ha manifestado su voluntad de que la APM también se sume al acuerdo que según lo previsto se firmará el martes, como ya han hecho la Asociación de Fiscales y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que a pesar de estimar que no era el pacto "deseado", apelaban a la "responsabilidad institucional". No obstante, la huelga indefinida que daba comienzo el lunes 22 ha quedado desconvocada. Una vez se haya escenificado la rúbrica, el texto será aprobado en Consejo de Ministros.
El incremento salarial iguala al conseguido por los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en marzo, que ahora reprochan al Ministerio el mejor trato ofrecido a los jueces y fiscales y reclaman que se les devuelva el sueldo correspondiente a los días que estuvieron en huelga, dado que "abrió la puerta a otros a costa de sus salarios". Al margen de estas demandas, quedan pendientes otras negociaciones en el seno de la cartera, como la de los funcionarios (médicos forenses, personal del Instituto Nacional de Toxicología, de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Auxilio Judicial) en la que los sindicatos se levantaron de la mesa ante la imposición de servicios mínimos.
Inspectores de Trabajo en 'guerra' contra Díaz
Los sindicatos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) han convocado paros parciales y una huelga entre el 26 y el 30 de junio que no descartan que pueda pasar a ser indefinida si no se produce un refuerzo de "personal y medios". Las siete asociaciones sindicales con representación en este cuerpo de funcionarios denuncian que el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Trabajo en julio de 2021 no se ha implementado. Según explicaron los portavoces, las organizaciones ultiman una denuncia que presentarán en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra la cartera de Yolanda Díaz, por incumplir este pacto.
Esta sería la segunda denuncia efectuada por esta cuestión, dado que los representantes sindicales presentaron otra ante la representación de la Comisión Europea contra el Gobierno por incumplir el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en esta materia. Sin embargo, desde el Ministerio inciden en el incremento del presupuesto destinado por el Estado a la ITSS -del 40% desde 2020- y apelan a la incorporación de 200 trabajadores de personal auxiliar efectuada para frenar la anterior amenaza de huelga y recuerdan que se ha duplicado el número de plazas ofertadas respecto a la anterior convocatoria pública. Y garantizan que el texto de 2021 se va a aplicar en los términos acordados.
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