Reconoce la brecha de género y aunque siempre ha defendido la mejor posición de España en relación a sus vecinos europeos, nunca hasta ahora había presentado propuestas concretas para erradicarla. Fátima Báñez se ha resarcido de aquello y, por fin, su departamento cuenta con un marco legal para luchar contra la brecha salarial de género.
Aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, el plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020 lanza un conjunto de medidas para reducir la pronunciada discriminación salarial entre hombres y mujeres, una batería de acciones similares a las que se aplican en otros países como Islandia, Alemania o Reino Unido.
Esta brecha oscilaría en España entre el 11,5% que calcula la OCDE con datos del año 2014 y el 22,86% que denuncia UGT. El plan será ejecutado por el también nuevo Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Para su puesta en marcha, Empleo ha formado a inspectores y subinspectores para convertirlos en los sabuesos de la contratación temporal y la brecha salarial de género. Los agentes fijarán sus ojos con prioridad en las empresas de más de 250 empleados, ya que son las obligadas a aplicar un plan de igualdad de género, de acuerdo a la Ley de Igualdad de 2007 y ratificado por la ley de contratos públicos de 2017. Con la idea de dar consistencia al equipo, el Ministerio que dirige Fátima Báñez también potenciará la Escuela de Inspección. De acuerdo a la nueva norma, Empleo aumentará su plantilla, no especifica el número de nuevos funcionarios a incorporar pero sí avanza el despliegue de los nuevos subinspectores de la Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo este mismo año.
La equiparación de los salarios entre hombres y mujeres era uno de los caballos de batalla de los sindicatos en el nuevo acuerdo de negociación colectiva todavía en pañales. El plan recoge así buena parte de las demandas de las confederaciones y regula el concepto legal de trabajo de igual valor en línea de lo establecido en la recomendación de la Comisión de 7 de marzo de 2014, explica el Ministerio en una nota.
La norma establece en España nuevas obligaciones para las empresas, pondrá en marcha auditorias, más multas, en orden a lo que el Congreso requirió al Gobierno el 15 de febrero pasado, y reforzará la Inspección. Los inspectores controlarán las nóminas de las empresas para asegurar que pagan el mismo sueldo y el mismo trabajo a mujeres y hombres.
Con acuerdo al nuevo plan que fue adelantado en exclusiva por La Información, el Estatuto de los Trabajadores recogerá la obligación de incluir en la copia básica del contrato la retribución percibida con el fin de comprobar que la igualdad se cumple. Asimismo, los y las trabajadores afectados por cláusulas discriminatorias cobrarán la diferencia retributiva al margen de posibles indemnizaciones derivadas del proceso.
El departamento de Fátima Báñez también plantea tipificar como infracción grave la negativa de las empresas a no facilitar la información sobre la retribución obligatoria o como muy grave la ausencia de un plan de igualdad. Igualmente, si esas compañías de más de 250 trabajadores no realizan la auditoría salarial incurrirían en una falta muy grave. Si vulneran la ley, las compañías se enfrentan a multas de entre 6.500 euros y 187.000 euros cuando hagan oídos sordos al Ministerio y se olviden de elaborar un programa empresarial de igualdad. De hecho, Empleo publica un manual para guiar a las empresas en la elaboración de su plan de igualdad siguiendo unos puntos.
El Gobierno se compromete asimismo a poner en marcha una herramienta de ponderación de puestos de trabajo neutra (elaborada por el Ministerio y el Instituto de la Mujer) con el fin de que empleados que realizan un trabajo de igual valor cobren lo mismo.
En relación con la clasificación profesional, buscará que se tengan en cuenta criterios no sexistas en todo lo que tiene que ver con la naturaleza del trabajo, la formación y las condiciones de desempeño para evitar que determinados grupos y categorías, donde se concentren mayoritariamente las mujeres, puedan percibir retribuciones distintas de forma injustificada. La metodología será obligatoria para todas las empresas a las que abarque el convenio.
La 'nueva' Inspección de Trabajo
El objetivo del nuevo modelo de la Inspección era transformar la actual Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Empleo en un organismo autónomo de nueva creación: el organismo estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyos Estatutos han sido aprobados este viernes.
La creación de este organismo configura a la Inspección como un servicio común a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas, que presta servicios a cada una de las administraciones en función de las materias sociolaborales de su competencia. Según el Gobierno, el nuevo organismo permitirá una mayor implicación en la Inspección de Trabajo de las comunidades autónomas y de las organizaciones empresariales y de los sindicatos.
El Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que será el encargado de ejecutar el plan estratégico 2018-2020, integrará a todo el personal que hasta ahora prestaba servicios en la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (unos 3.000 empleados públicos entre inspectores, subinspectores y personal de apoyo) y estará desplegado en todas las comunidades y provincias y en las ciudades de Ceuta y Melilla.
Dentro del organismo se crea la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, que permitirá una mayor colaboración con las comunidades autónomas y con otros organismos implicados y que será el organismo español de enlace con la Plataforma europea contra el trabajo no declarado en el ámbito de la Unión Europea.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios