La doble moral de Gobierno y sindicatos con el ERE de Telefónica

Prejubilar a 6.500 personas cuando la tasa de paro del país supera supera el 20% y la edad de retiro se ha retrasado hasta los 67 años suena a aberración.

Si quien hace este recorte es una compañía con unos beneficios históricos de 10.167 millones que, además, aprueba premiar a sus directivos con un bonus de 450 millones el mismo día en que certifica tanta destrucción de empleo, podría tacharse de inmoralidad.

Pero, ver como los sindicatos dan luz verde a estas medidas y dejan así campo libre al Gobierno para aprobar tan polémico Expediente de Regulación de Empleo (ERE) puede tacharse de tomadura de pelo, ya que mientras se critica con la boca pequeña, se pone la alfombra roja para sacar adelante este polémico ajuste.

Y esto es lo que ha ocurrido con Telefónica. La operadora presidida por César Alierta acordó ayer con los representantes de los trabajadores el recorte de 6.500 puestos de trabajo vía prejubilaciones.

Este acuerdo, que ha salido adelante gracias al visto bueno de CCOO y UGT, y con la oposición de los sindicatos minoritarios, deja campo libre a la autoridad laboral para aprobarlo.

"Si hay acuerdo entre empresa y trabajadores, la ley obliga a aprobarlo", explican desde el Ministerio de Trabajo. Dicho de otro modo, en última instancia, 6.500 empleados de Telefónica saldrán de la compañía gracias al apoyo de CCOO y UGT; y al lavado de manos que, como Pilares, ha hecho el Gobierno.

Cambiar la ley

En principio, sólo con la teoría en la mano, una empresa con millonarios beneficios, y en cuyo horizonte no se atisba ningún peligro de números rojos, tendría imposible sacar adelante un ERE.

Sin embargo, las generosas condiciones ofrecidas a los trabajadores tienen el milagroso poder de convencer a los sindicatos mayoritarios y, con este beneplácito, conceder al Gobierno la excusa perfecta para permitirlo: "ley obliga".

Sin embargo, la ley no ha impedido al Ejecutivo obligar a Telefónica a indemnizar al Estado por estos recortes. Al contrario, al Gobierno no le ha temblado el pulso para cambiar la normativa.

En concreto, aprovechó las enmiendas a la reforma de las pensiones para obligar a las grandes empresas con beneficios que prejubilen a compensar al Estado. Además, precisó que esta medida se aplicará con efectos del pasado 27 de abril, una fecha dirigida, exclusivamente, a pillar a Telefónica.

Dicho y hecho, la operadora tendrá que destinar 338 millones a financiar los gastos de paro y cotizaciones que asume en estos casos el Estado. Concretamente, el INEM se verá exento del pago de 204 millones de euros y la Seguridad Social de 182 millones, según fuentes sindicales.

Un ejercicio de autoridad que, sin embargo, el Gobierno ha declinado hacer ahora. ""Si hay acuerdo entre empresa y trabajadores, la ley obliga a aprobarlo", se disculpan desde el Ministerio de Trabajo. La operadora tiene vía libre para recortar el 20% de la plantilla de Telefónica de España.