Domingo, 18.11.2018 - 07:52 h
Parón en la aplicación de la tasa por ERE

La falta de personal frena el cobro de la 'enmienda Telefónica' en las empresas

En 2017 el Ministerio de Trabajo se limitó a abrir cinco expedientes para evitar su prescripción. Entre 2013 y 2016 la tasa ingresó 368 millones.

Foto ERE pancarta / EFE
El Ministerio de Trabajo dejó de cobrar la tasa sobre los ERE de las grandes empresas en 2017 por falta de medios humanos y materiales / EFE (Javier Etxezarreta)

El Gobierno paralizó durante 2017 el cobro de la aportación obligatoria que deben realizar las grandes empresas por activar un expediente de regulación de empleo "debido a la falta de medios materiales y humanos" en la unidad de los Servicios Públicos de Empleo que se encarga de su gestión, según se admite en el último informe anual del Sepe (antiguo Inem), al que ha tenido acceso La Información.

De hecho, los servicios del Sepe precisan que la apertura de los procedimientos sobre la multinacional oftalmológica Bausch & Lomb, a Leisure Park, Daiichi Sankyo, Planificación y Control Logístico y Heineken España "se llevó a cabo para evitar la prescripción del derecho a favor de la Hacienda Pública Estatal sin que se haya producido ningún ingreso por aportaciones al Tesoro relativo a esta anualidad", algo que atribuyen a la falta de medios.

El informe reconoce que a lo largo de 2017 las actuaciones del ahora Ministerio de Trabajo (antes Ministerio de Empleo) en este ámbito se limitaron a la apertura de cinco expedientes para reclamar dicha aportación, pero que ninguno de ellos pudo finalizarse antes del cierre del ejercicio por la carencia de los medios suficientes para darles trámite.

Los expedientes abiertos a estas empresas implican la reclamación de 2,18 millones de euros, correspondientes a las prestaciones abonadas a 154 trabajadores. En todo el ejercicio de 2017, el Estado apenas ingresó 483.509 euros por este cauce y se derivaron de actuaciones iniciadas en ejercicio anteriores: una aportación de 349.383 euros pendiente de pago por la empresa Autobar Spain desde el año 2012 (que había judicializado la cuestión y avalado la cantidad a pagar desde entonces);  y otros 134.125 euros, por el expediente abierto a Banca Cívica que se resolvió a finales de 2016 y no se pudo cobrar hasta 2017. En 2016 los ingresos derivados de esta tasa ascendieron a 143 millones de euros.

El origen de la 'enmienda Telefónica'

La obligación de abonar esta tasa fue instaurada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dentro de la ley de reforma de Seguridad Social de agosto de 2011 y se implantó como reacción al ERE de 6.500 trabajadores anunciado ese mismo verano por Telefónica, con la compañía de telecomunicaciones reportando beneficios en sus comunicaciones a los mercados, razón por la cual fue rebautizada como 'enmienda Telefónica'.

Con las cuentas públicas en caída libre y el gasto por desempleo disparado, el Gobierno entendió que el Presupuesto no tenía por qué soportar el gasto extra derivado de las regulaciones de empleo, especialmente cuando éstas se realizaban en empresas sin pérdidas.

La solución fue arbitrar una aportación obligatoria al Tesoro Público por los despidos colectivos de trabajadores mayores de 50 años para las empresas en beneficios y con una plantilla de más de 100 trabajadores. La tasa buscaba compensar el coste extra en prestaciones por desempleo que para las arcas públicas supone la prejubilación de trabajadores mayores de 50 años y su cuantía fluctuaba en función del porcentaje de plantilla afectado por el ERE, el porcentaje de trabajadores mayores de 50 años incluidos en la regulación y la situación financiera de la empresa.

Desde su activación definitiva en 2013 hasta el año 2016 la aplicación de esta tasa ha generado unos derechos de cobro de 368 millones de euros a la Hacienda Pública, derivadas de las prestaciones abonadas a 9.215 trabajadores por las regulaciones realizadas en 33 empresas entre las que se contaban algunas tan ilustres como la propia Telefónica, Barclays Bank, Pfizer, Johnson & Johnson, Nokia Siemens, Schweppes, Banco Caixa Geral, Danone, Banca Cívica o Duro Felguera. Todas ellas compañías que, aún estando en beneficios, prefirieron abonar al Estado la aportación prevista en la ley a mantener a los trabajadores en sus plantillas.

El 75% de las cantidades reclamadas desde su puesta en marcha - 276 millones de euros - corresponden al procedimiento de despido colectivo activado por Telefónica de España en 2011, que hasta 2016 había afectado a 6.620 trabajadores de más de 50 años.

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