El presidente Jesús Alonso ha hecho estas declaraciones tras presentar el nuevo modelo de Explorer totalmente eléctrico, un coche que, a su juicio, "refleja la apuesta de la compañía de cara a estos mercados"
Mediante el expediente de regulación, que podría afectar a algo menos de 200 trabajadores, se ofrecerá el pago de entre el 84% y el 90% del salario fijo neto del trabajador hasta que este cumpla los 63 años.
UGT, principal representante de los trabajadores en la empresa, ha informado tras la última reunión de que la compañía espera alcanzar un acuerdo "a la baja" con respecto a los acuerdos firmados anteriormente.
El sindicato ha detallado en un comunicado que la propuesta de la aseguradora consiste en ofrecer prejubilaciones para las personas mayores de 59 años con al menos 30 años de antigüedad en la empresa.
El pasado 21 de febrero dio inicio el periodo de consultas de 30 días que se extenderá hasta el 23 de marzo para negociar un ERE que afectará a la plantilla de la aseguradora para lograr una reestructuración.
Con una plantilla de 5.800 trabajadores, la empresa tiene vigente un ERTE hasta el 30 de junio, por la falta de componentes y semiconductores y los problemas de suministro por la invasión rusa de Ucrania.
Los representantes de la compañía han expuesto varios programas internos de formación y recualificación para facilitar la movilidad funcional de las personas susceptibles de afrontar esta recolocación.
La presión sobre las cuentas creció en los últimos meses con fuertes pérdidas y con las millonarias sanciones de la Inspección de Trabajo. Se verán afectados sobre todo empleados de su sede en Barcelona.
La falta de cultura sindical y la bonanza vivida en los últimos años han dejando la representación de estas organizaciones bajo mínimos en startups y grandes multinacionales, como Facebook o Twitter.
Desde el año 2013 las compañías que, después de obtener beneficios, han despedido a hasta 23.101 empleados mayores de 50 años han realizado aportaciones al Tesoro por valor de 725 millones de euros.
La patronal escenifica la ruptura con el Ministerio de Trabajo por la enmienda de EH Bildu en la Ley de Empleo y prepara el terreno para negarse a negociar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).
La startup, que fue valorada en casi 1.000 millones en una 'megarronda' a principios de este año, pone sobre la mesa decenas de despidos tanto en España como fuera, siguiendo a las 'big tech' mundiales.
La familia del expresidente de Andalucía ha solicitado ya esta medida de gracia, cuya decisión es exclusiva del Gobierno. Dos magistradas aseguran que no hay pruebas suficientes para condenar por malversación.
El ingreso en un centro penitenciario no será inmediato y aún tiene la oportunidad de solicitar la suspensión de la condena ante el Tribunal Constitucional, que fija el límite para ello en las penas inferiores a cinco años.
La alta dirección de la entidad ha mostrado una buena intencionalidad en una reunión con sindicatos, quienes le han pedido que tome la batuta en el Observatorio o que dé un paso adelante de forma individual.
Entregará el jueves una carta a la ministra en la que exige catalogar la cronificación del estrés laboral como enfermedad profesional, un problema agudizado entre las plantillas de las entidades tras los ERE masivos.
Seis multinacionales médicas y cuatro UTEs de grandes constructoras ya han recibido contratos de Ingesa y Adif por 1.100 millones. Telefónica se hace con importantes encargos de digitalización y ciberseguridad.
El aumento de empleo público eclipsa en parte el alza del paro. La recesión de 2008 acabó con 180.000 funcionarios más y con el desempleo en el 27%. Ucrania lleva la plantilla pública a su máximo histórico.
La entidad alcanza una rentabilidad del 6,5%, por lo que se sitúa ya por encima de lo previsto en su plan estratégico para 2023.
El ala sindical se subleva y pide abrir el Observatorio Sectorial para revisar los acuerdos con cada patronal tras el giro del IPC. La presidida por Fainé ya ha aceptado, pero no lo ha hecho por ahora la de Kindelán.
El Alto Tribunal no acoge la demanda de nulidad de los sindicatos minoritarios de la empresa semipública en pleno debate sobre la reforma laboral.
El sector de la automoción advierte del impacto en la competitividad de las medidas pactadas con el Gobierno. Las grandes patronales se revuelven contra un acuerdo que rechazan y aumentan la tensión.
La entidad, asesorada también por Sagardoy Abogados, se apoyará en esta firma de RRHH para tratar de buscar una nueva oportunidad laboral a las personas que se verán afectadas por el despido colectivo.
La plantilla de la entidad andaluza que se suba al ajuste será indemnizada con 243.225 euros, frente a los 294.482 euros del grupo que capitanea Goirigolzarri y a los 245.315 euros del que preside Torres.
La entidad se habrá llevado por delante 871 oficinas pasada la Navidad y hasta mediados de enero. El ajuste lo sufrirán más las localidades donde asienta sus sedes principales.
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