Barcelona, 4 oct.- El conseller de empresa, Felip Puig, ha anunciado hoy que la Generalitat estudiará si el acuerdo de indemnización a la compañía promotora del proyecto de gas subterráneo Castor se puede impugnar para intentar evitar que repercuta en el bolsillo de ciudadanos y empresas de Cataluña.
El Gobierno aceptó ayer en un real decreto-ley la renuncia a la concesión del almacén de gas Castor de Escal UGS, participada por ACS en un 66,67 %, y fijó una indemnización para la compañía de 1.350,7 millones, cantidad que se cargará al recibo del gas durante 30 años.
Durante la inauguración del Salón del Caravanning, Puig ha dicho que la Generalitat estudiará las posibilidades que tiene el acuerdo de ser impugnado porque el gobierno catalán no está de acuerdo con que las "cosas mal hechas que se hacen desde el Estado, las acaben pagando los consumidores y los industriales de Cataluña, en definitiva, los ciudadanos".
Puig ha asegurado que, en estos momentos, "ya no sólo se tambalean las estructuras constitucionales de España" y ha añadido que cuando se habla de Castor "estamos hablando de un nuevo desmoronamiento de infraestructuras" del Estado que "no sabe construir" y que, además, repercute en el bolsillo de los ciudadanos.
Para el conseller, las diferentes reformas que está impulsando el Gobierno acaban repercutiendo siempre en "el más débil, el ciudadano, el empresario y el trabajador".
Puig ha mencionado la reforma eléctrica, que "nos ha traído la energía más cara de Europa" o el "hundimiento" del AVE en Girona y se ha preguntado si ahora también subirán el billete del AVE para conectar con Francia.
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