Madrid, 25 ago.-La aprobación del decreto de la reforma financiera, clave para la ayuda europea a la banca española, cerrará una semana marcada también por la visita de líderes europeos a Madrid, una nueva subasta de deuda y la difusión de los datos del PIB y la inflación, entre otros.
El martes, el Tesoro subasta letras a tres y seis meses y el INE publica los datos detallados del PIB del segundo trimestre que, según la cifra adelantada, se contrajo un 0,4 %, una décima más que en el primero. El jueves sale el dato preliminar del IPC de agosto.
Fuera de las fronteras españolas se conocerán los datos mensuales de la inflación y del desempleo en la zona euro, y el conjunto de la UE el viernes, y, el miércoles, el segundo cálculo del PIB de Estados Unidos en el segundo trimestre que, según se prevé, podría revisarse al alza, a un 1,7 % anualizado, frente al 1,5 % inicial.
Los mercados, tras varias semanas al alza, acabaron ayer con un saldo semanal negativo, al no despejarse la incertidumbre sobre el futuro de Grecia pese a la ofensiva diplomática del primer ministro griego.
Los mercados aguardan el discurso del presidente de la Reserva Federal de EEUU, Ben Bernanke, el viernes, en la cita anual de los principales banqueros centrales del mundo en Jackson Hole (Wyoming).
Escudriñarán con lupa sus palabras para ver si da pistas sobre lo que sería una tercera ronda de estimulo, por la que han apostado.
También estarán muy pendientes de la intervención del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, en Jackson Hole.
La esperanza de una intervención del BCE para reducir los costes de financiación de España e Italia también ha dado alas a los mercados este mes, mientras bajaban las primas de riesgo de los dos países. La española cerró ayer en 506 puntos básicos, después de permanecer seis sesiones por debajo del listón de los 500.
Se rumorea que el BCE estudia fijar horquillas de tipos de interés de los bonos soberanos de la zona euro en virtud de los cuales, si se superaran, actuaría comprando deuda en el mercado secundario. Otros dicen que se fijaría un tope de tipo de interés y y otros aún hablan de nivel máximo de la prima de riesgo.
En todo caso, no se espera una decisión hasta la reunión mensual del BCE el 6 de septiembre. Y quizás ni siquiera ese día, pues Draghi podría posponer el anuncio hasta conocer el 12 de septiembre la sentencia del Tribunal Constitucional alemán sobre la legalidad del futuro fondo permanente de rescate europeo (MEDE).
La víspera, el 11, la Comisión Europea presentará su propuesta de unión bancaria, incluido un mecanismo de supervisión único para la eurozona diseñado en torno al BCE, un proyecto que forma parte de los acuerdos de la cumbre europea de junio pasado.
En sus encuentros en Madrid con el líder del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, el martes, con el jefe de Estado francés, François Hollande, el jueves, y con la canciller alemana, Angela Merkel, el 6 de septiembre, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, insistirá en la rápida aplicación de esos acuerdos.
La puesta en marcha de un supervisor bancario único es clave para que sea el futuro MEDE el que recapitalice directamente a la banca española, con lo que la ayuda europea ya no computaría como deuda.
La flexibilización, también acordada en la cumbre de junio, para que el actual fondo europeo de rescate (FEEF) pueda comprar deuda soberana interesa igualmente a España.
Rajoy ha dicho que decidirá si pide al FEEF que compre deuda española, una vez que conozca las medidas prometidas por el BCE.
Draghi ha condicionado la reanudación de la compra de deuda por el BCE en el mercado secundario a que el país en apuros pida primero la intervención del fondo europeo de rescate.
Mientras, el decreto que adapta la legislación española a las condiciones para la ayuda europea a la banca y cuyo borrador se filtró en los últimos días, será aprobado por el Consejo de ministros el próximo viernes, con una semana de retraso porque así lo pidió la Comisión Europea para poder cerrar flecos.
Ayer, el Gobierno dio luz verde a la prórroga, con modificaciones significativas, de la ayuda de 400 euros a parados sin prestación, y aprobó una reforma del alquiler, que facilitará el proceso de desahucio en caso de impago.
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