La puesta en libertad del ex ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, también ha conllevado la apertura de parte del caso judicial en el que está implicado y eso ha supuesto que se conozca que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al expresidente de la Generalitat Valenciana como supuesto jefe y administrador oculto de una red corrupta. Según la Fiscalía Anticorrupción, pudo haberse apropiado de unos 10,5 millones de euros procedentes del cobro de comisiones.
Según refleja la parte del secreto del sumario del caso Erial cuyo secreto se ha levantado, al que ha tenido acceso EFE, la Guardia Civil atribuye a Zaplana un papel de administrador velado de acuerdo a pinchazos telefónicos en los que sus colaboradores se refieren a él como "el jefe". La jueza instructora cree asimismo que es "evidente que esta asociación de personas -en referencia a los investigados- tiene como cabeza a Eduardo Zaplana, que presuntamente se valió en su día del cargo que ostentaba haciendo partícipes al resto de los investigados, pues los necesitaba para que desempeñaran determinados papeles, beneficiándose a su vez".
Asimismo, los investigadores creen que Zaplana es actualmente beneficiario de bienes y fondos que tienen su origen en los pagos que varias sociedades mercantiles del grupo Sedesa, entre otras, realizaron a empresas radicadas en Luxemburgo tras ser beneficiarias de las adjudicaciones con ocasión de la concesión de la explotación administrativa de uno de los lotes de la ITV y de los parques eólicos de la Comunidad Valenciana.
En el caso Erial se investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de estas concesiones durante la gestión al frente de la Generalitat de Zaplana, que está en libertad provisional tras más de ocho meses en prisión, y junto al que están procesados el abogado Francisco Grau, el exdirectivo de Terra Mítica Joaquín Barceló, el ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Juan Cotino; la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, y la secretaria personal del expresident, Mitsuko Henríquez.
Sobre todos ellos pesan acusaciones de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y pertenencia a un grupo criminal.
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