La Ley de vivienda echará a andar en 2024 con nuevos incentivos fiscales para los arrendadores. El objetivo, abordar la subida del precio del alquiler, fomentar alquileres asequibles para jóvenes y proteger a los inquilinos más vulnerables.
Para lograrlo, la normativa incluye una serie deducciones fiscales en la renta para que los caseros prioricen cierto tipo de alquileres o contengan la subida en las renovaciones y nuevos contratos.
Los cambios fiscales de la nueva ley
La nueva ley que se aplicará desde el 1 de enero de 2024 cambia las reducciones sobre el rendimiento del alquiler. En concreto, recorta del 60% al 50% la reducción con carácter general que se puede aplicar en alquileres para vivienda habitual.
A cambio, eleva la deducción por encima del 60% para casos determinados:
- 90% de deducción si el piso está en una zona de mercado tensionado y el casero rebaja el precio un 5% frente a la renta del anterior contrato.
- 70% de deducción en el alquiler a jóvenes de entre 18 y 35 años, siempre que la vivienda se encuentre en una zona tensionada.
- 60% de reducción para vivienda rehabilitadas en los dos años anteriores a su arrendamiento.
En el resto de casos, la reducción general por arrendamiento de vivienda será del 50% a partir de 2024, 10 puntos por debajo de la actual reducción, fijada en el 60%.
El problema de las zonas tensionadas: los comunidades autónomas no deciden
La nueva ley quita por un lado y da por otro. Sin embargo, parece que en 2024 no va a dar nada a nadie y que buena parte de los caseros perderán 10 puntos de deducción.
La razón es que buena parte de las medidas de la ley de vivienda las deciden las comunidades autónomas, entre ellas qué zonas son declaradas como tensionadas.
La ley define estas zonas tensionadas como áreas en las que el precio de la vivienda haya aumentado en cinco años más de 5 puntos porcentuales por encima del IPC autonómico y donde el precio medio de las hipotecas o alquileres más los suministros básicos del hogar superen el 30% de los ingresos o renta media de los hogares.
A partir de ahí, cada comunidad autónoma tiene la potestad de declarar o no zonas calientes y las 11 regiones gobernadas por el Partido Popular ya han adelantado que no lo harán. De hecho, comunidades como Madrid, Andalucía e Islas Baleares incluso han presentado recursos de inconstitucionalidad frente a varios artículos de la norma.
En las regiones donde no se aplique la normativa, los arrendadores perderán la posibilidad de reducir el 90% y el 70% del rendimiento del alquiler al no existir zonas tensionadas. Solo podrían acceder a la reducción del 60% si han reformado la vivienda antes de alquilarla.
Además, verán como la reducción general pasa del 60% actual al 50% de la nueva normativa. En resumen, que sufrirán la parte negativa de la nueva ley de vivienda sin posibilidad de beneficiarse de la positiva.
Según los cálculos del Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF-CGE), rebajar el alquiler para optar a la reducción del 90% supondría una ganancia adicional de hasta 500 euros para personas con una renta superior a 60.000 euros y de 285 euros para un contribuyente con rentas por encima de 26.000 euros.
Y es que, el ahorro fiscal vía IRPF compensaría con creces el alquiler que se ha dejado de percibir según la simulación de REAF-CGE para una alquiler de 1.000 euros mensuales.
