La polémica por los nombramientos de Sánchez

Los altos funcionarios se unen para pedir al Gobierno el fin de las 'purgas' políticas

Los cuerpos superiores del Estado pactan una propuesta para desvincular los nombramientos y ceses de directivos públicos de los gobiernos de turno.

Foto Pedro Sánchez Óscar López / EFe
Pedro Sánchez y el nuevo presidente de Paradores, Óscar López. / EFE

El sindicato de técnicos de Hacienda estimó la cifra el pasado mes de junio: 437. Ése es el  número de altos cargos del Gobierno de España que son cesados y sustituidos por otros considerados más afines cada vez que cambia el inquilino que ocupa el Palacio de la Moncloa. El asunto es que esa cifra es sólo la punta del iceberg: entes públicos, organismos autónomos, órganos consultivos y empresas públicas están acostumbrados a experimentar intensas rotaciones en sus cúpulas cada vez que se produce un cambio de Gobierno.

La operación de centrifugado a la que cada nuevo Gobierno somete a las estructuras del Estado se ejecuta sin evaluación previa alguna y en muchos casos dinamita planes, proyectos e iniciativas prometedoras y potencialmente beneficiosas para el funcionamiento de la Administración o, incluso, del país en su conjunto, por el simple hecho de haberse impulsado bajo un gabinete de otro color político.

Desde organizaciones como la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) - una suerte de 'patronal' que aglutina a las organizaciones que representan a los cuerpos de élite de la Administración - se ha venido cuestionando históricamente esta práctica, pero ahora los altos funcionarios del Estado parecen dispuestos a ir un paso más allá y han alcanzado un acuerdo sin precedentes para plantear de manera formal al Gobierno una propuesta que ponga fin a la 'purgas' de directivos públicos que se desencadenan tras cada cambio en La Moncloa, según han confirmado a La Información fuentes conocedoras de la propuesta.

El tema no es menor e incluso ha sido 'denunciado' por la OCDE. Los altos funcionarios del Estado no solo están expuestos a los cambios de Gobierno también a otras situaciones como se ha visto en la reciente dimisión de la directora general de Trabajo, la inspectora de Trabajo, Concha Pascual, presionada desde su propio Ministerio para replantearse el cargo tras dar trámite - aparentemente de forma correcta - a la autorización del sindicato de trabajadoras sexuales, lo que generó un problema político al Ejecutivo.

El planteamiento viene avalado por las organizaciones representativas, entre otros colectivos, de los abogados del estado, los inspectores de Hacienda, los auditores del Estado o los diplomáticos y parte del principio fundamental de 'blindar' a los directivos públicos frente a los avatares del ciclo político. 

Una Autoridad Independiente para nombrar a los directivos públicos

Tal situación no se hubiera producido en el esquema que plantean las organizaciones de cuerpos superiores del Estado. En primer lugar porque su mecanismo de nombramiento sería diferente. Según las fuentes consultadas, los altos funcionarios proponen la constitución de una Autoridad Independiente, al estilo de la que ya existe en Portugal, que se encargaría de seleccionar la terna de aspirantes al cargo de entre los funcionarios con una carta de servicios más brillante. El nombramiento definitivo seguiría dependiendo del ministro o ministra de turno, pero se aplicaría un filtro de entrada para evitar que cualquiera pueda acceder al cargo, con independencia de contar o no con los atributos para el mismo.

Su cargo, además, no estaría sujeto a mantener la confianza de sus superiores, sino que vendría acompañado de una suerte de 'carta de servicios' en la que se detallarían los objetivos políticos y de gestión definidos por los responsables del Ministerio para ese cargo concreto y a partir de los cuales se mediría el éxito o fracaso de su desempeño. 

La otra base de la propuesta, de hecho, es la delimitación de las causas por las que un directivo público puede ser cesado. El objetivo de este planteamiento es eliminar incertidumbres en el ejercicio del cargo y desvincular la figura del directivo público de la del 'cargo de confianza'

Los motivos de cese serían, básicamente, tres: la comisión de un delito (la misma causa que puede hacer perder su condición a un funcionario), el incumplimiento de la carta de servicios establecida tras su nombramiento (que se evaluaría por sus superiores y por una Autoridad Independiente) o la finalización de la vigencia de su cargo.

Aquí, precisamente, figura otra de las grandes novedades del esquema acordado por las organizaciones representadas en Fedeca, según fuentes de los cuerpos superiores del Estado: la duración del 'mandato' de los directivos públicos sería de cinco o seis años - prorrogable en una sola ocasión - para aislar su función de los ciclos políticos.

La propuesta aún está abierta y no define, por ejemplo, el perímetro al que se aplicaría. Existe un consenso general entre las organizaciones de que debería alcanzar a los directores y subdirectores generales de los Ministerios, aunque también se entiende que el esquema es exportable a organismos autónomos, agencias, entes públicos e incluso a las empresas públicas, aunque éstas están reguladas por el marco laboral privado.

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