Los grandes fondos dueños de bonos del Popular se han adherido a la investigación penal abierta en la Audiencia Nacional. La causa que sigue el juzgado central de instrucción número 4 va contra el banco, sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, los miembros del antiguo consejo de administración y la firma auditora de la entidad, PriceWaterhouseCoopers.
La causa centra la investigación en presuntos delitos de falsedad contable de los balances y cuentas formulados por el banco, fraude a inversores, manipulación del mercado y potencial abuso de información privilegiada. “Los querellantes presentaron serias acusaciones que la Audiencia Nacional ha aceptado investigar. Los fondos desean ser informados y colaborar en esta investigación para determinar la existencia de falsedades en el proceso”, explica Richard East, socio principal del bufete de abogados Quinn Emanuel, que representa a los fondos.
El grupo de fondos, uno de los principales perjudicados en la resolución del banco con quebrantos en su inversión de alrededor de 850 millones de euros, han iniciado actuaciones legales en distintas instancias. Tres de estos inversores -los fondos Anchorage, Algebris y Ronit Capital- interpusieron recursos administrativos para revocar la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) y la Comisión Europea.
En España presentaron igualmente un recurso administrativo para impugnar la decisión del Fondo de Resolución (Frob), brazo ejecutor de la JUR que dejó a cero unos 3.400 millones de euros en bonos y acciones de más de 300.000 inversores, entre los que se incluyen.
Ahora dan un paso más, acudiendo a la vía penal, con su adhesión al proceso abierto en al Audiencia Nacional el pasado mes de octubre, cuando admitió a trámite varias querellas presentadas por otros diferentes afectados por la resolución del banco. Los bonistas, representados en España por los bufetes de abogados Andersen Tax & Legal y SLJ Abogados, se personan perjudicados para participar en las diligencias que se vayan practicando durante la investigación.
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