España ya tiene sobre la mesa su propia tasa Google (aunque su reciente aprobación arrojó una aplicación menos intensa de lo esperado). Pero ahora resulta que no va a estar sola en el panorama comunitario. La máxima defensora de este impuesto dentro y fuera de nuestras fronteras, la vicepresidenta económica Nadia Calviño, se ha atraído a sus socios europeos más ilustres en su particular cruzada. Aunque no es nada nuevo que desde la UE se busque esta nueva exigencia a las multinacionales, ahora parece que se acelera su puesta en marcha.
En concreto, los ministros de Economía de España, Francia, Italia y Alemania han publicado este sábado en el vespertino 'Le Monde' una tribuna en la que piden una fiscalidad digital antes de que acabe el año. Y lo hacen con palabras bastante directas. El objetivo que tienen entre ceja y ceja son las grandes multinacionales.
"Crear una nueva fiscalidad internacional, adaptada a las realidades del siglo XXI, es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Tenemos la responsabilidad colectiva de buscar un acuerdo internacional sobre este asunto antes de finales de 2020", indican Nadia Calviño, Bruno Le Maire, Roberto Gualtieri y Olaf Scholz.
Los firmantes aseguran que la situación actual no permite tasar en su justa medida a las grandes empresas digitales, "sean estadounidenses, europeas o chinas", que "obtienen beneficios importantes en territorios donde solo tienen una presencia física limitada".
"Son poco o nada tasados allí donde crean valor, a partir de los datos de millones de usuarios", lo que provoca que "las empresas con más beneficios no contribuyen de forma eficaz a la financiación de los servicios públicos", lo cual es "inaceptable e ineficaz", indican, según recoge Efe.
Una nueva fiscalidad internacional daría a esas empresas "una mayor previsivilidad", tal y como algunos de sus dirigentes han asegurado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Además, permitiría combatir el "dumping social", ya que muchas de esas empresas se instalan en territorios con bajo nivel impositivo, lo que genera "distorsiones de la competencia" y "cólera social". "El impuesto mínimo es la única solución eficaz contra la optimización fiscal agresiva ejercida por un puñado de grandes multinacionales", agregan.
Esta nueva fiscalidad permitiría a los países recaudar "decenas de miles de euros" para "la construcción de escuelas, hospitales y la inversión en la transición ecológica". "Está en juego, sobre todo, la legitimidad de los estados frente al crecimiento de los gigantes digitales. Actuemos juntos y deprisa", agregan.
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