XXXIII Congreso de Inspectores de Hacienda 

Los inspectores de Hacienda advierten que el abuso de interinos precariza su trabajo

La presidenta de la asociación profesional, Ana de la Herrán, asegura que están viendo "peligrar sus recursos humanos" ante la falsa modernización que supone, a su juicio, el nuevo sistema de oposiciones para acceder

Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (AHE)
Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (AHE)
AHE

Los inspectores de Hacienda llevan meses en pie de guerra contra el Ministerio que encabeza María Jesús Montero por el nuevo sistema de acceso al cuerpo, al entender que no garantiza ni una cualificación suficiente de los aspirantes ni su independencia. A la vez, han dado la voz de alarma sobre el riesgo de precarización al que se enfrentan como colectivo, y sobre las graves consecuencias que esto puede tener para el sistema, por el abuso en la contratación de indefinidos por parte de las Administraciones Públicas.

"Lo que pedimos en cualquier administración, pero más en la Agencia Tributaria, es que sus recursos humanos estén preparados, bien formados y que hayan sido elegidos de manera independiente (...) no por un sistema del que no conocemos bien los criterios", ha denunciado la presidenta de la asociación, Ana de la Herrán Piñar, en el marco del XXXIII Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado que se celebra hasta el viernes en Burgos. 

De la Herrán advierte de que los funcionarios están viendo "peligrar sus recursos humanos" ante la falsa modernización que supone, a su juicio, el nuevo sistema de oposiciones para acceder al cuerpo, que permite que los funcionarios puedan cambiar de uno inferior a otro superior por mera antigüedad, sin tener que demostrar los conocimientos necesarios para ello. Si bien recuerda que la mitad del cuerpo de inspectores procede de la promoción interna, desde la asociación que preside piden facilidades para que todos los compañeros que aspiren a incorporarse al cuerpo puedan conciliar esa preparación con su vida familiar y su trabajo, pero siempre bajo los mismos criterios de exigencia que siempre ha habido.

El acuerdo que firmaron Función Pública y los sindicatos CSIF, Comisiones Obreras y UGT incorporaba una reforma de las oposiciones por la que los exámenes para la promoción interna pasan a ser tipo test, se acumulan los ejercicios en una única prueba y hay menos temario "para evitar que las plazas se queden sin cubrir", según esgrimían los propios firmantes del documento. 

En la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado aseguran que se está rebajando la exigencia en la preparación de los futuros inspectores bajo la excusa de que el actual sistema está muy anticuado. En este sentido, su presidenta reconoce que habría que actualizar el temario para excluir los puntos que están obsoletos e incorporar aquellos muy relevantes en la actualidad, como los que tienen que ver con la fiscalidad internacional, si bien incide en que "una cosa es actualizar el temario y otra rebajar la exigencia para introducir a personas que no están preparadas".

El peligro de una Administración Tributaria precarizada

 "Modernizar no es bajar el nivel ni tampoco utilizar unos criterios subjetivos que pueden poner en peligro esa independencia del funcionario en su toma de decisiones", añade. A los inspectores les preocupa también el abuso que están percibiendo en la contratación de interinos por parte de la Administración.

Ana de la Herrán asegura que, de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, el interino es un tipo de funcionario que no tendría cabida no solo en la inspección de Hacienda, sino en todos los ámbitos de la Agencia Tributaria, desde los cuerpos inferiores hasta los cuerpos directivos como son los Inspectores. "Ejercemos unas potestades públicas muy delicadas y tenemos que estar muy preparados, y el funcionario interino por mucho que nos empeñemos no ha aprobado nuestra oposición", ha zanjado. 

Desde su punto de vista esto solo puede conducir a una mayor precarización del empleo público en un momento en el que la Unión Europea ha instado a España a reducir su tasa de temporalidad, que asciende al 30%. Por este motivo, los inspectores han acudido por primera vez a los tribunales para denunciar que la inclusión de interinos "vulnera principios constitucionales" y se han manifestado, incluso, ante la sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

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