En una economía global anunciar subidas de impuestos no suele salir gratis. El Gobierno lleva cerca de cuatro meses dándole vueltas a cómo subir del Impuesto de Sociedades, si concentrando la exigencia fiscal en las grandes empresas, si obligando a tributar en función del resultado contable en lugar de la base imponible tradicional, si ampliando esa base imponible para evitar que las grandes empresas paguen poco en relación a sus beneficios o bien actuando sobre desgravaciones hasta ahora intocables como la de los dividendos de fuente extranjera. Y, claro, el mundo del dinero se preocupa.
En vísperas del viaje de una semana que Pedro Sánchez realizará por Estados Unidos para reunirse con empresarios e inversores locales y testar su apetito por invertir en España, los inversores estadounidenses que ya tienen presencia en el país han deslizado su inquietud por la estrategia fiscal del Gobierno y por sus intenciones respecto al Impuesto de Sociedades, según han trasladado a La Información fuentes próximas al tejido empresarial americano en España.
Las empresas norteamericanas con presencia en España, que ya arrastran un trato fiscal menos favorable que las de otros países por prácticas tan comunes como repatriar en forma de dividendos parte de sus beneficios a su matriz, no ocultan su inquietud ante la posibilidad de que la acción del Gobierno en materia impositiva eleve aún más el coste fiscal extra que para ellas tiene ya operar desde España respecto a hacerlo desde otros países, según aseguran fuentes del ámbito fiscal.
El problema del Convenio de Doble Imposición
Cuando una empresa de matriz estadounidense repatría en forma de dividendos parte de sus beneficios obtenidos en España, la Hacienda española le aplica una retención del 10%, en una práctica regulada pero casi desterrada de las relaciones fiscales de España con otros países gracias a la operativa de los convenios de doble imposición.
Resulta que el Convenio de Doble Imposición que España mantiene con Estados Unidos data de hace casi 30 años y sus disposiciones no se adecuan en absoluto al régimen de relación entre dos países que se tienen por socios comerciales, como lo demuestra la aplicación de esa 'retención de seguridad' que el Reino de España ya ha hecho desaparecer de la inmensa mayoría de convenios suscritos con otros países.
El asunto no es menor y, según estimó en su día la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, desvía hacia otros países dos terceras partes de la inversión directa potencial que recibiría España de Estados Unidos de no existir este 'castigo fiscal'.
El motivo es fácil de entender. Los inversores americanos con interés de entrar en España buscan una plataforma en un tercer país -preferiblemente europeo- y canalizan sus inversiones desde la misma para eludir esa retención del 10% que se les aplica por la Hacienda española en virtud de esa 'distorsión fiscal'. ¿El resultado? Buena parte de la inversión directa que podría entrar en España, generando empleo y actividad económica deja parte de sus efectos en otros países.
El problema está diagnosticado desde hace tiempo y, de hecho, en 2013, el Gobierno de España rubricó con el de Estados Unidos -a través de su embajador Alan D. Solomont- un nuevo Convenio de Doble Imposición que equiparaba la relación fiscal de España con Estados Unidos con la del resto de sus socios comerciales preferentes.
Sin embargo, este convenio está pendiente de ratificación por el Congreso de los Estados Unidos por la oposición de un ala del Partido Republicano y no parece que la Administración Trump tenga intención de desbloquear la situación. Desde Moncloa aseguran que el asunto no forma parte de la agenda de asuntos que el presidente Pedro Sánchez abordará en su viaje de una semana por los Estados Unidos.
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