Los juegos y loterías se convierten en una esperanza para cambiar la vida de aquellos que resultan afortunados. Sin embargo, solo los premios de más de 100.000 euros lo consiguen, al menos, en cuanto a las rentas del trabajo se refiere. Así lo ha detectado el Ministerio de Hacienda, tras analizar los datos de los dos millones de personas que resultaron premiadas entre 2013 y 2017. De estos, el 14%, casi 153.000 personas, obtuvieron premios a partir de esa cuantía. Partiendo de esta muestra, en el análisis de beneficios fiscales elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Dirección General de Tributos (DGT) se incluye una estimación de las consecuencias en los rendimientos del trabajo.
Hacienda observa que "recibir un premio de lotería de entre 7.000 y 100.000 euros no tiene efectos en los rendimientos del trabajo futuros de los individuos". En cambio, si la cuantía recibida es mayor a los 100.000 euros, "se produce un desanclaje en los rendimientos del trabajo de ambos grupos de individuos, con un diferencial que aumenta con el paso del tiempo, situándose en 1.000 euros a los 6 años de haber sido premiados. En el gráfico, se observa cuál es la evolución de los rendimientos para los tres grupos, premio bajo (menos de 7.000 euros), premio medio (entre 7.000 y 100.000 euros) y premio alto (más de 100.000 euros)".
Un análisis en mayor profundidad establece los premios entre 10.000 y 70.000 euros como aquellos tramos en los que se produce un mayor efecto en los rendimientos laborales de los individuos. Es decir, que es en esas cuantías cuando el premio recibido afecta a los ingresos que estas personas perciben por su trabajo. Hacienda cuantifica el impacto en un descenso medio de 2.200 euros anuales, tras haber ganado un premio que se sitúe por debajo de los 70.000 euros. El objetivo de este análisis es mostrar los efectos que puede tener un premio de loterías en el mercado de trabajo y, en consecuencia, en la recaudación tributaria.
La AEAT, el IEF y la DGT han analizado la exención fiscal que tienen los premios de hasta 40.000 euros de Loterías y Apuestas del Estado, ONCE o los órganos o entidades de las Comunidades Autónomas, como es el caso de Cataluña. Se trata de un beneficio fiscal que costó 390 millones de euros a las arcas públicas en 2021 y que tiene como objetivo aumentar "la recaudación procedente de las referidas loterías, apuestas y sorteos, fomentando la participación de los ciudadanos en dichos juegos de azar".
No obstante, en el análisis concluyen que la exención parcial no tuvo efectos "significativos en el gasto que realizaron los individuos en los juegos de las loterías". Es decir, que aunque las arcas públicas solo recaudan por una parte del premio, lo cierto es que esto no contribuye a que los españoles gasten más en loterías. De hecho, aseguran que este aspecto está correlacionado con el ciclo económico y como ejemplo apuntan que "en 2020, se observó una fuerte caída en los ingresos del sector". Y, sin embargo, sí identifican las consecuencias en el mercado de trabajo. Por ello, Hacienda plantea revisar el beneficio fiscal incluyendo variables sociodemográficas vinculadas al mercado laboral y al nivel de ingresos de los jugadores.
Estas revisiones no implican, de momento, que estos beneficios fiscales vayan a desaparecer o que el Gobierno vaya a incorporar todas y cada una de las propuestas que los técnicos hayan realizado. No obstante, en el Plan de Recuperación se especifica que la forma de implementación de esta reforma consistiría en "modificar los textos legales de cada impuesto para introducir las reformas propuestas". Por otra parte, también ponen de manifiesto que "la supresión o eliminación de beneficios fiscales puede conllevar el rechazo de los agentes económicos afectados".
La exención parcial del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) sobre los premios de determinadas loterías y apuestas es una de las cinco ventajas que se incluyen en la primera revisión de beneficios fiscales llevada a cabo por la administración. En el mismo documento se analizan la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles, el régimen especial de las entidades sin fines lucrativos, la exención del IRPF sobre los rendimientos del trabajo obtenidos en el extranjero y el tipo de reducido del gravamen para el carbón de uso profesional, como ya publicó este periódico.
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