Madrid. El psm pide a aguirre que aflore 800 millones de déficit oculto, que se deben a proveedores farmacéuticos

La diputada socialista de la Asamblea de Madrid Amparo Valcarce exigió hoy al Gobierno presidido por Esperanza Aguirre que "aflore los 800 millones de euros que pertenecen a sanidad y sobre todo a facturas farmacéuticas que todavía permanecen ocultas en los cajones”.
Tras decir que a esa cantidad oculta de déficit habría que sumar los 2.000 millones de euros reconocidos por el Gobierno regional, señaló que “aunque en el pago a proveedores han aflorado los gastos de hospitales, no ha aflorado todo el gasto”.
Explicó que cuando el Gobierno regional habló de 1.000 millones de déficit, “los socialistas dijimos que eran 2.000 millones y el tiempo nos ha dado la razón”.
“Ahora, los proveedores nos dicen que faltan por aflorar otros 800 millones de euros”, indicó Valcarce, quien señaló que “hay una técnica de la Comunidad que es pagar hasta una determinada fecha y a partir de la misma, como podrían incumplir el objetivo de déficit, todas las facturas quedan aplazadas y no empiezan a pagarse hasta el ejercicio siguiente”.
Respecto a los nuevos recortes que previsiblemente aprobará el Consejo de Gobierno de mañana, jueves, dijo que “nos opondremos porque son una injusticia contra los madrileños”.
Añadió que, por otro lado, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, “no es capaz de quitar los privilegios a unos pocos y no repone el impuesto de patrimonio”.
Pidió a Aguirre que no toque el sueldo de los funcionarios y sí a los más de 2.000 asesores que tiene y al centenar de ellos que cobran más que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Valcarce hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en la que informó de que el vicepresidente del Gobierno regional y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González, comparecerá el 14 de junio en el Pleno parlamentario para explicar la privatización de esta empresa pública que gestiona el agua, ya que dijo que dijo que la paralización de la salida a Bolsa del 49% de las acciones del Canal es sólo “temporal”.
A este respecto, opinó que la creación de una nueva sociedad pública en la que el Gobierno tendrá el 80% de las participaciones y los ayuntamientos de la región el 20% restante, pondrá en riesgo el empleo de algunos de los más de 2.500 trabajadores del Canal.
Asimismo, dijo que se ha producido un tarifazo del agua que afecta a 1,5 millones de hogares, que ya están pagando un 20% más.