El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado que la Comunidad de Madrid licitará antes del mes de abril las obras de la Ciudad de la Justicia de la capital. Ha situado también la finalización del proyecto en los últimos meses de 2028, lo que adelanta en más de un año la fecha límite anterior, fijada en el primer semestre del año 2030.
Durante el anuncio, que ha estado enmarcado en la presentación del anteproyecto de esta nueva infraestructura a las autoridades de Judicatura y Fiscalía, el consejero también ha afirmado que el Ejecutivo madrileño, que gestionará directamente este proyecto, realizará una inversión de 680 millones repartidos en el periodo 2024-2028, para este año han sido adjudicados 23 millones. La licitación del plan está dividida en dos lotes y los trabajos se llevaran a cabo por medio de cuatro fases, gracias a las que “una vez ejecutada cada etapa se posibilitará el traslado de los órganos de cada orden jurisdiccional a su nueva ubicación mientras continúa el resto de obras, con el consiguiente ahorro en alquileres y otros gastos fijos” ha asegurado García Martín.
El complejo de la Ciudad de la Justicia se ubicará en el barrio de Valdebebas y unificará todas las sedes repartidas actualmente por la capital, que dan servicio diariamente a más de 30.000 personas. Contará entre 10 y 13 edificios, que serán un referente en España en la modernización de las infraestructuras judiciales para hacerlas más accesibles, totalmente digitalizadas y eficientes. Ocupará en total alrededor de 236.000 metros cuadrados sobre rasante y 198.000 bajo rasante en un solar con una superficie de 132.000 m2, lo que supone un aumento del 61% respecto a la suma de todo el espacio destinado a estos organismos en estos momentos.
Cuarto intento
Este es el cuarto intento del gobierno del Partido Popular en la Comunidad para llevar a cabo un plan de concentración de todas las grandes sedes judiciales. El ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso decidió el pasado mes de octubre relanzar el proyecto que había quedado estancado tras la negativa de las grandes constructoras a aceptar el programa de concesión de obra, por el que la administración madrileña pretendía abonar 2.547,3 millones de euros a las compañías que ejecutasen y gestionasen la obra durante los próximos 40 años.
