En los últimos años, cada vez más ciudadanos españoles han dejado de hacer sus compras habituales con dinero en efectivo. En vez de ello, han adoptado las tarjetas de débito y crédito y los métodos de pago electrónicos, incluyendo el creciente mercado de las compras en línea. La Agencia Tributaria también ha favorecido este cambio, que conlleva más facilidades en el momento de mantener un registro de las transacciones de las personas e investigar posibles irregularidades que podrían apuntar a la comisión de actividades ilegales.
En este sentido, la Ley 10/2010, del 28 de abril, ha impuesto un límite a la cantidad de dinero que puede cargar una persona en billetes dentro del territorio español. Así, un ciudadano puede llevar hasta 100.000 euros en su persona si transita por la vía pública. Si supera esta cantidad, está obligada a tener también una declaración firmada que lo justifique aportando "datos veraces relativos al portador, propietario, destinatario, remitente, importe, naturaleza, procedencia, uso previsto, itinerario y modo de transporte de los medios de pago", según lo que dispone la ley. Y si no puede justificarlo, se expone a que los agentes la multen.
Límite a pagos
El máximo legal de dinero en efectivo que se puede llevar en la calle no es lo único que señala esta ley. También se limitan los pagos que se pueden realizar en efectivo, que pueden llegar a alcanzar los 1.000 euros en cualquier establecimiento. Son algunas de las medidas que impone Hacienda para impedir las operaciones de fraude fiscal, que dependen en gran parte de la dificultad para rastrear los pagos en metálico.
Además, las transferencias bancarias también están vigiladas por Hacienda. Los bancos están obligados a informar de cualquier movimiento que supere los 3.000 euros, pero existen varias situaciones en las que podrían justificar una sospecha que surja a causa de un pago de menor cantidad y avisar a las autoridades.
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