Madrid.- Medio centenar de inversores en pagarés asesorados por el despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados presenta esta semana en la Audiencia Nacional una querella contra la familia Ruiz-Mateos por los presuntos delitos de estafa y administración desleal, con responsabilidad civil subsidiaria del Estado.
En declaraciones a Efeagro, el socio del despacho Enrique San Juan ha explicado que los Ruiz-Mateos cometieron, presuntamente, administración desleal en sus grandes enseñas, ahora en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos), al utilizar una sociedad que gestionaba su tesorería en su perjuicio y en beneficio de otras compañías del conglomerado de Nueva Rumasa.
En concreto, el entramado de empresas de Nueva Rumasa operaba con un sistema de caja única gestionado mayoritariamente por Bardajera, una sociedad administrada por Zoilo Pazos Jiménez, sobrino del patriarca de la familia Ruiz-Mateos.
La existencia de esa sociedad ya fue revelada públicamente por la titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Palma de Mallorca, María Encarnación González, que supervisa el concurso de acreedores de Quesería Menorquina (fabricante de "Tranchettes" y "Santé").
González advirtió que una empresa de Nueva Rumasa gestionaba la tesorería de Quesería Menorquina, con transferencias en contra y a favor de esta compañía.
"La administración societaria y de hecho de las principales empresas de Nueva Rumasa, que es la familia Ruiz-Mateos, infringió los deberes de respeto a las sociedades administradas con esa operativa", ha criticado Enrique San Juan.
El exjuez mercantil de Málaga también sostiene que se cometió un presunto delito de estafa con los inversores en pagarés, ya que "hubo un desplazamiento patrimonial basado en el engaño y en la certeza de que las cantidades aportadas no se podían devolver".
En este sentido, el despacho de abogados aportará como prueba las cartas que la familia Ruiz-Mateos remitió a los principales responsables del grupo Santander, en las que José María Ruiz-Mateos admite que no es buen momento para invertir, contrariamente a lo que afirmaba en su publicidad para captar el dinero de los particulares.
En una de las misivas remitidas al director general de riesgos del Banco Santander, con copia a Emilio Botín y Alfredo Sáenz, el patriarca sostiene que "los tiempos no están para invertir, sino para recoger..; a veces es bueno aparentar, de cara a sostener un clima de confianza y seguridad ante proveedores y clientes".
En la carta también explicaba que "mucha de la publicidad que sale en los medios sobre inversiones y puestos de trabajo forma parte del marketing de cara a la opinión pública, pues a la hora de la verdad, si lo analizas bien, cuando llevamos a efecto alguna operación mercantil es porque recibimos más de lo que invertimos".
En su querella, el despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados apoya su tesis de presunto delito de estafa con una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de la que fue ponente Enrique Bacigalupo, que trata un supuesto similar al de las empresas concursadas de Nueva Rumasa.
El despacho no solo culpa a los Ruiz-Mateos de la situación de los inversores en pagarés, sino también a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por considerar que incumplió su deber de vigilancia y no intervino para paralizar la suscripción de las emisiones de pagarés anunciadas por Carcesa, Maspalomas, Hibramer, José María Ruiz-Mateos SA e Inversiones Ruiz-Mateos.
El bufete de abogados tiene constancia de varios inversores que suscribieron pagarés por menos de los 50.000 euros exigidos como mínimo para emisiones no autorizadas por la CNMV, lo que habría vulnerado la Ley del Mercado de Valores.
Asimismo, Enrique San Juan sostiene que las actuaciones legislativas del Gobierno para limitar este tipo de inversiones (imponiendo la necesidad de que los emisores cuenten con un intermediario autorizado) no impidieron que Nueva Rumasa siguiera captando ahorro público.
Por todo ello, el despacho de abogados pide que el Estado responda subsidiariamente de todos los daños y perjuicios causados a los particulares que representa, con inversiones próximas a los 10 millones de euros.
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