En los ministerios del gasto ya han puesto a enfriar el champán. Tras más de una década condenados a permanentes tiras y aflojas con los rigurosos funcionarios de la Intervención General del Estado del Ministerio de Hacienda cada vez que querían ejecutar un programa de gasto previsto en sus propios presupuestos, Moncloa parece dispuesta ahora a liberarles de ese trago al menos en todo lo que se refiere a la ejecución de los recursos vinculados al Fondo de Recuperación Europeo. El Gobierno está decidido a suspender el esquema de fiscalización previa del Ministerio de Hacienda sobre el gasto público en aras de agilizar la ejecución efectiva de los fondos europeos cuando éstos empiecen a llegar, en línea con la petición formulada hace apenas unos días por CEOE en el documento elaborado por la organización empresarial y un grupo de élite de abogados expertos en Derecho Administrativo para eliminar los cuellos de botella que pudieran comprometer la adecuada ejecución del Fondo de Recuperación, según han asegurado a La Información fuentes empresariales y gubernamentales.
La supresión de ese esquema de fiscalización previa eliminará, de instaurarse como es la intención en el Real Decreto que el Gobierno aprobará antes de final de año y que remitirá a Bruselas los primeros días de diciembre, un paso especialmente delicado en el procedimiento administrativo de ejecución de los programas de gasto público y permitirá a los ministerios ejecutar de forma directa los créditos procedentes del Fondo de Recuperación Europeo que tienen asignados sin necesidad de recibir previamente el visto bueno del Ministerio de Hacienda, como sucede en el procedimiento vigente a día de hoy.
El entramado de cautelas para controlar el gasto de los ministerios dispuesto por los sucesivos equipos del Ministerio de Hacienda desde los tiempos de la crisis financiera hasta la actualidad se ha señalado tanto desde el sector privado como desde el sector público como uno de los principales cuellos de botella a resolver casi desde que se planteó el debate de la necesidad de disponer de un sistema que permitiera una rápida ejecución de los fondos europeos. Incluso antes. Allá por el mes de marzo, en plena irrupción de la Covid-19 y con los hospitales de toda España desbordados por la avalancha de pacientes infectados, el Gobierno chocó con la naturaleza inexorable de los controles regulatorios al gasto público cuando intentó proveerse de material sanitario y de protección en el mercado asiático, el único con mascarillas, guantes y material médico disponible aquellos días.
Sin créditos presupuestarios específicos dotados para incurrir en ese gasto imprevisto en las cuentas del Ministerio de Sanidad, como exige la normativa presupuestaria, Salvador Illa se encontró con la imposibilidad de adelantar el pago efectivo del material apalabrado a los proveedores y éstos optaron por colocar la mercancía a otro comprador. El Gobierno reaccionó con diligencia suspendiendo transitoriamente la normativa presupuestaria para permitir este tipo de operaciones de compra de material sanitario, pero el asunto mantuvo al Gobierno español fuera del mercado durante diez días eternos en que miles de médicos tuvieron que trabajar sin protección alguna.
Fuentes del Gobierno reconocen que el recuerdo de aquel angustioso episodio ha contribuido a que ahora la suspensión de ese esquema de fiscalización previa del gasto por parte del Ministerio de Hacienda esté en la lista de prioridades cuando de lo que se trata es de limpiar la normativa contractual y presupuestaria española de cuellos de botella para facilitar que los fondos europeos se gasten a la velocidad requerida. El asunto estaba en el guión de temas que el Gobierno le trasladó al grupo de trabajo constituido en CEOE para realizar una propuesta de esquema legislativo 'ad hoc' para los fondos europeos y figura en la propuesta de Real Decreto que el domingo la organización empresarial le trasladó a Presidencia del Gobierno
El texto plantea que se pueda tramitar un expediente de contratación y proceder a la licitación "sin necesidad de la incorporación del certificado de existencia de crédito presupuestario", preceptivo según la normativa vigente, y también que la fiscalización previa "sea sustituida por las modalidades de control financiero permanente y de auditoría pública", lo que en román paladino viene a plantear que se suspenda el control previo sobre los expedientes de gasto por un control a posteriori. Un cambio revolucionario por cuanto implicaría que Hacienda ya no tendría la potestad de autorizar o no a los ministerios para ejecutar los programas de gasto público como ha venido haciendo de forma estricta en los últimos años.
Los problemas de levantar los cortafuegos al despilfarro
Fuentes jurídicas señalan que la fiscalización previa de Hacienda ha actuado como un cuello de botella durante todos estos años. En principio ese control previo de la Intervención se limita a constatar la existencia de un crédito presupuestario suficiente y adecuado para financiar el gasto que plantea el ministerio y a verificar en su caso la materialización del mismo cuando proceda, es decir, a chequear que hay ordenadores cuando se dice que ese crédito se necesita para pagar la adquisición de unos ordenadores. Sin embargo, no sólo desde el sector privado sino también desde los ministerios se quejan de que este esquema de control previo ha empoderado tanto a los interventores que sus informes van en ocasiones más allá de ese perímetro y entran en asuntos como valorar la mayor o menor oportunidad del gasto. "El caso es que si no hay informe favorable de la Intervención el gasto en cuestión no se autoriza", asegura una fuente conocedora de este procedimiento.
En los últimos años no son pocos los planes de gasto que han encallado en el esquema de fiscalización previa de la Intervención del Ministerio de Hacienda. Una circunstancia que según un funcionario con larga experiencia en el Ministerio de Hacienda no es únicamente atribuible al celo de los interventores sino también a los responsables que han pasado por el Ministerio y que se han servido de este procedimiento para mantener a raya a los ministerios especialmente proclives a gastar en estos últimos años en los que la consolidación fiscal ha sido una prioridad de la política económica. Estas fuentes invitan a revisar los niveles de ejecución de determinados programas presupuestarios durante los años de Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda para comprobar cómo se puede contener el gasto sin necesidad de realizar declaraciones de no disponibilidad de créditos.
Otra objeción que justifica la suspensión de este esquema es la falta de recursos en la Administración. Las fuentes consultadas señalan que si ya ahora el organismo tiene dificultades para evaluar en tiempo y forma - tienen 15 días para hacerlo- los programas de gasto que les presentan los ministerios de forma ordinaria, la avalancha de gastos que se deberían autorizar en cuanto empiecen a entrar los 27.000 millones de euros de los fondos europeos pueden generar una situación de colapso.
Un miembro del cuerpo de interventores del Estado con cerca de 30 años de trayectoria profesional en el cuerpo advierte no obstante de los riesgos que puede tener la suspensión de este esquema. Recuerda que se instauró por la necesidad de poner coto al descontrol del gasto público en los ministerios, como una especie de cortafuegos a las situaciones de despilfarro que se daban por la ausencia de un control estricto sobre las partidas de gasto, y que básicamente consiste en un control de legalidad por lo que su no ejecución puede dar lugar a situaciones no deseadas.
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