Hay que evitar la maldición del nuevo rico al que le ha tocado la lotería. La lluvia de millones que España recibirá de la Unión Europea, en el marco de los fondos especiales para amortiguar el impacto de la pandemia de la Covid-19, puede generar más que un problema de gestión, "cuellos de botellas" administrativos y una cascada de consecuencias que, si no se amortiguan antes, podría aguar la recepción de hasta 140.000 millones de euros en los próximos seis años. El Ejecutivo ya está trabajando para evitarlo pero desde el mundo empresarial la preocupación crece. Y se quedan sin tiempo si no quieren que se naufrague en medio de las ayudas.
Por todo ello, desde la Confederación de Empresarios ha remitido al Gobierno de coalición una propuesta de proyecto de Real Decreto-Ley para la "agilización de la distribución de los fondos europeos Next Generation EU, con el objetivo de acelerar los procedimientos para canalizar estos recursos hasta el sector privado y de flexibilizar los instrumentos de colaboración público-privada".
A pocas horas de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se reúna de nuevo este lunes con los agentes sociales (sindicatos y patronal) en otro gesto de acercamiento y mando tendida al diálogo social, la CEOE reclama "una norma de urgencia ad hoc que temporalmente excepcione, sin modificarlas, la aplicación de determinadas disposiciones de la legislación de contratación pública y de subvenciones, al tratarse de la distribución de los fondos Next Generation EU".
En concreto, se propone la aprobación de un Real Decreto-ley "con modificaciones en preceptos específicos de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley General de Subvenciones, así como de otras normas complementarias, que resulten exclusivamente de aplicación respecto de los procedimientos a los que se destinen los fondos europeos", explican los empresarios en un comunicado.
En particular, la patronal teme los "cuellos de botella" derivados de la falta de medios o de base legal, "dada la complejidad de la tramitación" de esos futuros ingresos. "De un lado, si no se superan estos obstáculos, al demorar los compromisos de gasto y, de este modo, impedir que puedan ser atendidos con el importe asignado del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la recuperación de la economía española a la que están destinados estos fondos se podría ver frustrada, con la consiguiente destrucción de empresas y empleos", advierte.
De una forma más detallada, la CEOE pone encima de la mesa varias cuestiones que hay que solucionar, como "proporcionar a las unidades encargadas de la ejecución y gestión de los fondos europeos medios adicionales para hacer frente a esta labor, no solo atajando o minimizando los cuellos de botella operativos, sino también generando sinergias entre dichas unidades". Además, pretenden que se acorten los tiempos de tramitación de los expedientes "y simplificar su instrucción".
En paralelo, "se propone la exclusión de la exigencia de garantía provisional, la generalización de las declaraciones responsables y la utilización de medios electrónicos", así como "evitar que determinados trámites, como la fiscalización previa o la acreditación de la existencia de crédito presupuestario, impidan avanzar en la tramitación de los contratos o las ayudas, con el consiguiente ahorro de tiempo".
También se persigue "hacer compatibles las imprescindibles medidas de control ambiental de determinados proyectos con la agilidad en la tramitación de los procedimientos destinados a llevarlos a cabo" e "incentivar la búsqueda en el sector privado de proyectos transformacionales y alineados con los objetivos de los fondos europeos Next Generation EU, ante los réditos asociados a ser los primeros en plantear estos proyectos al sector público".
Por último, se busca "agilizar la colaboración público-privada, flexibilizando las formas de colaboración interadministrativas y de los sectores público y privado a través de consorcios con el objetivo de que dicha colaboración permita una utilización más eficiente y eficaz de los fondos europeos" y se propone "incorporar a las entidades financieras a la misión de agilización, abriendo la posibilidad de que voluntariamente se sometan al correspondiente convenio de colaboración, cuando las bases reguladoras así lo prevean, para intervenir en el procedimiento de concesión de las subvenciones, de cara a la tramitación de las solicitudes, el análisis de requisitos y la propuesta de concesión".
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