Una vez más el objetivo de fondo es perseguir el fraude fiscal. El Ministerio de Hacienda pretende desarrollar un índice oficial de valores del mercado inmobiliario para que se erija como referencia oficial única a la hora de determinar el valor a gravar en las transacciones de bienes inmobiliarios en impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales o el de Sucesiones y Donaciones. El empeño se justifica porque en la actualidad cada comunidad autónoma utiliza sus propias referencias, a partir de metodologías muy diferentes y su inconsistencia ha generado una litigiosidad fiscal tremenda en ese ámbito, ya que en muchas ocasiones las comunidades autónomas reniegan de sus propias valoraciones cuando de lo que se trata es de gravar una transacción...y porque la picaresca ha aprovechado esta laguna para tratar de obtener también una ventaja fiscal ilegítima.
La idea de implantar ese índice no es nueva. El Gobierno de Mariano Rajoy la incluyó en sus Presupuestos Generales del Estado de 2018 -aún en vigor- con el objetivo declarado de ofrecer a todos los agentes que operan en el mercado inmobiliario una referencia oficial sobre el comportamiento de los precios. La intención no era, se decía entonces, proporcionar el valor de mercado específico de cada uno de los 26 millones de inmuebles censados en España sino segmentar la información por unidades homogéneas "a las que se asignarán módulos de valor". Es decir, que si hablamos del Barrio de Salamanca y allí la vivienda tipo es de cuatro dormitorios y 150 metros cuadrados, el Catastro identificará el valor de esa vivienda y a partir del mismo estimará el del resto de inmuebles del sector.
El plan inicial del Catastro era calcular ese valor de referencia a partir de la información que se les remite desde los Registros de Propiedad y las tasadoras, y posteriormente contrastarla con otras fuentes de mercado a partir de herramientas de 'big data', aprovechando entre otras fuentes los datos proporcionados en portales inmobiliarios especializados tipo Idealista y Fotocasa para dar la mayor fiabilidad posible a esa información. Al equipo de María Jesús Montero, sin embargo, el proyecto no le ha convencido. Según fuentes de Hacienda, el futuro valor de referencia de los inmuebles se determinará exclusivamente "de la observación y análisis de las compraventas inmobiliarias efectuadas ante Notario y no se utilizarán los servicios de valoración de inmuebles que ofrecen las plataformas privadas" como Idealista, Fotocasa o Remax.
Hacienda aclara que eso no quiere decir que el Catastro no vaya a seguir explotando esa información de mercado para monitorizar la evolución de los precios, pero sí aclara que no se utilizará para ese índice de referencia con trascendencia fiscal sino solo dentro del seguimiento cotidiano que se realiza de las fluctuaciones de los precios del mercado por parte del Observatorio Catastral del Mercado Inmobiliario.
La argumentación del Ministerio defiende que, de este modo, el Catastro trabajará "con la única fuente que puede dar seguridad jurídica, la que se corresponde con los importes efectivamente satisfechos en las compraventas de inmuebles en las operaciones ante Notario". El equipo anterior entendía, por el contrario, que era positivo y añadía fiabilidad al índice contrastar la información declarada en el Notario con otras fuentes del mercado para detectar y 'limpiar' cualquier eventual distorsión.
La alargada sombra de la actuación de la CNMC sobre el sector
Desde el Ministerio se explica esta decisión por motivos puramente técnicos y se desvincula, por omisión, del expediente de investigación abierto por la Comisión Nacional de Competencia (CNMC) contra siete agencias inmobiliarias por la existencia de indicios de que habrían concertado precios para establecer de forma irregular valores por encima de mercado. Desde Hacienda se aclara que la intención del Ejecutivo socialista ha sido desde el principio calcular ese valor de referencia a partir de compraventas ante notario.
El Gobierno socialista ha ido, de hecho, un paso más allá que el Gobierno Rajoy en la funcionalidad de este índice. Mientras en los Presupuestos de 2018 el índice se vendía como una nueva herramienta de mercado para proporcionar una referencia fiable sobre los precios inmobiliarios, sin ninguna trascendencia legal, el Gobierno socialista ha sido más ambicioso y en el anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que presentó a finales de 2018 ya incluyó una modificación legal que preveía cambiar las leyes de tres impuestos -Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones y Patrimonio- para sustituir la actual referencia al 'valor de mercado' por una referencia al 'valor real' a la hora de gravar transacciones inmobiliarias.
El cambio se sostenía en la existencia -en aquellos momentos, y todavía hoy, pendiente de desarrollo- de un índice oficial de valores inmobiliarios que consignaría ese 'valor real' de los activos inmobiliarios frente a esa incierta referencia al 'valor de mercado' que de alguna manera hacía depender éste de las condiciones de cada operación.
Las consecuencias de ese cambio no son irrelevantes y así lo admitía el Gobierno socialista en la memoria de análisis normativo de la norma en la que admitía que la reforma "puede redundar en una modificación de los valores de buena parte de los bienes inmuebles". Una fórmula eufemística que se traduce, según admitió Hacienda hace poco más de un año, en un previsible incremento recaudatorio que beneficiará a las arcas de las comunidades autónomas.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios