Montero exige un balance de daños a las empresas públicas y vigila posibles ERE

El Ministerio de Hacienda quiere conocer lo antes posible las cicatrices que el impacto de la Covid-19 ha dejado en el sector público estatal. Con ese fin ha circulado entre todo el entramado de empresas, organismos autónomos, agencias, consorcios y otro tipo de entidades dependientes de la Administración del Estado una nota informativa de la Oficina Nacional de Auditoría en virtud de la cual se les insta a incluir en sus estados de cuentas correspondientes a 2019 una descripción detallada de los efectos más relevantes de la pandemia sobre su actividad, desde su expectativa de pérdida de ingresos hasta su previsión de renegociación de créditos bancarios, pasando por la afectación que la crisis puede tener sobre la estabilidad de sus plantillas.

Hacienda entiende que la irrupción del Covid-19 no tiene ningún efecto sobre las cuentas de 2019 de las entidades del sector público dependiente del Estado y que por tanto no generará ningún reajuste de esa información, pero que sí debe ser considerado un 'hecho relevante posterior al cierre' bajo el argumento de que no facilitar ningún información al respecto "podría distorsionar la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales". Principalmente, en este caso, la Administración del Estado, accionista único en la mayor parte de los casos o mayoritario en el resto.

Lo que pide Hacienda, y lo que los auditores públicos se encargarán de exigir a todas las entidades dependientes del Estado, es que los informes sobre sus estados financieros incluyan un 'balance de daños' lo más completo posible sobre los efectos causados por el azote de la Covid-19. Entre estos, el Ministerio ha incluido un capítulo de 'afectación a la gestión laboral', en el que recomienda incluir información sobre empleados contagiados y sobre trabajadores que no puedan desarrollar su función laboral y también "si hay algún planteamiento de ERTE o procesos similares y si ello va a generar reestructuraciones". El asunto es de especial interés para el departamento que dirige María Jesús Montero, que en la primera fase de la crisis prohibió taxativamente a las empresas públicas acudir a los ERTE para rebajar la factura de la paralización de su actividad a causa del confinamiento decretado por las autoridades sanitarias del Gobierno.

Hacienda es en última instancia el Ministerio en el que acaban todos los planes laborales de los organismos autónomos y empresas del sector público. Alcalá, 9, ha frenado acuerdos con sindicatos en importantísimas empresas públicas como Adif porque se sostenían en incrementos de gasto no previstos y también mantiene 'hibernada' la aplicación de algunas disposiciones, como planes de prejubilaciones en algunas grandes empresas públicas, por no haber acreditado de forma suficiente su carácter neutral para el gasto público. Bajo esta premisa, no extraña que Hacienda quiera disponer de un mapa de lo que se le puede venir encima en los próximos meses en términos laborales.

Pero la información que se pide al sector público es mucho más rica. Las empresas, organismos autónomos o entes públicos del Estado deberán realizar también una estimación del impacto que las consecuencias del coronavirus tendrá sobre su cuenta de ingresos a lo largo de 2020, de la situación de su tesorería y de si alguna de las disposiciones establecidas con motivo del estado de alarma - en concreto, la habilitación que se hizo al Gobierno para disponer de los créditos presupuestarios previstos para organismos autónomos y otro tipo de entidades - ha afectado a sus fuentes de financiación; o de si ha producido algún deterioro importante en el valor de los activos de la empresa.

En resumen, una fotografía lo más precisa posible del estado en que el coronavirus ha dejado las cuentas del sector público, sin tener que esperar a que rindan cuentas por el ejercicio de 2020 allá por mediados de 2021. La nota de la Oficina Nacional de Auditoría de la IGAE pide de forma expresa a las entidades del sector estatal que realicen este ejercicio, pero ante la eventualidad de que no lo hicieran insta a los auditores públicos de la Intervención del Estado a que realicen los trabajos de auditoría que sean necesarios para aproximar las consecuencias de la Covid-19 sobre la situación de las entidades auditadas.

Margen hasta el próximo mes de octubre

Hacienda no esconde que del análisis de las cuentas de las entidades estatales puede llegar a suscitarse "dudas sobre la continuidad de la entidad", ya sea porque así lo indiquen los gestores o porque así lo determine el auditor. La ONA indica que en ese caso deberá señalarse una salvedad indicando la incertidumbre sobre la supervivencia del organismo en cuestión, del mismo modo que deberán incluirse párrafos de énfasis si la auditoría pública entiende que los riesgos derivados de la Covid-19 exceden de forma relevante los indicador por los gestores.

El principal problema con que se encontrará el departamento de María Jesús Montero para disponer de esta diagnóstico son los propios plazos que se han establecido como consecuencia del estado de alarma. En un ejercicio normal el sector público estatal tiene hasta el 31 de marzo del año siguiente para formular sus cuentas y la Intervención del Estado dispone de otros tres meses, hasta el 31 de julio, para auditarlas. De este modo, si no media ningún problema se dispone de la foto fija del sector público antes del mes de agosto.

Este año es diferente y la paralización de los plazos administrativos puede hacer que las cuentas no estén auditadas hasta octubre o noviembre, según reconoce el propio Ministerio en la nota informativa difundida por la Oficina Nacional de Auditoría.