El nuevo impuesto a la plusvalía urbana cuyos detalles ultima este fin de semana el Ministerio de Hacienda en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de aprobarlo este próximo lunes acabará con la tradicional exención de la que han venido disfrutando en el impuesto las ganancias de valor generadas en un periodo inferior a un año y las someterá al gravamen del mismo modo que ya ocurre con las generadas en periodos de tiempo más amplios, según han confirmado a La Información fuentes conocedoras de los trabajos para la reforma del impuesto.
El departamento que dirige María Jesús Montero pretende de esta forma que las operaciones de naturaleza más especulativa y los llamados 'pelotazos inmobiliarios' queden también bajo el radio de acción la nueva 'plusvalía urbana', aprovechando que el Ministerio de Hacienda dispone ahora de herramientas lo suficientemente sofisticadas como para acreditar el incremento de valor de los inmuebles y los terrenos de naturaleza urbana dentro del año en curso, algo que no sucedía cuando el impuesto se reguló.
Hacienda no está pisando un territorio inexplorado. La propuesta de reforma de la Plusvalía Urbana que el Gobierno de Mariano Rajoy trasladó a los municipios en el año 2017, ya con el impuesto en el punto de mira de la Justicia, preveía el sometimiento a gravamen de las plusvalías generadas en periodos inferiores a un año. En aquella ocasión la maniobra del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro respondió sobre todo, según fuentes consultadas que participaron en esa negociación, a la necesidad de habilitar algún tipo de compensación a los ayuntamientos por la inexorable pérdida de recaudación que se iba a derivar del hecho de no poder aplicar la plusvalía urbana a todas las operaciones inmobiliarias sino únicamente a aquellas que generasen algún tipo de ganancia al contribuyente.
La propuesta, no obstante, encalló como muchas otras iniciativas legislativas por la moción de censura a Mariano Rajoy que precipitó la llegada a Moncloa del Pedro Sánchez. Eso no impidió que algún gran ayuntamiento, como es el caso de Barcelona, regulara en su impuesto sobre la plusvalía urbana la aplicación de un coeficiente de incremento mensual del valor del inmueble desde el momento mismo de su adquisición.
El reconocimiento de una base imponible igual a cero en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) cuando la adquisición y la transmisión del inmueble o del terreno se producían en un periodo inferior a doce meses era uno de los aspectos más controvertidos de un impuesto ya de por sí muy polémico, como se ha encargado de subrayar la sentencia del Tribunal Constitucional que se lo ha llevado por delante. La norma sobreentendía que un año no constituía periodo suficiente para generar un incremento de valor sometible a gravamen, lo que dejaba fuera de su radio de acción un puñado de operaciones tras las que tanto fiscalistas como responsables de Hacienda percibían una clara naturaleza especulativa.
Por más lógica que parezca la medida tiene sus detractores. Argumentan que someter a gravamen las plusvalías presuntas generadas en un periodo inferior a un año puede tener efectos muy negativos sobre determinados contribuyentes que, por ejemplo, recurren de urgencia a la venta de activos inmobiliarios heredados por necesidades económicas perentorias o por que no pueden soportar el coste de mantenimiento que les puede acarrear ese activo inmobiliario. De hecho, ese argumento fue enarbolado por las alcaldesas de Barcelona, Madrid y Valencia en 2018 cuando Montoro trató de avanzar en ese sentido, como publicó en su día eldiario.es
Un nuevo impuesto en puertas
La intención del Ministerio de Hacienda es aprobar el Real Decreto Ley que dará sostén a la nueva 'Plusvalía Urbana' este lunes. Los ayuntamientos llevan desde el miércoles sin poder aplicar el impuesto desde que el Tribunal Constitucional hicera pública su sentencia, pero el impacto en sus cuentas de este periodo de suspensión temporal podría ser mayor si se tiene en cuenta la intensidad con la que han estado trabajando los bufetes para tratar de liquidar las transmisiones pendientes aprovechando este lapso. Entre las opciones que baraja Hacienda para minimizar los efectos de este paréntesis legal está que el nuevo impuesto se implante con efectos desde el pasado 26 de octubre
El Tribunal Constitucional avanzó la semana pasada en una nota de prensa la declaración de inconstitucionalidad de la Plusvalía Urbana por la fragilidad jurídica del mecanismo de determinación de la base imponible, basado en unas tablas que atribuyen incrementos de valor de forma automática a los inmuebles según el tiempo transcurrido sin una conexión evidente con el comportamiento del mercado. Lo más controvertido, sin embargo, ha sido que la sentencia restringe la capacidad de los contribuyentes de recurrir las liquidaciones giradas por los ayuntamientos e incluso las autoliquidaciones realizadas por los contribuyentes a partir de este modelo inconstitucional, en contra de lo que establece el procedimiento administrativo.
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