Renfe y Adif encaran estos días la fase final de la negociación con los sindicatos para cerrar sus respectivos convenios colectivos, que regularán las condiciones de los trabajadores de ambas empresas en un momento clave de su historia, el de la apertura del sector ferroviario doméstico a la competencia del sector privado. Sobre la mesa de negociación, un buen puñado de materias, pero dos cuestiones inabordables: la negociación de subidas salariales más allá de los límites establecidos en el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y la jornada de 35 horas, vetadas de partida por el Ministerio de Hacienda.
No tendría por qué. El acuerdo rubricado por los sindicatos mayoritarios en la Función Pública con el Gobierno de Mariano Rajoy hace ahora un año, y asumido después por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, abría la puerta a aplicar la jornada de 35 horas -una de las reivindicaciones históricas de la representación sindical- en aquellas Administraciones Públicas que cumplieran con los objetivos de consolidación fiscal (déficit público, deuda y regla de gasto) y también habilitaba la posibilidad de abordar subidas salariales extra en esos mismos casos.
Según fuentes gubernamentales, más de una empresa pública ha intentado en los últimas semanas agarrarse a ese resquicio legal habilitado en el acuerdo del 9 de marzo para ganar un margen extra, especialmente en la negociación salarial con los sindicatos. Uno de los ejemplos es el de Correos, cuyo presidente, según fuentes sindicales, tuvo que recular en medio de la negociación del acuerdo laboral con los sindicatos por la negativa de Hacienda a admitir una propuesta salarial que excedía los márgenes previstos en el acuerdo. No es el único.
El Ministerio de Hacienda ha bloqueado todos los intentos realizados en los últimos meses por empresas públicas en beneficios (y algunos sin ellos) de apelar a ese margen salarial extra previsto en el acuerdo para facilitar la negociación con los sindicatos. En concreto, el texto recoge la posibilidad de que las administraciones en situación de superávit amplíen cada año los fondos adicionales previstos -en 2018, el 0,2% de la masa salarial; en 2019, el 0,25%- hasta el 0,3% previo acuerdo en la negociación colectiva y para "entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a fondos de pensiones".
Según confirman fuentes del Gobierno y sindicales, Hacienda ha optado por una interpretación restrictiva de la redacción del acuerdo y ha apelado al incumplimiento del objetivo de déficit por parte de la Administración del Estado (cerró 2018 con un déficit del 1,5% cuando el objetivo era un 0,7%) para impedir cualquier alegría salarial en las empresas dependientes del Estado, del mismo modo que ya lo hiciera hace unos meses para desactivar el debate de las 35 horas en la Administración General del Estado.
El 'olvido' de la jornada de 35 horas
A Cristóbal Montoro no le quedó más remedio que transigir. Los sindicatos se habían plantado: o se abría de un modo u otro la puerta a la reimplantación de la jornada de 35 horas en la Administración o no firmarían acuerdo alguno. El ministro y su secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, transigieron y admitieron la inclusión de un párrafo que permitía reimplantar la jornada de 35 horas, pero sólo en aquellas Administraciones que tuvieran sus cuentas saneadas, como para cumplir el objetivo de déficit establecido en la senda de consolidación fiscal, tener su deuda bajo control y cumplir la regla de gasto.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que como consejera andaluza defendió la implantación de la jornada de 35 horas para los funcionarios de la Junta de Andalucía, pese a las dudas sobre su constitucionalidad - que acabaron siendo confirmadas por el propio Tribunal Constitucional - no ha sido tan comprensiva con las empresas dependientes del Estado.
Y eso que los sindicatos no han hecho causa de la jornada de 35 horas en las últimas negociaciones laborales en empresas como Paradores o Navantia, donde incluso han pactado una jornada de 40 horas, por encima de las 37,5 horas que constituyen la jornada máxima semanal de referencia desde el acuerdo entre Gobierno y sindicatos de marzo de 2018. Las indicaciones de la Abogacía del Estado para aplicar también con carácter general la jornada máxima de 37,5 horas en las empresas públicas dependientes del Estado no han variado el criterio implantado por Hacienda, que únicamente pretende habilitar esa posibilidad en las empresas con beneficios y rechazarla en las que tiene pérdidas.
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