Falta de mano de obra

La construcción afronta una oleada de jubilaciones que encarecerá la vivienda

La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) ha alertado sobre el envejecimiento de los responsables de las obras y las jubilaciones masivas que se prevén que, de no solucionarse, elevarán los precios.

El presidente de APCE y presidente de la comisión de Vivienda y Urbanismo de CEOE, Juan Antonio Gómez-Pintado
El presidente de APCE y presidente de la comisión de Vivienda y Urbanismo de CEOE, Juan Antonio Gómez-Pintado
APCE

El sector de la construcción es un sector envejecido. Según el último informe sobre el mercado laboral en la construcción, elaborado por BBVA Research, la edad media de los trabajadores de la construcción ha aumentado de manera más severa que en otras industrias hasta los 45,1 años de media en 2022. Desde la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) han alertado este martes de que esta realidad condicionará la evolución de la promoción de vivienda en un lapso de cinco a diez años por el retiro de capataces o encargados y, si no se pone remedio, se traducirá en un aumento "desmedido" del precio de la vivienda por el encarecimiento de costes

Estos perfiles serán necesarios para llevar a cabo la producción de obra nueva necesaria para satisfacer la demanda que se va a generar. Beatriz Toribio, secretaria general de APCE, asegura que se producen casi 100.000 viviendas menos de las que se necesitan para la previsión de 2,7 millones de hogares nuevos que habrá para el año 2037 -a razón de unas 180.000 viviendas al año-. Esta cifra contrasta con el número de residencias finalizadas, con en torno a 110.000 visados de obra nueva y 88.000 casas terminadas al año. Esto va a generar un desequilibrio entre la oferta y la demanda que presionará el precio al alza, a lo que se le sumaría una presión sobre los costes de producción por la falta de mano de obra -que encarecería los salarios-.

El presidente de APCE y también presidente de la comisión de Vivienda y Urbanismo de CEOE, Juan Antonio Gómez-Pintado, ha aprovechado el encuentro para lanzar las propuestas que, a su juicio, son imprescindibles para dar las soluciones a los problemas en construcción del sector residencial. En primer lugar, estima necesario acelerar la puesta en marcha de suelo finalista, ya que el precio del suelo "influye mucho" en el valor final de las casas. Por otro lado, el presidente también ha anunciado la elaboración de un observatorio para la vivienda de alquiler para monitorizar la evolución del mercado bajo el auspicio de la CEOE, una propuesta sobre la que no ha trascendido ninguna fecha concreta en la que se pondrá en marcha.

En lo referente a fiscalidad y ayudas, Gómez-Pintado, reclama que se generalice la reducción del IVA al 4% de la que disfruta la vivienda protegida al resto de modalidades de construcción con algún tipo de protección pública. En lo referente a los fondos Next Generation, APCE ha alertado de que los proyectos y obras habrán de estar finalizadas para junio 2026 y que "todavía no se han adjudicado concursos". El presidente de la Asociación ha querido recalcar que "todavía es posible" llegar a los objetivos marcados y beneficiarse de las ayudas si se quitan las barreras administrativas, aunque el tiempo "juega en nuestra contra", comentó. 

Observatorio de vivienda

El futuro observatorio de vivienda anunciado este martes vigilará la evolución de los precios de los arrendamientos allá donde se aplique la normativa de zonas tensionadas, recogido dentro de la ley de vivienda, una norma que incluye topes de precio y limitación para la renovación de los nuevos alquileres en aquellas áreas con unos precios que superen un umbral con base en un indicador que aún está por lanzar por parte del Ministerio de Vivienda. 

Según apuntó Gómez-Pintado, tras la iniciativa del observatorio se encuentran proyectos como el tope de los alquileres en Cataluña, que fue en parte revocada por el Tribunal Constitucional en 2022, y que "redujo la oferta en un 30%", aseguró. La Generalitat ya adelantó en el mes de enero que, amparado bajo la ley de vivienda aprobada por el Gobierno el año pasado, permitirá limitar los precios de los alquileres en 140 zonas de la comunidad.

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