La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, parece haber llegado a la conclusión de que para acabar con la incómoda costumbre de algunos empresarios de no resolver sus deudas con Hacienda aún con sentencias firmes en su contra no es suficiente con hacer públicos los nombres de sus empresas junto al de las cuantías adeudadas al Fisco, sino que hace falta dar un paso más. Y está dispuesta a darlo.
La ministra anunció esta semana que la próxima lista de morosos no sólo incluirá los nombres de los contribuyentes - particulares y empresas - que acumulan deudas firmes con Hacienda por cuantía superior a un millón de euros, sino que también hará pública la identidad de los "responsables solidarios y subsidiarios" de las deudas acumuladas por las empresas bajo el argumento, ya utilizado por su predecesor en el cargo, Cristóbal Montoro, de que los empresarios no puedan utilizar el escudo de la 'marca' de sus sociedades para sortear el público escarnio del que Hacienda los considera acreedores por no cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias.
El anuncio pone en el punto de mira a un puñado de empresarios que desde que Hacienda empezó a publicar esta suerte de 'lista negra' en el año 2014 vienen sufriendo la 'pena de telediario' de ver sus nombres publicados en informaciones periodísticas, pero que al menos tenían el alivio de no figurar con nombres y apellidos en la controvertida lista.
En un documento que incluye 3.978 empresas la lista de afectados es imposible de recoger en una información periodística - más aún cuando la ampliación que plantea Montero no sólo alcanza a los responsables solidarios, sino también a los subsidiarios -, pero sí es cierto que entre éstos hay una considerable nómina de nombres ilustres.
Por ejemplo, el de Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles by Marriott, y ex administrador solidario junto a Carlos Catalán Heredero de la sociedad Anca Corporate - ahora en liquidación -, que acumula una deuda con el Fisco de 89 millones de euros, cuya consideración por parte de Hacienda recurrió ante la Audiencia Nacional.
Otros nombres ilustres que podrían acabar en la lista son los del fundador de Marina D'Or, Jesús Ger; el del ex presidente del Grupo Aifos, Jesús Ruiz Casado; el propietario de Desguaces La Torre, Luis Miguel García Rodríguez Rivera; o el de responsable del Grupo Cantoblanco y ex presidente de CEIM, Arturo Fernández.
En el listado figurarían también el ex propietario de la inmobiliaria Reyal Urbis, Rafael Santamaría; el ex dueño de Martinsa Fadesa, Fernando Martín; o la viuda de Jesús Gil y Gil, Doña María Ángeles Marín Cobo, que figura como administradora única de uno de los proyectos inmobiliarios de la familia Gil, Promociones Guadalquivir, que arrastra deudas con el Fisco por valor de 36 millones de euros.
El cuestionable incentivo de publicar los nombres de los morosos
Nombres que según el planteamiento del actual equipo del Ministerio de Hacienda, compartido por cierto por sus predecesores que llegaron a incluir la medida en uno de los planes presupuestarios enviados a Bruselas con el añadido de la obtención de 150 millones de euros en recursos extra, tendrían una mayor urgencia en regularizar su situación fiscal en el momento en que vieran sus nombres incluidos en la lista.
Un razonamiento, por cierto, que a la vista de lo ocurrido durante estos últimos años es como mínimo cuestionable. Lo que dice la información disponible es que tras cuatro años de publicación del listado las deudas pendientes de pago por los contribuyentes con deudas firmes con Hacienda superiores a un millón de euros se ha reducido en 300 millones de euros, de los 15.600 a los 15.300 millones de euros, lo que parece indicar que tal vez los impagos no sean una cuestión de voluntad en la mayoría de los casos sino de capacidad.
Un porcentaje muy elevado de las empresas incluidas en el listado o están en concurso de acreedores, o están en fase de liquidación o incluso ya han sido liquidadas, lo que condiciona una posible recuperación de la deuda.
Dudas jurídicas sobre su aplicación
El asunto es que el anuncio del Ministerio de que se levantará el velo sobre la identidad de los dueños de las empresas que no pagan a Hacienda - apoyado por cierto por buena parte del arco parlamentario- podría ser más complicado de ejecutar de lo que pudiera parecer.
La consideración como 'responsable solidario' o 'responsable subsidiario' no es un camino sencillo, requiere de un acto administrativo y según la Ley General Tributaria debe venir precedido del cumplimiento de una serie de requisitos legales.
La ley considera como 'responsable subsidiario' a aquellos que se hayan hecho cargo de una empresa con deudas fiscales pendientes, lo que podría llevar a la engorrosa consecuencia de que un empresario que hubiera acudido en rescate de un proyecto empresarial con problemas pero con futuro se viera en una lista de morosos por el mero hecho de haber afrontado una operación empresarial de riesgo.
Fuentes tributarias aseguran que otro riesgo de la iniciativa es que su plasmación no responda a las expectativas creadas en la opinión pública. "Podría suceder que empresarios conocidos con responsabilidades en empresas del listado de morosos no aparecieran en la lista por estar fuera de los requisitos que aparecen en la ley", aseguran.
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