Esta normativa proporciona cierto alivio a las personas físicas o los autónomos que se han visto endeudados para saldar sus débitos y facilita la estabilidad a nivel económico, empresarial y personal.

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Desde el teléfono, el agua o luz, hasta asuntos editoriales, cualquier deuda es susceptible de acabar reflejada en esta lista.

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“Ni el Gobierno ni las instituciones médicas se han librado de las estafas en las compras realizadas durante crisis de la Covid-19”, apunta Mario Mazaira, CEO de iMorosity.

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• El 53% de los ciudadanos que figura en una está en ella por el impago de un préstamo personal. Los menores de 30, los más reincidentes.

• La lista se ha reducido en gran medida este año: muchos de los rostros conocidos que estaban antes ya no figuran.

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• Legalmente el acreedor y el fichero de impagados tienen obligación de informar al deudor de que será/ha sido incluido en dicho fichero.

• Con la aprobación de la nueva normativa también se crearán buzones para recoger denuncias anónimas sobre prácticas corruptas en empresas.