La aplicación del nuevo impuesto al plástico en las industrias que no logran reciclar todo el que utilizan en sus procesos de producción no está siendo un camino de rosas. Muchas compañías han mostrado serias reticencias a la hora de cumplir con todos los trámites burocráticos que supone la liquidación del tributo, que les está provocando "serios quebraderos de cabeza", según explican fuentes cercanas a ese proceso. Tanto es así, que muchas industrias están realizando una declaración responsable durante este 2023 para facilitar la gestión inicial hasta que este proceso esté adaptado.
La creación de este nuevo impuesto que incorpora la ley de residuos 7/2022, que entró en vigor el pasado 1 de enero, pretende fomentar la economía circular del plástico. El precio que se ha puesto a esta medida recaudatoria es de 45 céntimos por cada kilogramo de plástico producido que no sea reutilizable. Además, los fabricantes serán los encargados de declarar las cuantías sujetas a esta normativa. En una entrevista con La Información, Ricardo Pascual, director de Desarrollo de Negocio y Certificación de Producto de AENOR reconoce que “las empresas más punteras ya no quieren realizar declaraciones responsables, sino que sus proveedores tengan claro qué es lo que hay que hacer para liquidar el pago de la tasa".
El representante afirma que el nuevo impuesto responde a una petición de la Comisión Europea para que todos sus miembros colaboren con los objetivos medioambientales. Aunque ha sido el Gobierno español el que ha tomado la decisión de cumplir con estas premisas mediante una recaudación. “Esta normativa es muy importante, el valor económico que tiene es muy significativo en comparación con el precio de la producción del plástico, lo que se pretende es contribuir a la descarbonización y promover el reciclaje para reducir la presencia de esta tasa, ya sea en un 100% o en un 10%”.
Para demostrar que este impuesto se está aplicando correctamente la ley ha creado un certificado de conformidad que se asocia a la normativa europea para trazabilidad y el contenido de material reciclado. El alcance de dicha recaudación refleja un alza en los costes de producción de 450 euros por tonelada de plástico producida. En este sentido, el ejecutivo avisa de que los productos que no puedan optar por el reciclaje podrían tener un sobrecoste que pagarían los consumidores en el precio final.
En cualquier caso, Pascual defiende que "estamos hablando de un proceso al que hay que adaptarse rápido, ya que se está creando mucha demanda por parte de las industrias que desean liquidar el impuesto. Ahora mismo en AENOR cubrimos mercados en todo el mundo donde se importan materiales plásticos reciclados”.
Objetivos y polémicas
Estas políticas están provocando una serie de cambios que afectan a todas las empresas que usan este material en su fase de producción. En concreto, el objetivo definitivo de la ley, marca la finalidad de reducir la llegada del plástico al océano en vistas a cumplir con los estándares de la ONU recogidos en su informe “De la contaminación a la solución: evaluación mundial de la basura marina y la contaminación por plásticos”, en el que se hace hincapié en los riesgos y los problemas que genera el ciclo de vida de este producto y cómo influye en los ecosistemas naturales.
El directivo, expresa que este problema está muy relacionado con la ciudadanía, ya que los plásticos llegan al océano como unos vertidos abandonados de manera irresponsable. En cuanto a las empresas y el entorno de producción, asimismo admite que sí se ha reconocido un problema que se está tratando de corregir desde el sector que fábrica este tipo de material.
“Lo que se pretende es seguir el esquema OCS que lleva muchos años funcionando y mostrando el compromiso de nuestro sector para reducir esos plásticos que llegan desde los desagües hasta el mar. La propia industria debe imponer unas barreras de control para evitar que dentro de los centros de producción haya vertidos”. Expresa Pascual, ya que este esquema OCS está siendo impulsado por la Comisión Europea mediante un modelo de certificación en el que AENOR está siendo partícipe como miembro experto durante este 2023.
Siguiendo con los objetivos, Pascual reconoce que los planteamientos de la ley para reducir los plásticos de un solo uso en un 50% para el 2026 es “un compromiso retador y ambicioso porque los plásticos cada vez son más demandados en la sociedad y esto genera tensiones, ya que en estos momentos es más caro comprar una tonelada de material reciclado que otra que sea virgen”.
Por otra parte, también se desea poner fin a la ‘condición de residuo’, puesto que todas las empresas que fabrican plásticos poseen un producto interno que a veces no consigue llegar a la fase final de producción para salir al mercado. La ley diferencia los plásticos de postconsumo, aquellos que ya han sido utilizados y se han vuelto inservibles, de los plásticos reciclados para el consumo, los cuales son materiales con una utilidad determinada que, aunque tampoco hayan salido al mercado, pueden ser gestionados como un material reciclado de preconsumo. En este sentido el directivo indica que “la ley permite la utilización de los dos materiales si estos pasan por una herramienta de gestión de los residuos que los pueda convertir en auténticos productos reciclados”.
El último fin de esta normativa impulsa el uso de los dos materiales citados y ante este cambio, muchos consumidores se preguntan si el uso de los productos reciclados puede afectar a la calidad en el proceso de fabricación, sobre todo en la industria alimentaria. Sin embargo, Pascual afirma que los cambios que propone la legislación “no suponen ningún problema” porque “los productos que consumimos día a día, en mayor o menor medida, utilizan materiales reciclados de forma continuada, por ejemplo, todas las botellas de agua cuentan con materiales que han sido reciclados para desarrollar el producto final, aunque estas posibilidades no son siempre las mismas y hay algunos materiales de uso alimentario que no pueden reciclarse en el mismo sector.
Certificado AENOR
AENOR admite dos diferenciaciones dentro de las empresas para obtener su certificado. El primer aspecto a tener en cuenta es la trazabilidad del material reciclado, de tal forma que esta certificación es exclusiva para los recicladores y las compañías que compran residuos plásticos para hacer una clasificación del producto y que este sea transformado en un material determinado como las bandejas o los envases. Por otro lado, está el certificado del contenido reciclado que va dirigido hacia las empresas que, mediante esos plásticos, fabrican un producto final.
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