El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tendrá que afrontar en las próximas semanas las negociación de la última fase de la reforma de pensiones, que incluye entre otras medidas, el ajuste del periodo de cálculo de las prestaciones, un asunto al que se habían opuesto los sindicatos. Mientras el ex secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, dejó clara la intención del ministerio de aumentar a 35 años e incluso a toda la vida laboral el periodo de cálculo de las pensiones, ahora Escrivá desdice la intención, que está plasmada en el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas.
El ministro ha asegurado que "en ningún caso" se va a plantear elevar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión a 35 años, frente a los 25 años vigentes. En una entrevista en RNE, en un momento en que se se tendrá que acometer esta medida durante el diálogo con los agentes sociales, Escrivá manifestó que respecto al periodo de cálculo se pueden plantear "pequeños ajustes" para poder excluir años o mejorar el tratamiento de las lagunas de cotización.
Escrivá también ha señalado que se abordará con los agentes sociales subidas de la pensión máxima y de la base máxima de cotización algo que se hará de "forma gradual y suave". Estos dos hitos, el periodo de cálculo para las pensiones y las bases máximas, son los dos temas centrales de esta nueva fase de la reforma de las pensiones que el Gobierno quiere cerrar con acuerdo antes de final de año para cumplir lo pactado con Bruselas.
La extensión del cálculo de la pensión es uno de los cambios paramétricos que se han ido incluyendo en todas las grandes reformas aprobadas en España
Según recoge el documento enviado a Bruselas, "la extensión del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación es uno de los cambios paramétricos que se han ido incluyendo en todas las grandes reformas aprobadas en España desde 1985: en esa ocasión el periodo se incrementa de dos a ochos años; en 1997, a quince años; y la reforma de 2011, lo extiende progresivamente a los últimos 25 años de cotización en 2022 (en 2020 todavía se calcula con los últimos 23). Con carácter general, esta medida aumenta el carácter contributivo del sistema, pero puede tener efectos negativos, por eso es importante complementarla con medidas que modulan sus efectos como la posibilidad de elección de años o la mejora del sistema de integración de lagunas de cotización.
"En este sentido, la medida pretende reforzar la progresividad y el carácter contributivo del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y atienda la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales. Se ha de tener en cuenta que el efecto medio de calcular la pensión sobre un determinado periodo de referencia no es uniforme en las cuantías de las pensiones, pues depende de las características concretas de cada carrera de cotización", recoge el texto.
"En esta línea, se revisará el procedimiento de integración de lagunas de cotización, para atender a la realidad de unas trayectorias laborales cada vez más atípicas por fragmentadas, especialmente asociadas a la temporalidad, que perjudica de manera muy señalada a los jóvenes, así como a las mujeres, que experimentan en media más interrupciones en su vida laboral", advierte.
