La tasa de cobertura del desempleo, que mide la proporción de parados que son beneficiarios de prestaciones, se ha desplomado hasta niveles no vistos desde el año 2018. Este indicador clave del escudo social ha caído por debajo del 60%, lo que significa que cuatro de cada diez desempleados no cobran ninguna ayuda económica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Tras el récord alcanzado en 2020, cuando la tasa se disparó por el efecto de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en el pico de la pandemia, la cobertura ha ido descendiendo paulatinamente, señal de que muchos parados han agotado las prestaciones de las que eran beneficiarios y otros cuantos no han generado derechos suficientes para percibirlas.
En estos momentos hay 2.168.915 beneficiarios de prestaciones por desempleo sobre un total de 3.910.628 parados inscritos en el SEPE. Lo que significa que más de 1,7 millones de desempleados no están cobrando ninguna ayuda, bien por haber agotado los derechos o por no haberlos acumulado. La tasa de cobertura ha caído hasta el 59,6%, mínimo desde 2018, cuando se situó de media en el 58,2%. Incluso en los peores años de la crisis financiera la cobertura era bastante más amplia: entre 2008 y 2012 superó el 70% y en el año 2010 llegó a alcanzar el 78,4%, según figura en la serie histórica del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
El derrumbe del indicador llama la atención aún más si cabe porque hace ahora exactamente un año marcaba récord histórico al rozar el 135%. Este hito en el sistema de protección por desempleo se produjo por el impacto en las estadísticas de los ERTE, ya que estos expedientes conllevan el pago de prestaciones del SEPE para personas que no están contabilizadas como desempleadas, de modo que aumentó el número de beneficiarios protegidos sin que lo hiciera la cantidad de parados. De ahí que la tasa de cobertura frente al paro llegara a superar el 100%, habida cuenta de que en lo peor de la pandemia se alcanzaron los 3,5 millones de trabajadores en ERTE.
Desde entonces, la tasa de cobertura se ha ido reduciendo hasta el 59,6% actual (el último dato disponible es del mes de abril, a la espera de conocer el de mayo). De acuerdo con los registros del SEPE, en estos momentos el sistema cubre económicamente a 2.168.915 parados, pero solo 998.540 de ellos perciben una prestación contributiva (es decir, en función de lo que han cotizado) mientras más de la mitad (1.170.375) cobran ayudas del denominado "nivel asistencial", donde se incluyen los subsidios por insuficiencia de cotización, como la ayuda para mayores de 52 años, la Renta Agraria, la Renta Activa de Inserción...
El Gobierno quiere reordenar toda esa amalgama de más de media docena de subsidios que componen el nivel asistencial de protección al desempleo, simplificando y mejorando el sistema, tal y como ha trasladado a Bruselas en el Plan de Recuperación, en concreto, en la reforma 10 del componente 23 que ha elaborado el Ministerio de Trabajo. La medida va dirigida a integrar todos esos subsidios en una nueva prestación, complementaria a la protección contributiva, para las personas que hayan agotado el paro, que alcanzará los 452 euros. Según el compromiso trasladado a la Comisión Europea, la reforma entrará en vigor progresivamente durante 2022.
De acuerdo con la información remitida a Bruselas, la naturaleza del nuevo subsidio será la de una prestación por desempleo, complementaria del nivel contributivo, vinculada a cotizaciones previas y financiada con cargo al presupuesto de las prestaciones por desempleo. Como requisitos de acceso y mantenimiento de la prestación se exigirá la acreditación de carencia de rentas individuales y, en algunos casos, responsabilidades familiares, y el cumplimiento de un itinerario personalizado de empleo ante el servicio público de empleo competente. La duración del subsidio dependerá de la edad, circunstancias familiares y la duración de la prestación agotada con el objetivo de ampliar el periodo máximo actual del subsidio ordinario, incorporando las prórrogas de los subsidios extraordinarios aún vigentes.
Según detalla el Ministerio, la finalidad que persigue la medida es ampliar la protección por desempleo, mejorando la cobertura al ampliar la duración de los subsidios y eliminar lagunas de desprotección de los programas actuales; simplificar el funcionamiento del sistema, reduciendo el número de figuras para dar más claridad, seguridad jurídica y facilitar la gestión; vincular esta protección con el compromiso de seguimiento y realización de un Itinerario Personalizado de Empleo; y permitir que esta prestación sirva de transición hacia la protección social, cuando la persona beneficiaria no se reincorpore al mercado laboral y se encuentre en situación de vulnerabilidad.
Será el paso previo al trasvase definitivo de los beneficiarios del subsidio de desempleo al Ingreso Mínimo Vital. Tal y como se adelantó en estas páginas, la intención del Ministerio es reordenar todo el sistema de protección por desempleo, incidiendo en el carácter contributivo, mejorando la duración y cuantía de las prestaciones contributivas y suprimiendo o limitando la protección de nivel asistencial. De este modo, se mejoraría la protección de las personas trabajadoras en situación de transición al empleo, con una mayor posibilidad de inserción, quedando las situaciones de necesidad que surjan en caso de cronificación del desempleo protegidas por el IMV.
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