El Gobierno en funciones descarta que se vayan a implantar peajes en las principales autovías españolas en el año 2024, tal y como planteó a la Unión Europea como compromiso a cambio de recibir los Fondos de Recuperación comunitarios. Fuentes del Ministerio de Transportes confirman a La Información que el informe definitivo encargado a Ineco para plantear las distintas alternativas del sistema no está aún finalizado y que, por tanto, ni se han iniciado los trámites administrativos necesarios para desarrollar la medida ni se ha decidido qué hacer.
"Técnicamente no sabemos cómo hacerlo aún", aseguran desde el departamento que dirige Raquel Sánchez. "En la Unión Europea son conscientes de que, pese a haberlo planteado en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, no es algo fácil de plantear en España. La solución de pago por uso en un país periférico y radial como el nuestro no puede ser la misma que para Francia o Alemania", esgrimen. El Gobierno habría transmitido a Bruselas que "se está trabajando en ello" para así reducir los ecos que lleguen sobre un hipotético incumplimiento de lo pactado, que podrían condicionar el traspaso del cuarto tramo de los fondos.
El debate de los peajes en las carreteras españolas volvió a la arena pública en plena campaña electoral después de que el director de la DGT, Pere Navarro, asegurara que el Gobierno se planteaba su puesta en marcha para 2024. El Gobierno actuó rápidamente y desautorizó al máximo responsable de Tráfico para evitar un nuevo fuego político para la izquierda, sumida en plena carrera hacia las urnas. Pero la llama ya estaba prendida y la discusión sobre cobrar por circular se generalizó por la esfera pública.
La falta de consenso descarta el peaje duro
Dos días antes de las elecciones, en un acto con empresarios catalanes, Raquel Sánchez se vio obligada a negar que se estuvieran planteando "la aplicación de un sistema de pago por uso en 2024" y confirmó que estaban renegociando con Bruselas los términos de lo recogido en el dictamen del Plan de Recuperación. "Estamos analizando qué sistemas podemos implantar, diferentes al pago por uso, que aseguren el mantenimiento y la racionalidad en el sostenimiento de la red viaria, en primer término de autovías y autopistas, porque no tiene sentido que aplicamos a cargo de los presupuestos generales. Es un modelo que difiere de lo que se aplica en Europa", explicó la máxima responsable de Transportes.
Sánchez, que calificó el tema de "oportunismo político", alegó que la instalación de peajes en autovías "es inviable porque no se da el consenso, no hay acuerdo político". En cambio, dejó abierta la posibilidad de plantear algún "otro sistema, de acuerdo con nuestro compromiso con la UE, que a día de hoy no tenemos definido". La puesta en marcha de un sistema de peajes tiene varios frentes abiertos a día de hoy. Más allá del político se sitúan el jurídico y administrativo, condicionado por la falta de Gobierno, y el técnico, dado que la implantación de un sistema de cobro por uso en carreteras requiere de nuevas infraestructuras de peaje.
Primer problema: Una España sin Gobierno y sin PGE
Alejandro Corral, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo, cuenta a este medio que un sistema de este estilo no se puede implantar con un Gobierno en funciones como el actual, que parece que se alargará hasta fin de año. Pero sí se podría hacer en caso de que se constituyera un nuevo Ejecutivo. "Podría hacerse mediante Real Decreto-Ley si se justifica una urgente necesidad, como puede ser el tema presupuestario, ya que los peajes son una forma de generar ingresos".
La siguiente incógnita, más allá de su posterior aprobación política, es el encaje que tendría en una España sin Presupuestos Generales, dado que la aritmética parlamentaria asoma al país a la prórroga presupuestaria de cara al 2024. Para Corral, el hecho de que las cuentas se retrasen "no sería un obstáculo, en la medida de que lo que estás generando es un ingreso".
La traslación de estos peajes al ámbito tributario se realizaría en forma de una tasa que, aunque pueda incorporarse a los PGE como ingreso, no podría asignarse al mantenimiento de las autovías en unas cuentas prorrogadas, como pretende Europa. Esto requeriría, según el profesor del CEU, una mayoría de gobierno estable que apruebe su definición en un Real Decreto-Ley o mediante una modificación de la Ley de Carreteras. "Esta tasa es viable jurídicamente, pero las vías en que se establezcan serán en función de la fuerza política del Gobierno", explica.
Álvaro Bañón, profesor de la Universidad de Navarra, cree que todo esto complica la puesta en marcha de una tasa hasta el punto de que "no se va a aprobar". "Son medidas desagradables que ningún socio de gobierno querrá aprobarlas pese a estar comprometido", esgrime. El hecho de que la tasa no pueda ser finalista "es gran parte del problema". "Es lo que quiere la UE, pero no podrá serlo sin presupuestos. Si finalmente se impone, entraría en la cuenta general, pero no tendremos la seguridad de que se destine a su mantenimiento", cuenta en conversación telefónica.
Segundo problema: Falta tiempo
Para Julián Sastre, presidente del Instituto de Movilidad y profesor de la Universidad Pablo Olavide, una implantación próxima en el tiempo podría ser viable "dependiendo de la solución que se considere": "Hay soluciones muy sencillas, como la euroviñeta, que requieren de poca tecnología, pero depende de la capacidad que tenga la administración y deberían ser consideradas primeras fases", esgrime. Estos plazos podrían dilatarse si, como pasó con las Zonas de Bajas Emisiones, "fuera necesaria alguna modificación legislativa para alguno de los sistemas que se proponen".
Sastre reclama "una reflexión, que se analicen pros y contras". Una medida de este tipo tiene, a su juicio, tres puntos de vista: "Un componente social de movilidad sostenible, ya que tenemos que impulsar que la gente se pase al tren y al bus, y una manera de hacerlo es cobrar por el uso de la carretera. Otro desde la parte rural, porque si a la España Vaciada no le pones un sistema de autobuses adecuado, no les puedes decir que encima van a tener que pagar. Y además no es sólo una cuestión recaudatoria, hay que mantener el sistema viario para reducir la siniestralidad. No hay que ver la recaudación como algo negativo, sino como una forma de que muera menos gente", cuenta en conversación con este medio.
Julen Bollain, profesor de la Universidad de Mondragón, cifra en "de dos a tres años" el tiempo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y la estructura que ponga en marcha este sistema de pago por uso. "Parece que la opción pasa por algo parecido al modelo portugués, que se traduce en pagar el kilómetro recorrido o las viñetas, algo que nos permita superar los peajes puros". A su parecer, este sistema "está estancado en el pasado y puede resultar anacrónico".
Tercer problema: ¿Viñetas, peajes o cámaras?
Cree que el sistema se acabará implantando porque si acaba constituyéndose un gobierno socialista o de coalición "es muy complicado que tire para atrás esto, que está aprobado con Europa". Por el contrario, Sastre considera que un sistema de peajes tecnológico es "menos molesto, porque reduce los trámites, ofrece un control más sencillo y facilita la gestión". Desde el Ministerio de Transportes han deslizado a La Información su rechazo al sistema de viñetas, vigente en los países de la Europa central, porque "es muy injusta y pagan justos por pecadores".
En la implantación de este tipo de sistemas ha trabajado Alfredo Martínez, ingeniero de pruebas en una de las principales compañías del sector. La puesta en marcha de peajes se ha generalizado en buena parte de las economías occidentales, y esto le ha llevado a instalar este tipo de sistemas en países como Israel o Irlanda. Calcula que, en caso de que el modelo finalmente acordado sea el pago por kilómetro recorrido de autovías, serían necesarios varios años para la instalación y puesta en marcha de los pórticos, cámaras o centros de datos que conforman la infraestructura de este sistema. "Es inviable tener todo listo en 2024", sentencia.
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