La época expansiva en términos de inversiones en infraestructuras y transportes que lleva viviendo España desde hace un lustro no tiene visos de frenarse, a juzgar por los programas de las distintas formaciones políticas que se presentan a las elecciones del 23 de julio. Aunque en términos generales todos los partidos abogan por mantener los planes actuales de ejecución de grandes obras, el paradigma que envuelve al sector de la movilidad y el transporte ha virado sustancialmente tras la pandemia y la guerra de Ucrania, obligando a los partidos a ser imaginativos en sus respuestas a los retos de un sector en transformación.
Mientras Europa aboga por la electrificación de todos los modos de transporte, busca fórmulas para reemplazar a los combustibles fósiles e impone el "pago por uso" como criterio general para garantizar la sostenibilidad del transporte, en España las redes de carreteras y ferrocarril han alcanzado un grado de madurez suficiente como para dar lugar a nuevos debates. ¿Cómo se mantienen 15.000 kilómetros de carreteras gratuitas? ¿Seguirá creciendo la segunda red de alta velocidad más grande del mundo? ¿Son compatibles las infraestructuras de hoy con unas ciudades cada vez más grandes? ¿Se mantendrá la gratuidad al transporte? Las cuatro grandes formaciones políticas tratan de dar respuesta a estas cuestiones en sus programas electorales, que analizamos en La Información.
PSOE y Sumar pugnan por las políticas 'verdes'
Cuantitativamente, los programas con más propuestas en materia de movilidad, transportes e infraestructuras son los de PSOE y Sumar, este último fruto del apoyo que le aportan varias formaciones ecologistas, que abogan por catalogar la movilidad como "un derecho básico y de carácter universal", que además debe ser sostenible, para así cumplir con los planes de neutralidad climática para el año 2050.
Los socialistas, también muy ambiciosos con más de diez páginas de propuestas, buscarán mantener la línea llevada a cabo desde el Ejecutivo central y prometen poner en marcha aquellos planes que decayeron tras el anuncio electoral, como la Ley de Movilidad Sostenible. Esta se complementaría con una 'Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030' para "adecuar las políticas de movilidad e infraestructuras al nuevo contexto global". El Presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, también ha prometido transporte público urbano gratuito para los menores de 24 años, y el partido promete ayudas para luchar contra la "pobreza en el transporte".
En la derecha, Vox aboga específicamente por incrementar el gasto en obra pública, aunque para ello tendrá que modificar el Plan de Recuperación previo visto bueno de la Comisión Europea, mientras cuestiona la transición energética de la movilidad. Por su parte, el PP centra la mayor parte de sus propuestas en un mayor apoyo al sector de la automoción y propone unificar el acceso al transporte en una única tarjeta, algo que ya tienen implantado Vizcaya, Barcelona o Portugal.
El programa 'verde' de Sumar
Los de Yolanda Díaz proponen implementar una estrategia nacional de infraestructuras verdes y un fondo de compensación territorial para crear nuevas rutas transversales por todo el Estado frente a la radialidad de las actuales. Sus ideas tienen un fuerte peso urbano y, frente a la construcción de grandes obras estatales, apuestan por "garantizar el derecho a la movilidad sostenible y la accesibilidad universal del espacio público", con ideas como fomentar la instalación de ascensores en todas las viviendas o la extensión de las redes peatonales y ciclistas seguras.
Una de sus medidas 'estrella' en materia de movilidad pasa por que las empresas con más de 500 trabajadores abonen sus desplazamientos al lugar de trabajo, además de contribuir al mantenimiento de las infraestructuras. Esta medida se expandiría a centros comerciales, polígonos industriales o espacios logísticos, en lo que denominan "corresponsabilidad empresarial". Además, incluyen un apoyo específico al taxi frente a las VTC, planes de renaturalización en ciudades o la creación de un fondo de financiación del transporte público dotado con el equivalente al 0,25% del PIB, medida que también proponen los socialistas.
La competencia llega a todos los trenes
España se asoma a un nuevo paradigma en el transporte ferroviario después de un lustro de récord de inversiones que ahora deberán comenzar a amortizarse, apoyadas en la liberalización se deberá completarse en el año 2028 y que, además de llevarse a cabo en nuevas rutas de alta velocidad, también afectará a los trenes de cercanías y media distancia.
Ante esta situación, el PSOE aboga por el continuismo en su política de transportes y plantea extender fórmulas como los trenes de proximidad en ciudades medianas, ampliar las redes de Cercanías, más inversión en tren convencional o recuperar los trenes nocturnos internacionales. Promete la llegada del AVE a Asturias este mismo año —algo que ya se da por hecho— y a Almería en 2026, además de seguir avanzando en las conexiones con Extremadura, País Vasco, Navarra, La Rioja o Cantabria. Para mercancías, proponen estudiar la reapertura del ferrocarril Madrid-Aranda de Duero-Burgos y la nueva Ruta de la Plata por las provincias del oeste.
El PP propone seguir impulsando los corredores Mediterráneo, Atlántico y Central, se compromete a modernizar y mejorar infraestructuras "clave" como la conexión con Extremadura. Una de las propuestas más innovadoras de los populares es la implantación de una 'Tarjeta de movilidad ciudadana' que integre los distintos medios de transporte municipales y autonómicos, parecida a la que quiere implantar Portugal. También proponen desplegar un "plan de choque" para mejorar los servicios de Cercanías, una de sus banderas en Madrid para los comicios del 28-M.
Sumar aboga por triplicar la inversión anual en Cercanías y redes convencionales a costa de las inversiones en alta velocidad, mientras que Vox se limita a defender un refuerzo de la red ferroviaria, "con especial énfasis en la alta velocidad".
Ampliación de Barajas y El Prat
El gobierno que salga de las urnas del próximo 23 de junio será el encargado de negociar el nuevo Documento de regulación aeroportuaria (DORA), que implicará una nueva etapa inversora para actualizar las infraestructuras aéreas al búm turístico que se espera. PP y PSOE abogan por actualizar los planes directores de los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, con los populares queriendo convertirlos en hubs logísticos "de referencia mundial", y que los socialistas completan con más inversiones para los aeródromos de Tenerife.
En el lado contrario, Sumar aboga por "racionalizar" el transporte aéreo mediante la imposición de gravámenes a los aviones privados o a los asientos en clase business. También plantea la eliminación de los vuelos de menos de cuatro horas de duración que puedan ser sustituidos por el tren, medio por el que admite su preferencia. Para este plantea rebajar las tarifas de los billetes de alta velocidad y larga distancia, la vuelta de los trenes nocturnos o nuevas conexiones con puertos y aeropuertos. Vox no hace referencia a estos temas en su programa.
Transición al vehículo eléctrico
En materia de automoción, el Partido Popular alega que "el gobierno ha abandonado" al sector y propone la puesta en marcha de un plan 'España 2030' que permita recuperar la mesa de diálogo sectorial para potenciar la descarbonización y renovación del parque móvil que, a su vez, facilite la implantación de nuevos puntos de recarga de acceso público para vehículos eléctricos.
El PSOE ha propuesto un plan de electrificación de la Red de Carreteras del Estado, expandir las carreteras 2+1 y asegurar la conectividad móvil en todos los puntos del país, para avanzar hacia el vehículo autónomo. Para solventar la falta de camioneros, promete un plan de atracción del talento y la formación profesional del personal, además de ayudas para transicionar hacia los vehículos cero emisiones.
De su lado, Vox propone derogar el veto a la fabricación de motores de combustión a partir de 2035 y rechaza la electrificación de los vehículos, que considera impuesta por "las agendas globalistas". También aboga por abolir "las medidas que impiden a los españoles desplazarse en el medio de transporte que libremente elijan", apuntando directamente contra las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) incluidas en la reciente Ley de Cambio Climático.
Los de Abascal proponen frenar la implantación de peajes en autovías, medida ahora paralizada pero que forma parte de los compromisos del Gobierno con Bruselas para recibir los fondos europeos, mientras que los de Feijóo proponen implantar tecnología 5G en las vías de alta capacidad.
Sumar, por su parte, aboga por mantener las ZBE y establecer ayudas por criterios de progresividad en la compra de vehículos eléctricos. Se alinea con los objetivos europeos y propone fomentar la electrificación del parque móvil para que a partir del año 2040 no circulen vehículos con motores de combustión interna por España.
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