El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, avanza a paso lento, pero firme, en la negociación con la patronal y los sindicatos para la reforma del sistema de las pensiones. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó la semana pasada durante su intervención en el 43 Congreso Confederal de la UGT que se está "trabajando intensamente" para alcanzar un "gran acuerdo". La reforma se hará por fases y en la primera, que se aprobará antes de finalizar el año, no se entrará en las modificaciones más espinosas, pero sí se pondrá ya negro sobre blanco la nueva fórmula de revalorización de las prestaciones con el IPC, decisión que supondrá un coste para las arcas públicas de unos 3.500 millones de euros.
En el borrador del acuerdo, al que ha tenido acceso La Información, el Ministerio se compromete a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas "a través del incremento de las pensiones el 1 de enero de cada año de acuerdo con la inflación media registrada en el ejercicio anterior". Las previsiones más recientes del panel de analistas de Funcas elevan el IPC medio de 2021 al 1,6%, lo que implica que una subida de las prestaciones en esa proporción en 2022 costaría unos 2.500 millones de euros sobre los más de 160.000 millones que supondrá la factura total del sistema este año.
A esa cantidad habría que sumar el desembolso que implicará la paguilla compensatoria que se abonará a los pensionistas a principios del año que viene para compensar el desvío entre la subida de la pensión en 2021 (0,9%) y el IPC real medio registrado en el ejercicio (ese 1,6%, de cumplirse las proyecciones de los analistas). Esa paga supondrá un coste adicional cercano a los 1.000 millones de euros, de modo que el gasto total en el que incurrirá la Seguridad Social en 2022 para cumplir su compromiso de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones frente a la reciente escalada de la inflación se situará en el entorno de los 3.500 millones de euros.
De esta manera, los pensionistas verían incrementada su pensión el próximo año en un 1,6%, siempre que el IPC medio anual de 2021 se sitúe al finalizar el año en ese nivel, y recibirían además un pago único -previsiblemente en el mes de febrero de 2022- por esas 7 décimas que habrían perdido de poder adquisitivo. Haciendo un ejercicio rápido a modo de ejemplo, para una pensión media de jubilación de 1.186 euros, la subida general supondría unos 19 euros más mensuales y la paguilla compensatoria se quedaría en algo más de 8 euros en un pago único que ingresaría a principios de año.
Fuentes de la Seguridad Social explican que si la primera fase de la reforma de las pensiones se aprueba según el calendario previsto, el 1 de enero de 2022 las prestaciones se revalorizarán ya con el mecanismo nuevo, independientemente de lo que se decida al respecto de la paguilla, sobre la que prefieren no adelantar los detalles. No obstante, en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas el Gobierno informa a la Comisión Europea de que, efectivamente, "en 2022 se prevé una paga compensatoria por una inflación en 2021 posiblemente más alta del 0,9% al que se han revalorizado las pensiones este año". De modo que todo apunta a que habrá revalorización con el IPC y paga extra para evitar la pérdida de poder de compra.
En el documento que se está trabajando en la mesa de diálogo social, el Ministerio no solo garantiza la subida anual de las pensiones con el IPC, sino que se compromete a que, en el supuesto de inflación negativa -"algo muy infrecuente y de escaso impacto incluso en las circunstancias de los últimos años", asegura el texto- las pensiones no sufrirán merma alguna, quedando ese año inalteradas. De ese modo, Escrivá retiró su propuesta inicial, que que fijaba que la ganancia de poder adquisitivo en caso de inflación negativa tendría que absorberse en los años siguientes.
Pero además, se añade una regla adicional, y es que "con el objetivo reforzado de preservar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y garantizar la suficiencia económica de los pensionistas, el Gobierno y los interlocutores sociales realizarán una evaluación periódica, cada cinco años, de los efectos de la revalorización anual de la que dará traslado al Pacto de Toledo, y que contendrá una propuesta de actuación si fuese necesario corregir alguna desviación para preservar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones".
Reformas complementarias
Aunque la fórmula definitiva todavía no está cerrada, de materializarse la nueva propuesta que ligaría las pensiones al IPC sin mecanismos de ajuste que eviten un incremento del gasto estructural, el Gobierno se verá obligado a plantear ante Bruselas otras reformas que neutralicen el impacto sobre el ya abultado déficit del sistema. No en vano, las autoridades europeas han advertido a España en numerosas ocasiones de que vincular de manera permanente las pensiones a la evolución de la inflación y disociarlas de la esperanza de vida comprometería la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo y empeoraría la equidad intergeneracional, siempre que no se adopten medidas compensatorias.
De momento, en el corto plazo, Escrivá se ha comprometido con Bruselas a aprobar la revalorización con el IPC y la revisión de las penalizaciones a la jubilación anticipada y de los incentivos a la demorada. No será hasta mediados de 2022 cuando se abordarán medidas más espinosas como el nuevo sistema de cotización por ingresos reales para trabajadores autónomos o la reforma de los sistemas complementarios de pensiones para priorizar los planes de empleo. Para finales de ese año está prevista la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, la sustitución del factor de sostenibilidad por un factor de equidad intergeneracional y la adecuación de la base máxima de cotización.
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