Derogar, modernizar, actualizar... Es solo una muestra del abanico de términos que emplean los miembros del Gobierno para referirse a la reforma laboral. En el seno del Ejecutivo admiten las tensiones internas que, con frecuencia, se hacen evidentes públicamente. La última vez, esta semana en el Congreso de los Diputados, donde Nadia Calviño clamaba al cielo al escuchar, por boca de Yolanda Díaz, que se va a derogar la legislación del PP. El choque no es nuevo, pero se ha intensificado estos días porque la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo ha resucitado el término maldito -"derogar"-, que ya parecía superado por otras fórmulas -"modernizar" venía acaparando los discursos-, y ha colocado a Pedro Sánchez en una situación poco cómoda, forzándole incluso a matizar en público lo que va a hacer el Gobierno con el marco laboral vigente. El asunto no es baladí, pues la lupa de Bruselas se cierne sobre sobre esta reforma clave para acceder a los fondos europeos.
Sánchez tiene un 'papelón'. A la labor de mediación que debe ejecutar entre la actual interlocutora directa del ala de Unidas Podemos dentro de la coalición progresista y titular del área laboral, partidaria de derogar la reforma laboral del PP, y la máxima responsable de las políticas económicas del Gobierno, devota de la ortodoxia -ambas vicepresidentas, Calviño un escalón por encima de Díaz-, se le añade la presión que llega desde la capital belga. El líder del Ejecutivo tiene que convencer a la Comisión Europea de que el Plan de Recuperación que ha presentado España es solvente y va en la línea de las recomendaciones que han venido haciendo en los últimos años las autoridades europeas a los distintos gobiernos. Hay 150.000 millones de euros en juego. Y no es tarea fácil, porque lo que ha pedido explícitamente Bruselas es que "se preserven los logros de las reformas anteriores" y el acuerdo de coalición puso negro sobre blanco la derogación de la ley del PP.
No es solo una cuestión de forma, sino más bien de fondo. En un complejo juego de equilibrios, el presidente salió al paso el pasado miércoles en un acto público elegido a conciencia para hacer algunas aclaraciones. En el 43 Congreso Confederal de la UGT, ante la atenta mirada de un nutrido grupo de sindicalistas y en presencia de Calviño, Sánchez bajó al barro: "Es necesario un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Hay compañeros que me dicen 'tienes que decir derogar la reforma laboral', pero desde el Gobierno y de cara a la sociedad española, cuando estamos hablando de revisar a fondo nuestro mercado laboral, por supuesto que hay que derogar cosas que hizo el Partido Popular cuando estaba en el gobierno, pero hay otras muchas cosas que tenemos que actualizar y modernizar de nuestro mercado de trabajo".
Una de cal y otra de arena: derogar y actualizar. Acto seguido remató el discurso: "Es fundamental institucionalizar y reforzar la negociación colectiva como un mecanismo más de redistribución de la riqueza social y de la estabilidad social en nuestro país". Un espaldarazo al relato de Yolanda Díaz que arrancó el aplauso de la audiencia (incluido el de Nadia Calviño, sentada en primera fila junto a Pepe Álvarez), pero que no tardó en mutar de nuevo, lanzando un mensaje en clave interna: "La izquierda no solamente tenemos que decir que vamos a desmantelar, también tenemos que decir que vamos a avanzar, recuperando derechos laborales perdidos, pero también reconociendo otros nuevos que están poniéndose en cuestión". "Es ahí donde nos tenemos que encontrar", zanjó el presidente.
En el plan de reformas remitido a Bruselas el Gobierno ha plasmado la resolución de este pulso en forma de calendario: primero se abordarán, con carácter urgente, las medidas que priorizan las propias autoridades europeas -a saber, la reducción del paro juvenil, la modernización de las políticas activas de empleo y el despliegue de los ERTE- y después, aunque se negocien en paralelo con los agentes sociales, se aplicarán los cambios previstos en el marco de la negociación colectiva. De modo que los esfuerzos más inmediatos se van a focalizar en el Plan de choque contra el desempleo juvenil, la modernización de las políticas activas, la digitalización y modernización del Servicio Público de Empleo Estatal y el establecimiento de un mecanismo transitorio de ERTE hasta finales de 2021 que impulse la reincorporación de los trabajadores.
En paralelo, se negociarían las reformas de mayor calado, avanzando con cinco elementos: la simplificación de contratos, el nuevo mecanismo de estabilidad en el empleo y apoyo a la transición (los nuevos ERTE estructurales), la modernización de la negociación colectiva, la regulación de las subcontratas y la revisión de bonificaciones. "Cabe plantear una negociación para lograr un paquete equilibrado que permita contar cuanto antes con un nuevo marco laboral para encauzar un crecimiento rico en empleo de calidad, con mayor productividad y mayores salarios, con certidumbre y seguridad jurídica", recoge el texto, para matizar después que "las diferentes mesas de trabajo irán avanzando en paralelo para lograr un acuerdo que sirva de base al nuevo estatuto de los trabajadores del siglo XXI, adecuado a la realidad y necesidades actuales".
El Ejecutivo deja claro ante las autoridades europeas que "con el fin de garantizar la estabilidad en el tiempo de las reformas, todos estos elementos se tratarán en el marco del diálogo social, que reúne al Gobierno y a los principales agentes sociales, con el fin de llegar a soluciones equilibradas que permitan afrontar los desequilibrios existentes sin generar rechazo social y efectos secundarios indeseados". Para la CE es fundamental que las reformas cuenten con un amplio consenso que garantice su durabilidad en el tiempo, pero también que se lleven a cabo en base al calendario previsto y que se cumplan los objetivos fijados para ir desbloqueando los fondos. Los plazos para la reforma laboral son ajustados, porque tiene que ponerse en marcha antes de que acabe el año, y la tensión en la mesa de diálogo social es elevada. Hay que insistir: hay 150.000 millones de euros en juego.
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