La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado no supondrá, en principio, una escalada del déficit público en 2024 gracias al efecto positivo que el ciclo económico y la inflación tendrán sobre los ingresos públicos. Sin embargo, esa misma prórroga impedirá corregir el agujero estructural en las cuentas públicas ante la ausencia de medidas correctoras y de reformas estructurales y supondrá, a la vez, un obstáculo para que España pueda situar este año su desequilibrio en el 3%, como exigen las nuevas reglas fiscales.
Es una de las advertencias que el Instituto de Estudios Económicos (IEE) hace en su informe 'La prórroga para 2024 de los Presupuestos Generales del Estado'. En el documento, el servicio de estudios de CEOE muestra su preocupación por la falta de un plan de consolidación fiscal a medio plazo en un contexto de entrada en vigor del nuevo marco europeo, y en el que el endeudamiento público se mantiene en niveles muy elevados (la ratio despidió el año pasado en el 107,7% del PIB). Las nuevas reglas ponen el foco en la evolución del gasto primario neto de medidas de ingresos, que no puede aumentar más del 2,6%, mientras que en España lo hará un 4% este año y un 3,8% el próximo, según sus cálculos.
El 'think tank' apunta además a la tensión que ejercerán sobre el gasto las pensiones, el desempleo y las nóminas de los funcionarios. Sobre lo primero, el gasto en pensiones, apuntan a que se elevará por su revalorización según el IPC (la tasa aplicable al año 2024 supone un crecimiento del 3,8%); por el aumento del número de pensionistas; y por el deslizamiento de la pensión media, debido al efecto sustitución de las prestaciones entrantes en relación a las que salen del sistema.
El mayor aumento en volumen de gasto irá a parar a las pensiones
En los tres primeros meses del año el incremento del gasto en las pensiones contributivas ha sido del 6,3% en relación al mismo periodo de hace un año, por lo que de mantenerse este ritmo de crecimiento la nómina anual se elevará en unos 9.000 millones este ejercicio. A esa cantidad habría que añadir el gasto en prestaciones no contributivas, para las que el Gobierno aprobó una subida en la cuantía anual del 6,9%. Así, en el IEE estiman que el gasto total en pensiones se incrementará en alrededor de los 11.000 millones de euros.
Inciden, además, en que pese a la buena evolución del mercado laboral, en lo que va de año el gasto en prestaciones por desempleo ya se ha elevado un 4,1% por el aumento del número de beneficiarios y de la prestación media por beneficiario. Así, calculan que si esta tasa se mantiene el Gobierno deberá hacer frente a un desembolso adicional de 900 millones. La cifra podría elevarse hasta superar los 1.400 millones, si el comportamiento fuese similar al que se produjo en el año 2023, cuando el gasto en esta partida aumentó un 6,5% en media en el conjunto del año.
En lo que respecta al sueldo de los funcionarios, este se revalorizará alrededor un 2,5% por los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los sindicatos (2% y 0,5% adicional en función de la inflación armonizada). A esa tasa se le añade el aumento previsto del 1,5% en el número de ocupados en el sector público y otro 1% adicional por el deslizamiento salarial, según cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Todo lo anterior conllevaría un incremento de la remuneración de asalariados del 5%, lo que implicaría un crecimiento conjunto del gasto de casi 8.200 millones.
En el Instituto prevén además un aumento de otros 3.700 millones en el pago anual de intereses de la deuda, que ya ascendió a 35.967 millones el año pasado. A todo lo anterior se suma la prórroga de las medidas contra la crisis energética y el conflicto en Ucrania, que tendrá un impacto estimado este año de unos 4.000 millones, de los cuales algo más de 1.950 millones son medidas de gasto (bonificaciones al carburante, ayudas sectoriales y resto de ayudas a particulares).
Un aumento total del gasto de al menos 35.400 millones de euros
Los desembolsos extra en pensiones, sueldo de los funcionarios, pago del desempleo, intereses de la deuda y del 'escudo social' implicarían un aumento del gasto de unos 35.400 millones si todo el resto de elementos se mantuviesen estables. Al mismo tiempo los ingresos públicos se incrementarán este año un 6,2%, en alrededor de 38.000 millones. Lo anterior, unido al déficit final del pasado ejercicio (53.159 millones) implicaría que el desfase previsto rondaría los 50.500 millones este año.
Pese a todo, en el IEE inciden en que estas cifras están sujetas a una notable incertidumbre, dado que no pueden descartarse algunos ajustes presupuestarios en partidas dirigidas a inversión, subvenciones o formación bruta de capital, en las que la ejecución presupuestaria tiende a ser inferior a la inicialmente prevista. A la vez, tampoco descartan que el Gobierno adopte nuevas medidas de gasto por la vía de los reales decretos leyes.
En el IEE lamentan que el Ejecutivo haya renunciado a ejercer su responsabilidad presupuestaria este año y entienden que las cuentas prorrogadas no reflejan la voluntad de las actuales Cortes Generales, sino las de la anterior legislatura, cuya composición fue modificada sustancialmente en las últimas elecciones generales. "El Gobierno ha renunciado a ejercer la iniciativa presupuestaria por motivos políticos, dada la dificultad para poder alcanzar acuerdos necesarios en un parlamento fragmentado, y por la próxima celebración de distintos comicios autonómicos que condicionarían dichos acuerdos", sentencia el informe.
