Los primeros espadas de las organizaciones empresariales y sindicales han lanzado un claro mensaje al Gobierno: la segunda parte de la reforma del sistema público de las pensiones va a ser mucho más difícil de cerrar que la primera. En un acto encabezado por Pedro Sánchez, tanto la CEOE como CCOO y UGT han advertido al presidente de que, una vez alcanzado un primer acuerdo en esta materia en la mesa de diálogo social, las negociaciones para un nuevo paquete de medidas se auguran harto complejas.
El lugar elegido no ha sido casual. Hace ahora justo un año, el presidente del Gobierno convocaba un acto con una puesta en escena calcada, también en los jardines del Palacio de la Moncloa, para rubricar con los agentes sociales el que sería el primer gran acuerdo marco en materia de empleo. En aquel documento se hablaba de llegar a "acuerdos amplios de país" de cara a la elaboración del Plan de Recuperación que daría acceso al fondo europeo, vital para apuntalar el proceso de salida de la crisis provocada por la Covid.
Y es que el consenso social es tanto una seña de identidad del Gobierno de coalición como una exigencia de Bruselas para las reformas más sensibles (a saber, la del mercado laboral y la del sistema público de las pensiones), de ahí que Sánchez haya querido destacar este primer acuerdo con la celebración de un acto solemne para rubricar junto a los agentes sociales lo que ha definido como "el primer hito importante de la legislatura". "El primero de muchos", ha enfatizado, con la vista puesta en los meses venideros y también en el próximo año.
El presidente se ha mostrado optimista respecto a seguir alcanzando acuerdos con la patronal y los sindicatos -van diez, con el sellado hoy en La Moncloa- si bien los interlocutores han puesto pie en pared. El primero en hacerlo ha sido el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien ha advertido de que las negociaciones para la segunda parte de la reforma de las pensiones no van a ser sencillas ni por la parte empresarial ni por la sindical. Acto seguido, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha coincidido en que los siguientes pasos "van a ser complicados para todos". Y el líder de CCOO, Unai Sordo, ha calificado la negociación como "bien compleja".
Hay que recordar que, en este primer gran acuerdo en pensiones, el Ministerio de Inclusión ha pactado con los agentes sociales solo una parte de las medidas comprometidas con la Comisión Europea (en concreto, cuatro puntos), para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, acercar la edad real de jubilación a la edad legal, fortalecer la estructura de ingresos del sistema con transferencias del Estado y sustituir el Factor de Sostenibilidad por un nuevo mecanismo de "equidad intergeneracional". Pero el grueso de la reforma para apuntalar los ingresos del sistema (la cotización por ingresos reales de los autónomos, el aumento del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión o el incremento de las bases máximas de cotización, entre otras medidas), han quedado para futuras negociaciones.
Se trata, no en vano, de los aspectos más polémicos de la reforma, que el ministro José Luis Escrivá se ha visto obligado a ir aparcando a medida que iba constatando la imposibilidad de acordarlos en la mesa, semana tras semana. De ahí que tanto la patronal como los sindicatos hayan puesto el foco este jueves, precisamente, en las dificultades que se van a plantear en la segunda fase de las negociaciones. Aunque, eso sí, todos han mostrado su predisposición a discutir los temas con el Gobierno y Sánchez ha incidido en que "pese a la complejidad" a la que han aludido Garamendi, Sordo y Álvarez, es importante reivindicar "la voluntad que han manifestado los agentes sociales para seguir negociando".
Con todo, los primeros roces de cara a la segunda parte de la reforma se han hecho evidentes ya en los discursos de este jueves. Mientras los sindicatos han destacado la importancia de la derogación del Factor de Sostenibilidad (el mecanismo que introdujo la reforma de 2013 para ligar la cuantía de la pensión a la esperanza de vida), el presidente de la CEOE ha asegurado que, en el acuerdo alcanzado, "se sigue manteniendo Factor de Sostenibilidad", que ha definido como "fundamental". En este sentido, Garamendi ha recordado que los agentes sociales se han dado un plazo (hasta el 15 de noviembre) para pactar el diseño de un nuevo mecanismo y, si no se logra, el Gobierno se ha comprometido a implementarlo porque así lo exige Bruselas.
Sobre la primera parte de la reforma, que previsiblemente irá al Consejo de Ministros la próxima semana, el presidente del Gobierno ha asegurado que va a marcar "un antes y un después" en el sistema público de pensiones. Según ha destacado, las medidas que se pondrán en marcha a partir del 1 de enero de 2022 aportan "confianza" y "estabilidad" a los pensionistas de hoy y del mañana. Además de garantizar el poder adquisitivo de los jubilados, Sánchez ha afirmado que la reforma asegura la sostenibilidad financiera del sistema, fortaleciendo la estructura de ingresos, especialmente a través de la culminación del principio separación de fuentes y la aportación de unos 22.000 millones de euros anuales de los Presupuestos Generales del Estado.
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