Ribera cifra en 16.300 millones el Perte de renovables y prevé 280.000 empleos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA), que contará con un presupuesto de 6.920 millones de euros y prevé recibir 9.450 millones en inversión privada, lo que eleva la movilización total de fondos a 16.300 millones. El hidórgeno verde se llevará la mayor parte del presupuesto, como adelantó La Información. Así lo aseguró la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien aseguró que el Perte tendrá un impacto en el PIB superior a 12.300 millones y un Valor Añadido Bruto (VAB) de casi 11.000 millones, además de generar 280.000 empleos directos e indirectos. 

Para ello, el Ejecutivo contempla dos ámbitos de inversión: las medidas transformadoras del Perte, que estarán dotadas con 3.558 millones de euros y movilizarán 5.390 millones de inversión privada; y 17 medidas facilitadoras destinadas a “generar un entorno propicio” para la materialización del Perte, que contarán con 3.362 millones de euros en inversión pública y 4.060 millones procedentes del sector privado. El grueso de las líneas de ayuda y actuaciones de apoyo del Perte estarán disponibles entre 2022 y 2023, y los proyectos beneficiarios se ejecutarán hasta 2026.

“Es importante dedicar recursos a la transformación de nuestro sistema energético y, en particular, cuando observamos la enorme volatilidad de los precios en estos momentos. Sabemos que la mejor receta es, precisamente, acelerar la transformación del sistema, impulsando ahorro, eficiencia, renovable y electrificación. Necesitamos reducir nuestra dependencia del exterior en términos de combustibles”, afirmó Ribera. El objetivo final del Perte es desarrollar tecnología, conocimiento, capacidades industriales y nuevos modelos de negocio que “refuercen la posición del liderazgo del país en el campo de las energías limpias”. En este sentido, Ribera defendió que España dispone de una “poderosa” cadena de valor industrial en la tecnología fotovoltaica, donde produce el 60% de los componentes, y en la eólica, donde fabrica el 90% de los equipos y es el tercer país de la Unión Europea en I+D.

En cuanto a los detalles del Perte, el hidrógeno verde se llevará la mayor parte del pastel del presupuesto, con 1.555 millones de euros, a los que hay que sumarle una inversión privada estimada de 2.800 millones. Con ello, el Gobierno se marca como objetivo alcanzar 4 gigavatios (GW) de capacidad de producción en 2030, un 10% del total de la Unión Europea. Entre las medidas recogidas en esta línea de inversión, el Ministerio de Transición Ecológica subvencionará las aplicaciones en el transporte pesado –embarcaciones, ferrocarriles, camiones y autobuses– y los proyectos de electrolizadores de gran escala, además de impulsar los clústeres de hidrógeno renovable para desplazar el hidrógeno procedente de fuentes fósiles.

Por otro lado, el Gobierno prevé que las energías renovables innovadoras movilizarán 765 millones en inversión pública y 1.600 millones en privada. Según el Ejecutivo, estos fondos “recalarán” en los proyectos singulares y de innovación, y el refuerzo de la capacidad de fabricación de equipos y componentes asociados a las renovables. Esta inversión público-privada también afrontará la sustitución de aerogeneradores antiguos por máquinas nuevas, el desarrollo del biogás a partir de cualquier actividad agropecuaria o de valorización de residuos, y el despliegue de las renovables en las aguas continentales.

Por su parte, el monto de ayudas a las medidas orientadas al almacenamiento de energía renovable, flexibilidad y nuevos modelos de negocio ascenderá a 620 millones públicos, que permitirán canalizar 990 millones privados. El Gobierno prevé destinar estos fondos para subvencionará iniciativas de I+D de almacenamiento de tecnologías inmaduras, fomentar modelos de negocio como la agregación de demanda o la gestión inteligente de datos, y desplegar de sistemas de almacenamiento, independientes o hibridados en instalaciones de renovables. Por último, el Ejecutivo destinará 588 millones de euros al sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, y otros 30 millones a la “transición justa”.

Respecto al segundo paquete, el Perte contempla 17 medidas facilitadoras en las que también participarán los ministerios de Industria, Comercio y Turismo; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Educación y Formación Profesional, y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El objetivo de esta línea de inversión es “generar un entorno propicio para la materialización del Perte”, con medidas orientadas a mejorar el ámbito laboral, el despliegue del autoconsumo en empresas que provoque efecto tractor sobre la cadena de valor de la tecnología o la movilidad con gases de origen renovable.

En concreto, el Gobierno destinará 2.245 millones de euros a las reformas que impulsen la transición ecológica, con las que prevé movilizar 2.303 millones adicionales en inversión privada; 541 millones a las reformas enmarcadas en el ámbito tecnológico y digital, que recibirían hasta 1.614 millones privados adicionales; 80 millones a la movilidad con gases renovables, a los que habría que sumarle hasta 143 millones del sector privado, y 496 millones para la capacitación, formación profesional y empleo.

El Perte también introduce un sistema de clasificación, seguimiento y etiquetado para proyectos integrales que combinen distintas actuaciones e instrumentos del Plan de Recuperación, que les aportará visibilidad para clientes y proyectos nacionales e internacionales. Este sello de reconocimiento, bautizado como ‘Energía NextGen’, se otorgará mediante convocatorias de concurrencia competitiva para seleccionar los mejores proyectos.

Las convocatorias compartirán unos criterios de selección comunes que tendrán en cuenta la participación de pymes, el impacto sobre la cohesión territorial o la transición justa, la creación de empleo o la innovación. Según Transición Ecológica, tendrá prioridad la inversión a corto plazo que sea compatible con la consecución de las metas fijadas a medio y largo plazo.