Jueves, 12.12.2019 - 23:44 h
Lucha contra el fraude laboral

El 'plan Valerio' para reforzar Inspección de Trabajo encalla por falta de opositores

El Ministerio sólo logra cubrir 34 de las 96 nuevas plazas de inspectores que convocó en octubre de 2018. Tampoco se cubrieron las de subinspectores.

Gráfico convocatoria inspectores de trabajo 2018.

Aumentar en una cuarta parte una plantilla que ya el pasado mes de julio alcanzó su máximo histórico con 2.055 efectivos. Ése es el reto que se planteó la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, al poco de llegar al cargo para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Convertida desde el minuto uno en un instrumento clave de la política laboral del Gobierno de Pedro Sánchez para el desarrollo de sus actuaciones más emblemáticas -el Plan por el Empleo Digno, en un primer momento, y la implantación del Registro de Jornada y de las medidas de igualdad en las empresas, en segunda instancia-, el Ejecutivo visibilizó su apuesta por la Inspección de Trabajo convocando el pasado mes de octubre la mayor oferta de empleo que se recuerda para la institución: 96 nuevas plazas de inspectores de trabajo y 237 de subinspectores de las áreas de Empleo y Seguridad Social, por un lado, y de Seguridad Laboral, por el otro.

La hoja de ruta estaba clara: reforzar la dotación de medios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para intensificar la lucha contra el fraude laboral, que se ha convertido en una de las banderas de la gestión de Magdalena Valerio al frente de Trabajo gracias a las decididas actuaciones contra el fraude estacional, la precariedad laboral (temporales y jornadas partidas), los 'riders', los falsos autónomos y los falsos cooperativistas.

Las aspiraciones de Valerio, bien recibidas por un colectivo que lleva años quejándose de falta de medios y de falta de incentivos, se han tropezado con la cruda realidad. De las 333 plazas sacadas a concurso en la histórica oferta de empleo para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social convocada el pasado mes de octubre por el Ministerio de Trabajo al calor del lanzamiento del plan de choque gubernamental contra la precariedad laboral, sólo han podido cubrirse 208, es decir, algo menos de dos tercios. La situación ha sido especialmente dramática en el concurso de plazas para inspectores de Trabajo y Seguridad Social, donde de las 96 plazas convocadas apenas se han cubierto un tercio, 34.

Un fiasco sobre el papel... pero una prueba de normalidad histórica a la luz de los datos. En la última década, ninguna convocatoria logró jamás dar cobertura a todos los puestos de inspector de Trabajo sacados a concurso. De las 389 plazas de inspectores convocadas desde 2009, más de 130 se han quedado sin cubrir. En este periodo, han sacado la oposición 265 aspirantes. Nunca se habían sacado tantas plazas como en octubre de 2018, pero el número de aprobados sí ha seguido una línea más o menos coherente: en 2015, 33 inspectores nuevos; en 2016, 42; en 2017, 43; y tras la oferta de empleo de 2018, 34. La distancia entre el objetivo y la realidad lo ha marcado más la ambición del convocante, que la realidad de los exámenes de acceso.

Para 2019, el Gobierno ha convocado 50 plazas, si bien solo 45 son para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social estatal, ya que las cinco restantes son para cubrir las necesidades de la Generalitat de Cataluña

Faltan incentivos para ser inspector de Trabajo

Ana Ercoreca, presidenta de la organización de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, que agrupa a los representantes de este cuerpo superior de la Administración del Estado, opina que detrás de este fiasco existen motivos estructurales que alejan al cuerpo de opositores de la carrera por hacerse inspector de Trabajo, una oposición dura que desemboca en un puesto de trabajo con un futuro desarrollo profesional muy restringido incierto, según sus propios miembros.

"Los opositores prefieren hacer la oposición de técnico de Inspección de la Seguridad Social -subinspectores- porque el acceso no es tan complicado y las condiciones profesionales no varían demasiado", subraya la presidenta del colectivo de inspectores de trabajo. En ese segmento tampoco se cubrieron las 237 plazas que Trabajo sacó a concurso en 2018, pero el porcentaje de vacantes fue claramente inferior, de menos de un tercio del conjunto. Aprobaron 174 aspirantes.

Al parecer, los inspectores de Trabajo entran en un nivel profesional que está un escalón por debajo de lo que les corresponde por las funciones que desempeñan, lo cual tiene un correlato salarial que les perjudica. La Administración ha reconocido tácitamente que esto es así, pero obliga a los nuevos inspectores a exigir por la vía administrativa esa promoción para hacerla efectiva. Muchos no lo hacen y eso genera situaciones de compañeros de carrera que tienen condiciones salariales diferentes haciendo el mismo trabajo sólo en función de que hayan reclamado su promoción en la vía contenciosa o no. 

Ana Ercoreca asegura que todo esto lo saben los opositores y por ello renuncian al esfuerzo de optar a hacerse inspectores para apostar por un opción más sencilla, porque la ganancia por lo contrario es mínima. "Estamos, básicamente, con las mismas condiciones de hace una década", asegura. Según los datos que maneja el colectivo, a esta última oposición apenas se presentaron cinco candidatos por puesto, lo que parece un indicio del escaso atractivo de esa carrera administrativa.

Otro factor estructural es el déficit general de opositores que está sufriendo la Administración. El Ministerio de Trabajo también ha debido entenderlo así porque se ha sumado al 'road show' ideado desde el Ministerio de Función Pública por universidades, centros de enseñanza superiores y colegios profesionales para tratar de animar a los jóvenes para que opten a convertirse en funcionarios del Ministerio y captar nuevos talentos para la Inspección de Trabajo.

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