Que las ayudas públicas a empresas tras la crisis del coronavirus vayan a parar solo a las empresas que tengan planes para la transición ecológica. Esa es la base de la última propuesta de Unidas Podemos para acometer el rescate de las numerosas firmas golpeadas por la pandemia, en la que se insta a que solo se beneficien de las ayudas públicas aquellas compañías que den un giro a un modelo productivo que sirva para mitigar el calentamiento global y respetar el medio ambiente. Una iniciativa que los morados justifican con la advertencia que ha supuesto esta pandemia, que ha evidenciado el "vínculo entre la salud de las personas, los animales y los ecosistemas". Y que surge cuando se da por hecho que miles de firmas necesitarán ese oxígeno del Estado en forma de liquidez para salir adelante.
Según explica la formación que parte del Gobierno en una Proposición No de Ley (PNL) registrada en el Congreso, la crisis sanitaria de la Covid-19 "está directamente vinculada a una crisis de la salud del planeta y de pérdida de biodiversidad". Por eso consideran imprescindible que se aproveche esta circunstancia para dar "impulso a un nuevo modelo en el que se promuevan políticas verdes que generen empleo en un escenario donde la sostenibilidad sea un objetivo prioritario". Fórmula que, según el criterio de la confluencia, solo pueden cumplir aquellas compañías que ya estén preparadas para adaptarse a la economía verde o que diseñen planes en los próximos años para incorporarse a esa nueva realidad. Políticas que, de aplicarse, tendría que diseñar el Ministerio de Transición Ecológica que lidera la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera.
En concreto, Unidas Podemos reclama que se ponga como condición al sector privado "reorientar la producción a criterios que fomenten una transición ecológica justa" para poder tener acceso a los "fondos de estímulo y rescate desde la Administración general del Estado". Lo que obligaría a todos los sectores económicos golpeados a 'ponerse las pilas' para cumplir con esas exigencias para tener un respaldo desde el Estado. Incluso aun estando en situaciones económicas muy delicadas por la paralización de la economía que ha provocado el virus. Y en un momento donde miles de firmas no tienen recursos suficientes como para reabrir en las condiciones previas a las del confinamiento. "Es fundamental entender los procesos que pueden originar esta y otras epidemias globales que nos han afectado en los últimos años", inciden los morados.
Lo que no indica la PNL es cuánto tiempo tendrían esas compañías para reorientar sus estrategias y adaptarse a esos posibles requisitos que quieren instaurar desde Unidas Podemos. Tampoco está claro si ser consecuente con la transición ecológica sería una exigencia para todas las ayudas existentes y que se creen en el futuro, incluyendo así las que sean específicas por el coronavirus, o si estas últimas no se vincularían a esta medida por ser específicas de la pandemia. Fuentes del grupo parlamentario de los morados explican que se trata de un "proceso" y que el calendario para decidir si se da una tregua más larga o más corta para cumplir este planteamiento "dependerá también de los plazos que se establezcan para las ayudas europeas".
Reforma fiscal verde y 'captar' inversores
En el resto de su propuesta, el grupo confederal insta a que se lleve a cabo una "reforma fiscal verde" en la que se premie la "inversión en actuaciones que contribuyan a alcanzar los objetivos medioambientales" de los planes estatales autonómicos. Entre los ámbitos a favorecer están los de gestión forestal, la mitigación del cambio climático, la economía circular, la biodiversidad, las renovables o el uso de madera estructural para la construcción. Además, pide establecer un "indicativo público de sostenibilidad para inversores", que esté basado en esas estrategias verdes, y que sea una herramienta más para decidir qué inversiones son sostenibles y más atractivas con dichos principios.
La inversión pública es otra de las prioridades de la propuesta, firmada por los diputados Juan López de Uralde y Txema Guijarro, al establecer que crezcan los fondos para luchar "contra la emergencia climática y en favor de la biodiversidad". Lo que tendría que atenerse a "criterios ecológicos, económicos y de salud pública". Cuestión en la que se recomienda implicar a "parte del sector privado", que además de cumplir con los requisitos para las ayudas públicas podría tener que comprometerse a destinar partidas de sus presupuestos a esos objetivos en favor del medio ambiente.
Todas estas cuestiones han sido trasladadas a la Comisión del Congreso especializada en Transición Ecológica. Un órgano que ya tiene en sus manos el anteproyecto de la Ley de Cambio Climático aprobado por el Consejo de Ministros. En el que se propone "llevar a cabo un proceso de aprendizaje" para anticipar situaciones "arriesgadas para la economía española y sus empresas". Todo con el fin de "favorecer la aplicación progresiva y sofisticada de criterios de responsabilidad en materia de clima". Un texto en el que ya se recogía que hubiera "compromisos" de transición justa por parte las compañías beneficiarias de medidas de apoyo para este estrategia verde. Lo que implicaría modernizar la actividad económica e incorporar a trabajadores afectados por ese cambio a un modelo más sostenible.
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