El Gobierno ha dado luz verde a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Comienza una andadura que, en el mejor de los casos, llegará hasta fin de año. La tramitación de la norma que el presidente Pedro Sánchez presentó como uno de los ejes de su acción de Gobierno será complicada. El proyecto de ley abre al menos tres frentes de polémica: con la industria del automóvil por la prohibición de vender nuevos coches con motor de combustión a partir de 2040; con las comunidades autónomas por sus competencias en edificación y transporte, los sectores clave para reducir emisiones; y con las empresas que transportan y distribuyen electricidad y gas porque la norma estrecha el control sobre sus operaciones.
El presidente de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, Juantxo López de Uralde (UP) prevé una tramitación de la Ley compleja, con enmiendas numerosas y debate intenso dado que hay formaciones políticas que, directamente, niegan que exista el cambio que justifica la ley. "Como pronto" asegura López de Uralde y en función de lo que pemita el combate a la Covid-19 "la tramitación se extenderá hasta fin de año".
Uno de los puntos de debate más intenso será el relacionado con la industria del automóvil y el vehículo eléctrico. El presidente de la petrolera Repsol, Antonio Brufau, reclamó en su discurso en la junta de accionistas "la puesta en marcha" de un Plan Renove "focalizado en el tipo y gamas de vehículo que más se fabrican en España, convencionales e híbridos". Pero los planes del Gobierno, a tenor de las ideas adelantadas por la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, en encuentros con la asociación de empresas AEDIVE, se centran más en volcar esfuerzos y ayudas en el vehículo eléctrico.
La voz más alta
"La industria del automóvil es la que más alza la voz; va a ser un tema difícil y duro", señala López de Uralde. La disyuntiva es: ¿subvenciones para todos o ayudas que faciliten el objetivo final de la ley?. Ningún coche contaminante debe circular a partir de 2050 y todos los nuevos que se vendan a partir de 2040 deberán ser eléctricos. La Fundación Renovables, que critica el proyecto de ley por rebajar los objetivos contemplados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) recién enviado a Bruselas considera, sin embargo, que en lo referido al automóvil, no cabe polémica. Simplemente, el proyecto de ley se ajusta a los planes de Bruselas.
La ley abre otro frente de potencial enfrentamiento con las empresas de electricidad y de gas. Refuerza el control contable de las empresas que gestionan el grueso de las redes de distribución - Red Eléctrica de España (REE) y Enagás- pero también acentúa la separación de actividades en el resto de las compañías del sector. La intención es blindar las murallas chinas en el seno de las sociedades y vigilar de forma estrecha que el dinero que reciben de la caja común por prestar sus servicios no financian aventuras empresariales arriegadas en pos de un mayor beneficio.
El proyecto de ley sigue el camino abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en los últimos meses de estrechar la vigilancia sobre las compañías que reciben dinero del Estado. Se trata de evitar que la presión de los fondos que han invertido en redes de electricidad y de gas empuje hacia aventuras inciertas. La vigilancia de la CNMC acabó en expediente en el caso de la compañíade gas Nortegas. En los análisis de la CNMC y del Gobierno pesan las últimas operaciones llevadas a cabo tanto por Red Eléctrica -Hispasat y compra de la brasileña Argo-como por Enagás con la compra de la estadounidense Tallgrass.
Sectores difusos
Los frentes de polémica no se agotan en el área de las empresas. Para lograr los objetivos de reducción de emisiones previstos -23% de recorte respecto al nivel de 1990- hay que actuar en los llamados sectores difusos, el transporte y la edificación. Son los que generan la mayor parte de las emisiones y sin control. El proyecto prevé zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes.
Hay un problema. España es un país descentralizado en el que las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen competencias amplias en urbanismo y transportes. En elpasado, El País Vasco, Cataluña y Baleares han legislado sobre cuestiones medioambientales y de energía yendo incluso más allá que el Gobierno central, entonces en manos del PP. Hubo roces con algunas comunidades autónomas y la historia puede repetirse con Gobiernos de comunidades de distinto signo político.
Elmarco no hace el cuadro. La realidad es muy compleja. Un ejemplo: la nueva ley prohíbe la extracción de hidrocarburos con el polémico sistema del fracking, pero hace seis meses la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) logró del Ministerio de Transición Ecológica el permiso para explorar en Subijana (Álava), una bolsa de gas que en su día se presentó como el paso a la autosuficiencia energética del País Vasco durante 60 años.
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