En 1997 Rodrigo Rato, entonces flamante vicepresidente económico del primer Gabinete Aznar, se vio ante la incómoda tesitura de decidir qué hacer para dar cobertura a la más que previsible insuficiencia de los ingresos por cotizaciones sociales para pagar la factura de las pensiones de los jubilados españoles en 1998. La solución que encontró fue habilitar a través de los Presupuestos Generales del Estado para 1998 un préstamo de más de 125.000 millones de pesetas (753,9 millones de euros) a la Seguridad Social para "garantizar el equilibrio presupuestario de las cuentas de la Seguridad Social". El artículo del proyecto presupuestario precisaba que el préstamo no devengaría intereses y que su cancelación tendría que producirse en un plazo máximo de diez años a contar desde el año 1999...
Tras una década de excedentes presupuestarios en las cuentas de la Seguridad Social y con el Fondo de Reserva - la popular y hoy casi extinta hucha de las pensiones- en máximos históricos, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió en 2008 retrasar la cancelación de esta deuda otros diez años más. Y así se ha llegado al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 que incluye una disposición en virtud de la cual el préstamo 'pintado' en su día por el equipo de Rodrigo Rato en un proyecto presupuestario del siglo pasado seguirá con vida, consignada como deuda pendiente de pago por parte de la Seguridad Social, hasta el año 2028 si el Pacto de Toledo no lo remedia.
No es la primera vez que ocurre. Los Presupuestos de 2017 ya retrasaron a 2027 la liquidación del primer préstamo de 935 millones de euros habilitado por el Gobierno de José María Aznar para hacer frente al desfase entre los ingresos y los gastos del sistema público de pensiones en el año 1997 y es de sobra conocido que la Seguridad Social mantiene desde los noventa una deuda histórica de 17.000 millones de euros con el Estado a cuenta de las inusuales operaciones contables que jalonaron el traspaso de las competencias en materia sanitaria a las comunidades autónomas. Una deuda, por cierto, que el Ministerio de Empleo ya ha asegurado que procedería condonar sin otras consideraciones.
La incontenible crecida de las deudas de la Seguridad Social
El asunto es que el desfase entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social, unido al agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, está obligando al Estado a liberar nuevas disposiciones de fondos para garantizar el pago de las pensiones del sistema público. Si en 2017 el Tesoro Público transfirió 10.192 millones de euros por este concepto, este año 2018 el Presupuesto ya ha previsto una bolsa de 15.164 millones de euros para cubrir las insuficiencias financieras que se pondrán de manifiesto en las cuentas de la Seguridad Social, tal y como había adelantado ya la ex secretaria general del Tesoro, Emma Navarro.
Préstamos a diez años y que no devengan intereses, pero que engordan las cuentas pendientes de la Seguridad Social con el Estado, pese a que el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, haya expresado en público su confianza en que se cancelarán en todo o, como mínimo, en parte y pese a los informes internos de la Seguridad Social que estiman en 72.000 millones de euros la deuda histórica del Estado con el sistema público de pensiones.
A la espera del Pacto de Toledo
El Gobierno, de momento, ha pasado la patata caliente de la liquidación de esta deuda histórica de la Seguridad Social con el Estado al Pacto de Toledo, que ha alcanzado un principio de acuerdo para incluir en sus recomendaciones una mención a la necesaria cancelación de las deudas pendientes de la Seguridad Social con el Estado.
Lo probable es que esta operación no salga gratis. La idea mayoritaria en el seno del Pacto de Toledo en emplear los 600 hospitales y centros de salud que constituyen el núcleo de la red hospitalaria hoy gestionada por los sistemas regionales de salud, pero que son propiedad de la Seguridad Social, para enjugar esa deuda histórica y dejar a cero el contador de endeudamiento de la Seguridad Social. La operación no es sencilla y requiere de un amplio consenso, que hoy es improbable ya que los partidos nacionalistas abogaban por la cesión gratuita por parte del Estado a las comunidades autónomas de ese patrimonio, algo que Hacienda no parece dispuesta a asumir.
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