Enfado mayúsculo en Hacienda

El PSOE busca un 'truco' parlamentario para abatir la enmienda del fondo Covid

Los socialistas exploran 'in extremis' la posibilidad de derribar en el Pleno la disposición que fuerza al Gobierno a constituir un fondo de 9.362 millones para cubrir gastos de las comunidades autónomas.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, en una sesión plenaria del Congreso de los Diputados, a 11 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). El Pleno del Congreso de los Diputados elige este jueves a los candidatos pactados por el PSOE y el PP para cubrir los puestos del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas que habían caducado, así como al nuevo Defensor del Pueblo, que llevaba pendiente de renovación desde julio de 2017.
11 NOVIEMBRE 2021;CONGRESO;DEFENSOR DEL PUEBLO;TRIBUNAL;CANDIDATOS;DIPUTADOS;PLENO
Alberto Ortega / Europa Press
11/11/2021
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Héctor Gómez.
Europa Press

El Grupo Parlamentario Socialista busca una solución 'in extremis' para impedir que la controvertida enmienda de JxCAT aprobada el pasado miércoles en la Comisión de Presupuestos con los votos favor del PP y Vox y que fuerza al Gobierno a dotar con 9.362 millones de euros una nueva partida presupuestaria a modo de'Fondo Covid' para cubrir gastos de las comunidades autónomas se incorpore al texto del proyecto presupuestario que se envíe al Senado en los próximos días. Fuentes parlamentarias aseguran que los socialistas están rastreando en el reglamento del Congreso un cauce que les permita abatir dicha enmienda en la votación plenaria y evitar que ese fondo se consolide en la legislación presupuestaria.

Tras consultar a los letrados del Congreso la alternativa que asoma como la más viable para que los socialistas deshagan el embrollo en el que se han metido, y que ha provocado el enfado mayúsculo de la ministra de Hacienda, según aseguran las fuentes consultadas, es la presentación de un voto particular en el Pleno del Congreso para solicitar la retirada de esa enmienda. La maniobra no tiene garantía de éxito ya que debe ser votado por todas las fuerzas parlamentarias y exigiría que algunos grupos modificaran el voto realizado en la Comisión de Presupuestos para que prosperara.

Consciente tal vez de ese riesgo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se apresuró este jueves a rechazar cualquier posibilidad de que este fondo acabe teniendo un reflejo real en los Presupuestos de 2022. La ministra argumenta que las enmiendas de presupuestos que suponen un nuevo gasto tienen que especificar su baja o contrapartida, es decir, que para asignar los fondos a un nuevo concepto tienen que retirarlo de otro que ya exista. Y al parecer resulta que en el caso de la enmienda de JxCAT, el programa que se da de baja no existe y la sección a la que se dirige  sólo dispone de los 7.000 millones de euros que van dirigidos a las comunidades autónomas como compensación por la liquidación negativa de 2020 y el cambio en la gestión del IVA de 2017.

"Ya eran recursos que se iban a las comunidades autónomas", ha resumido la ministra. Tanto Hacienda como el PSOE insistían este jueves en que se trata de una enmienda errónea, que nunca se debería haber debatido...pero que de momento está plenamente incorporada al texto. De hecho, esta enmienda ya no volverá a ser debatida ni votada por la vía ordinaria, de manera que la única forma de neutralizarla sería alguna maniobra en la votación plenaria como la que está explorando el Grupo Socialista o presentar una enmienda con ese fin en el Senado, lo que supondría que los Presupuestos tendrían que regresar de nuevo al Congreso, ya en los días de Navidad, explica la Agencia EFE.

Dudas sobre la inaplicación que proclama Montero

La ministra de Hacienda subraya su convicción de que aún en el caso de que la enmienda se incorporara a los Presupuestos fuera operativa, ya que entiende que no existiría crédito presupuestario que la respaldara. Pero no es la única opinión al respecto. Otras fuentes parlamentarias aseguran que ese Fondo Covid no es un crédito cualquier sino que se trata de una subvención presupuestaria, que reconoce un derecho adquirido por parte de las comunidades autónomas que estarían en todo su derecho de reclamar.

Tal vez el Gobierno pudiera esquivar la ejecución efectiva de los pagos previstos en ese Fondo, pero es más que probable que ese quiebro desencadenara más de una reclamación administrativa o en el peor de los casos judicial para exigir su cumplimiento, según las fuentes consultadas.

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