Madrid.- La Comisión de Economía y Hacienda de la Asamblea de Madrid ha aprobado hoy el dictamen sobre la reforma legal que permitirá abrir Caja Madrid a la participación privada, con los únicos votos a favor del PP y la abstención del PSOE e IU.
Dicha reforma supone adaptar la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid al Real Decreto-Ley de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros que aprobó el Gobierno en julio de 2010.
Los socialistas no la han apoyado porque el PP no ha aceptado ninguna de sus cinco enmiendas, según ha explicado su portavoz en la Comisión, Adolfo Piñedo, que ha dicho que espera que los populares "reflexionen de aquí hasta el jueves", cuando se ratificará la reforma en un pleno extraordinario.
Las enmiendas del grupo socialista son prácticamente las mismas que presentó cuando se modificó la Ley de Cajas en junio de 2009 (con el PSOE en contra y el PP e IU a favor), tras la firma del llamado "pacto de estabilidad" para Caja Madrid.
Algunas de ellas van dirigidas a aumentar la representatividad de los sindicatos, a matizar la de las universidades en función del número de alumnos, a que el Parlamento regional elija al 51% de los consejeros generales que representan a las entidades sociales y a que sea necesario el acuerdo de dos tercios del Consejo de Administración tanto para otorgar como para revocar los poderes ejecutivos al presidente de Caja Madrid.
El portavoz del PP, Pedro Muñoz, ha avanzado que no va a aceptar ninguna de las enmiendas de la oposición de cara al pleno y ha criticado que los socialistas "pretendan modificar cosas que ya se cerraron en su momento en la ley de la Comunidad de Madrid".
Además, ha señalado que no comparte la "obsesión del PSOE por dar mucha más representatividad a los sindicatos", y se ha mostrado convencido de que así "intenta favorecer a aquellos que considera que le pueden beneficiar de cara a sus cuotas de poder".
Respecto a las tres enmiendas de IU, el PP las ha rechazado con el argumento de que "no aportan nada a la ley" y "parten de una lectura equivocada de sus artículos".
El diputado Miguel Reneses (IU) ha opinado que, aunque la ley estatal es "impresentable", porque busca "bancarizar" y "privatizar" las cajas" y "se carga un modelo que ha funcionado 200 años con éxito", la trasposición de la Comunidad de Madrid "no empuja hacia dentro" y además "garantiza los acuerdos de estabilidad que tanto costó alcanzar hace unos meses".
El Real Decreto Ley de julio permite a las cajas de ahorros emitir cuotas participativas -similares a las acciones- con derechos políticos hasta un 50% de su patrimonio, lo que supone una privatización parcial.
El socialista Piñedo ha reconocido que le "hubiera gustado más la entrada de capital público" en las cajas, pero ha subrayado que el Estado está "para pocos trotes" y que, en el caso de algunas entidades, la alternativa a la capitalización sería el "cierre".
La norma estatal también establece que las administraciones públicas, entidades y corporaciones de derecho público no podrán superar el 40 por ciento de los derechos de voto en los órganos de gobierno de la caja y recoge la posibilidad de que estas entidades se transformen en una fundación especial cediendo todo su negocio a un banco en el que participen.
La adaptación que ha realizado el Gobierno de Esperanza Aguirre deja a los ayuntamientos con un 1,5% de representación en el Consejo de Administración de Caja Madrid, suprime el representante autonómico en la Comisión de Control, refuerza el papel de los impositores y pone la Obra Social bajo protectorado de la Comunidad.
El dictamen se ha aprobado con dos enmiendas del PP, una de ellas para expresar con mayor claridad que la decisión de Caja Madrid de transformarse en fundación especial "exigirá autorización previa del Gobierno de la Comunidad de Madrid".
La otra incluye una disposición final que modifica la 'ley antibotellón' para que los ayuntamientos puedan decidir en qué zonas pueden vender bebidas alcohólicas las llamadas tiendas de conveniencia en horario nocturno.
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